Un país en vilo constitucional
Está disponible desde ayer en su versión electrónica (Amazon, Kindle) el libro coordinado y escrito por María Amparo Casar y Saúl López Noriega, Los pendientes de la Suprema Corte (Ediciones Cal y Arena).
Es un libro dedicado a revisar el insólito momento constitucional que vive México. Lo insólito es esto: prácticamente todas las nuevas leyes emitidas durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido cuestionadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por distintas vías: mediante innumerables amparos, mediante controversias constitucionales o mediante acciones de inconstitucionalidad.
Prácticamente todas: la ley de austeridad republicana, la de remuneración de funcionarios públicos, la de extinción de dominio, la de delitos fiscales, la de prisión forzosa, la de las fuerzas armadas y la seguridad pública; la de la Guardia Nacional, la de registro de detenciones, la de uso de la fuerza pública.
La Corte no ha resuelto ninguno de los cuestionamientos mayores a las nuevas leyes de este gobierno, por lo que puede decirse que México tiene ahora un gobierno sujeto, literalmente, a revisión constitucional.
Las leyes promulgadas por el actual gobierno representan cambios sustantivos en la distribución de poderes y facultades del Estado. Tanto, que constituyen casi un cambio de régimen político. El rasgo fundamental de ese cambio es una ampliación sustantiva de las facultades del Poder Ejecutivo.
Si la Suprema Corte validara todas las leyes impugnadas, estaría dándole rango constitucional a una forma de hiperpresidencialismo similar al de los tiempos del PRI, aquel presidencialismo contra el que se rebeló la democracia mexicana.
Los pendientes de la Corte que se revisan en este libro fueron abordados por Casar, López Noriega y sus coautores, en una primera versión, en la revista Nexos del mes de agosto de 2020. Ya entonces parecía urgente que la Corte dejara atrás sus pendientes y definiera las reglas a que debe atenerse la nación.
Este sigue siendo el gran pendiente de la Corte en un país que está sujeto a querella constitucional. Los que hoy son “pendientes de la Corte”, deben volverse resoluciones, sentencias, piezas de certidumbre jurídica, no de la incertidumbre constitucional que son ahora.