Antes aun de asumirse, el 15 de mayo de 2013, como XII obispo de Cuernavaca, en Morelos, Ramón Castro Castro percibía ya que su estadía en la otrora pacífica Ciudad de la Eterna Primavera no sería en forma alguna un periodo sencillo ni exento de problemas. Más de una ocasión, preocupado, lo confió así a sus más cercanos… Hoy, luego de tres años escasos al frente de la singular diócesis que, en otro tiempo, albergó igual al polémico Sergio Méndez Arceo, el Obispo Rojo, que al sacrificado cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, asesinado hace más de 22 años en el aeropuerto de Guadalajara en el marco de un supuesto inverosímil enfrentamiento entre bandas del crimen organizado, la percepción del prelado es ya una certeza plena sustentada en múltiples evidencias... y motivo de honda preocupación para la jerarquía católica en su conjunto. Tan compleja y preocupante es la situación, valdría destacar que en un hecho inédito, un mes apenas después que el papa Francisco concluyó en Ciudad Juárez su histórica visita al país, la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (CEPS) hizo público un “urgente, enérgico llamado a las autoridades (federales y estatales) para atender los hechos violentos ocurridos en el Estado de Morelos…”, cerró filas con el obispo Castro y, de manera explícita, dejó pública constancia de (que) “nos preocupa su integridad y seguridad, así como la de su presbiterio, sus agentes de pastoral y su feligresía…”. Antes, la CEPS refiere a sucesos ocurridos en la parroquia-santuario de Tepalcingo, sede de un problema añejo por el manejo de recursos económicos en una feria bicentenaria, donde el tercer viernes de Cuaresma asisten múltiples peregrinaciones para honrar la imagen de Jesús Nazareno y que ahora fue ocupado por “un comité espurio, nombrado supuestamente por el pueblo y que ha querido apoderarse de la administración”. “El 4 de febrero —cita— el referido grupo se instaló en el atrio del templo impidiendo las actividades pastorales y culturales…(a lo que) siguieron días de tensión, ofensas y calumnias. Por escrito y verbalmente proferían amenazas contra el párroco”. Después, el domingo, los grupos parroquiales realizaron una marcha por la paz al término de la cual los desalojaron, para que, media hora después, los invasores regresaran acompañados por un grupo de ticuanes, danzantes enmascarados embriagados y (supuestamente) alterados por el consumo de enervantes que “irrumpieron violentamente en la casa parroquial con cadenas, palos, machetes, piedras y armas, golpeando a personas, destruyendo puertas, ventanas, baños y enseres propios de la casa habitada por dos sacerdotes”. “Quemaron la motocicleta del vicario, robaron 120 mil pesos, computadoras y todo cuanto tuvieron a su alcance. El Santísimo Sacramento fue derribado, pisoteado y profanado” ante agentes policiacos que sólo observaban. Ni la policía municipal, estatal ni federal hicieron algo por desalojar a los agresores que quedaron en posesión de casa y santuario. Y más: “El lunes 8 de febrero se presentó la demanda de los hechos al Ministerio Público y a la Procuraduría General de Justicia de Morelos (misma que) en ambas oficinas fue rechazada sin motivo o razón alguna”. Difícil realidad ésta, ante la cual la Conferencia Episcopal levanta la voz y exige respuestas inmediatas y claras. Más, cuando el hecho referido no es ni el primero ni (aparentemente será) el último de una suerte de “escalada contra la Iglesia” en Morelos…
