Sólo reciben "mentiras" de la CNDH y Encinas, acusan
Indígenas nahuas de 23 comunidades de la Montaña Baja de Guerrero han conformado policías comunitarias debido a los embates de grupos de la delincuencia organizada.Foto Jorge López Juárez
Chilapa de Álvarez, Gro., Viudas y huérfanos de ocho de 23 comunidades de este municipio indígena cuyos familiares fueron asesinados en los dos años recientes exigieron justicia a representantes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) y a la Fiscalía General de la República (FGR).
Cerca de 400 nahuas que integran el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), apoyados por la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), se reunieron ayer en el poblado de Alcozacán con el titular de la Coddehum, Ramón Navarrete Magdaleno, y el delegado de la FGR, Fernando García.
Ante ellos, denunciaron que desde hace dos años han sido ultimados 28 pobladores, tres permanecen desaparecidos y varios han resultado heridos en distintas agresiones; de ello responsabilizaron al grupo delincuencial Los Ardillos, que opera en esta región de la Montaña Baja de Guerrero.
En la reunión, los indígenas reprocharon que el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, no han cumplido los acuerdos firmados el pasado 28 de septiembre, que incluían el desarme de Los Ardillos, iniciar una investigación al alcalde priísta de Chilapa, Jesús Parra García, por el apoyo que, aseguran, otorga a esa organización delictiva, y justicia para los nahuas caídos.
El 19 de diciembre fueron torturados y ejecutados cuatro activistas indígenas, dos mujeres y dos hombres, en la carretera federal Chilapa-Tlapa, en el punto conocido como La Herradura, en el vecino municipio de Atlixtac.
Este domingo, con un retraso de dos horas, arribó a Alcozacán, la comitiva de la Coddehum y la FGR. Los nahuas los recibieron de manera cortés, incluso con aplausos.
En seguida se instaló la mesa de negociación, vigilada por unos 70 policías comunitarios que portaban sus escopetas reglamentarias. Viudas y viudos compartieron desgarradores testimonios.
El presidente de la Coddehum, Ramón Navarrete, escuchó los reproches al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y a la titular de la CNDH, María del Rosario Piedra. "Solamente nos han traído mentiras y engaños", se quejaron.
Entonces intervino el titular de la Coddehum, quien se comprometió a llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), siempre que pase primero por la Coddehum y luego por la CNDH, pues "se tiene que agotar este procedimiento", advirtió.
Navarrete también asumió el compromiso de que en una próxima reunión estará el alcalde priísta Jesús Parra García, a quien los ciudadanos de estos poblados acusan de apoyar y proteger a Los Ardillos.
Antes de la asamblea, una de las viudas de Alcozacán leyó un comunicado del Cipog-EZ y de la OCSS: "Nuestros pueblos están integrados en el Cipog-EZ y somos delegados del Congreso Nacional Indígena. Estamos aquí en plantón: las viudas, viudos, huérfanos, autoridades y pueblo en general exigimos que nuestras autoridades federales y los presentes nos escuchen".
Después enumeró las agresiones que han sufrido desde el 27 de enero de 2019, principalmente los habitantes de los poblados de Rincón de Chautla y Tula, municipio de Chilapa de Álvarez, pero también habitantes del municipio de José Joaquín de Herrera.
Recordaron que el secretario de Seguridad de Guerrero, David Portillo Menchaca, se comprometió a desmantelar a Los Ardillos, cuyos miembros, aseguraron, se encuentran instalados enfrente del poblado de Tula y otros en el crucero de Jagüey; "ellos son los que han estado masacrando".
Los nahuas advirtieron que en esas dos comunidades “el grupo criminal Los Ardillos ha querido exterminar a la población, sin importar si hay niños, mujeres y ancianos. Han masacrado a 28 de nuestros hermanos indígenas, mujeres y hombres, sólo de las comunidades aquí presentes”.
Aseveraron que "hay un sinfín de asesinatos, pero los familiares de las víctimas no denuncian porque temen que al día siguiente los maten". Asimismo, demandaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. "Queremos justicia, no despensas ni colchonetas".