El fin de una época en la política de drogas
¿Por qué, a pesar de una política agresiva y continuada durante varias décadas, la disponibilidad de las drogas más dañinas no ha hecho más que crecer, al tiempo que las organizaciones criminales dedicadas a su producción y comercio se han vuelto cada vez más violentas y poderosas?
Esta pregunta merece una reflexión sincera que habría de comenzar por asumir la derrota de los gobiernos en la guerra contra las drogas que diera inicio durante los años 70 del siglo pasado.
El fracaso comenzó con el uso demagógico de una metáfora muy desafortunada. Objetivamente no se trató jamás de una guerra —en el sentido de oponer al Estado nacional frente a un enemigo extranjero— y tampoco tuvo como propósito sincero ir contra las drogas.
En todo caso, el fenómeno refleja una larga y sangrienta lucha por el control del mercado de las drogas, entre empresas criminales muy poderosas, donde las acciones del Estado han sido desastrosas.
A principios de este mes de diciembre la Comisión del Hemisferio Oeste para la Política de Drogas —una instancia creada por el Congreso de Estados Unidos para revisar la política dedicada a reducir el flujo de narcóticos ilegales y los daños asociados a las empresas delictivas en el continente americano— presentó un reporte que merece ser revisado con lupa.
Si bien abreva de reflexiones previas a propósito del fracaso de esta política continental, los planteamientos expuestos en el documento podrían significar un vuelco importante en las acciones del gobierno de Estados Unidos, el cual tendría a su vez implicaciones relevantes para México.
Este documento reconoce, de entrada, que la industria de las drogas ilegales ha evolucionado más rápido que cualquier esfuerzo emprendido por los países para contenerla. Los cárteles, en particular los de origen mexicano, se han coronado entre las organizaciones criminales trasnacionales más poderosas y violentas del mundo.
Además, las personas ubicadas en los márgenes de la sociedad y la economía son las principales víctimas, ya que es ahí donde se exhiben los estragos más graves en la salud y, al mismo tiempo, donde se victimiza con mayor rudeza a las poblaciones jóvenes.
Este documento no desatiende las recomendaciones a favor de la legalización, pero concluye que no se trata de una solución mágica para enfrentar tanto el abuso de las drogas como las consecuencias negativas de la política prohibicionista.
Advierte también contra la falsa dicotomía que coloca a la seguridad pública contra la salud pública. Es obvio que cualquier acción de futuro debe utilizar un balance adecuado de ambas herramientas, siempre y cuando se renuncie a criminalizar a las personas consumidoras y se obligue a la autoridad a tratar el abuso como una enfermedad en vez de perseguirle como delito.
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El reporte hace también énfasis en la urgencia por reforzar los mecanismos multinacionales responsables de combatir el lavado de dinero. En concreto, conmina al gobierno de Estados Unidos para que fortalezca las capacidades del Tesoro en la investigación de los flujos financieros ilegales.
Quizá la aportación más importante de este reporte —el componente más innovador— sea la iniciativa para que la política antinarcóticos recaiga en las manos del Departamento de Estado, es decir, en la instancia gubernamental responsable de conducir la política exterior.
El argumento detrás de esta recomendación reconoce la lógica global de las organizaciones criminales y por tanto asume que no es eficiente enfrentar el fenómeno únicamente desde una perspectiva de política interior.
Según la Comisión no debe seguir siendo el Departamento de Justicia, sino el Departamento de Estado quien se encargue de coordinar la política antinarcóticos, así como a las distintas agencias del gobierno involucradas en la tarea.
Esto querría decir, por ejemplo, que la Drug Enforcement Administration (DEA), debería abandonar su relación jerárquica con el Departamento de Justicia para pasar a depender del Departamento de Estado.
Afirman los congresistas responsables del documento que solo así el Departamento de Estado tendría capacidad, por un lado, de coordinar esfuerzos con los demás gobiernos de América Latina y, por el otro, de lograr una acción coherente entre las distintas agencias dedicadas a combatir el poderío creciente de las organizaciones trasnacionales más peligrosas.
El Departamento de Estado habría también de coordinar las tareas relacionadas con el combate al lavado de dinero, así como los esfuerzos para prevenir y atender a las víctimas del abuso de las drogas.
Esta propuesta tiene implicaciones grandes porque entrega a la diplomacia una responsabilidad que ha fracasado en manos de las fuerzas policiales.
Es muy probable que el nuevo gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, vaya a tomar estas recomendaciones muy en serio, y una vez que tal cosa ocurra será inevitable que tengan efectos en México.
Desde hace tiempo la política mexicana antinarcóticos la conducen las secretarías de la Defensa y Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
De su lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha jugado un papel muy secundario.
¿Qué sucederá cuando los socios del norte se reorganicen a partir del Departamento de Estado? Muy probablemente este hecho obligará a México a actuar en un sentido similar, entregando a la SRE mucha mayor responsabilidad en la materia.
Este movimiento no tendría buena recepción entre los mandos militares mexicanos, quienes llevan condiciendo una guerra sin sentido y sin resultados durante más de 15 años. Y, sin embargo, podría significar un cambio de raíz para resolver, de manera coherente y coordinada, uno de los peores males de nuestra época: la violencia provocada por las organizaciones criminales y por el abuso de las drogas.
@ricardomraphael