Retiro de haber en el Tribunal Estatal Electoral
Sin hacer mucho ruido, casi como fantasmas, los integrantes del Tribunal Estatal Electoral en Morelos, decidieron realizar el año pasado una reforma al reglamento de ese órgano jurisdiccional, la cual tiene que ver con el hecho de prorrogar el periodo de quien funge como magistrado presidente del TEE, Carlos Alberto Puig Hernández, quien cómo estaba escrito en la Ley, tenía forzosamente que concluir su periodo en el mes de octubre del año 2019.
REFORMAS PARA BENEFICIARSE ECONÓMICAMENTE.- Sin embargo, y por situaciones misteriosas, extraordinarias, sus homólogos y él mismo, no tuvieron empacho en alargar su cargo hasta el próximo seis de febrero de este año 2021. Pero, ¿cuál fue el motivo para hacer esa reforma que para muchos es intrascendente? Bien, la decisión tiene dos importantes connotaciones. La primera, fue para ayudar a su secretaria general para que pueda ella jubilarse con el 75 % de antigüedad porque de no hacerlo, tendría que irse en octubre con el 70 %. Además, dice un dicho: “Piensa mal y acertaras”, y en este caso, cada que se retira un magistrado del Tribunal Estatal Electoral, se le otorga un haber de retiro, es decir, un apoyo económico por sus servicios prestados. Dicho privilegio, está considerado en un principio por la cantidad de $900 mil pesos.
Sin embargo, con esta reforma, aumentó en plena crisis financiera del órgano electoral a la nada despreciable cantidad de dos milloncitos de pesos. Por lo tanto, las dos magistrados Martha Elena Mejía e Ixel Mendoza Aragón, con una sonrisa, y mostrando su hermandad y solidaridad con su igual, decidieron votar a favor de esa propuesta. Hay quien dice que una de las dos magistradas se opuso, pero en realidad fue solo la finta, para tratar de darle mayor credibilidad a la susodicha reforma que nadie intentó frenarla, por aquello de que casi nadie se enteró porque casi la hicieron en la clandestinidad. Así que cuando salga el buen Carlos Alberto Puig Hernández en octubre próximo, se estará llevando sus dos millones de pesos del dinero del pueblo. Y como nadie dice nada, pues bienvenidos los cambios pese a la crisis en el TEE que en breve, solicitará al Congreso un presupuesto más elevado porque ya no les alcanza para sus actividades.
Y es que, sus acciones están de risa, porque el responsable de investigar, revisar, checar o supervisar este tipo de anomalías que las convierten en legales en plena época de austeridad, es el Contralor cuya figura está en la persona de Guillermo Mendizábal Guerra, quien tal parece solo está de adorno, en razón de que es su amigo cercano. El contralor, para quien no lo ubique, es un burócrata jubilado, quien fue Secretario de la Contraloría. Hoy en día ya tiene resuelta su vida económica pero aún sigue percibiendo un jugoso sueldo. Y con este tipo de reformas para autobeneficiarse, todos en el Tribunal Estatal Electoral, están contentos y en espera de que les llegue más presupuesto por parte de otros “angelitos” del Congreso del Estado.
EL OMBUDSMAN MORELENSE.- Antes de concluir Graco Ramírez su sexenio logró colocar a personajes en puestos claves, lo que le permitió blindarse para evitar que hasta el momento, luego de más de dos años las denuncias por las que fue acusado prácticamente prescribieron y en breve, estará libre de los señalamientos que pudieran intentar hacerle. Hoy, el ex gobernador puede reírse porque al final logró salirse con la suya y sus amigos, siguen en posiciones exclusivas desde donde sigue siendo protegido.
Un ejemplo de ello, fue el notario público número 13, Israel Hernández Cruz, quien sin tener experiencia en el ramo de los derechos humanos logró tener mayoría de votos -obvio, fue la propuesta de Graco-, para que los diputados de la actual legislatura lo designarán como el ombudsman por encima de las más de dos docenas de personajes de calidad y trayectoria, hombres y mujeres especialistas en el tema que no lograron superar en junio del 2019 a quien fuera director jurídico de la Secretaría de Gobierno durante la administración del perredista Graco Ramírez. Entre otras cosas, fue la división que había –y hay- en el Congreso lo que permitió que Raúl Israel Hernández Cruz se haya convertido en el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) por encima de los 22 aspirantes que lograron registrarse.
Quizá por eso, ha sido un fuerte crítico del sistema gubernamental actual, ha tenido encontronazos con el secretario general, Pablo Cárdenas, sin embargo, sus logros en la materia no han trascendido y por el contrario, ha sido señalado por su falta de avances y los excesos en materia de recursos económicos.
Sobre todo, por los señalamientos que se le han hecho a él y a su equipo de trabajo por percibir emolumentos ofensivos junto con sus gratificaciones que los hacen odiosos en estos tiempos de crisis financiera por la pandemia y la situación económica que atraviesa el país. Él ya lo desmintió, pero de forma escueta, argumentando que no gana los 102 mil sino 50 mil pesos mensuales.
Lo cierto, es que el jurista, Miguel Ángel Rosete Flores, fue severo en su crítica hacia el ombudsman, por aquello de que está mal utilizando los recursos con tantas necesidades que tiene la dependencia como para beneficiarse financieramente por sus ofensivos salarios. Sería sano, que de llegar a ser llamado a declarar por los diputados que requieren trabajar a marchas forzadas para atender los pendientes legislativos, entre sus prioridades, pongan en orden la situación de la CDHE y verifiquen, en efecto, si Hernández Cruz percibe más recursos que el gobernador o resuelvan el problema del porque se publicó las cifras en el periódico oficial Tierra y Libertad.
Más, porque no se indica que sea solo el presidente sino varios de sus trabajadores cercanos de la Comisión, como lo estipula el órgano oficial del gobierno del estado en su número 5899del 31 de diciembre del año 2020, en el que señala que el ombudsman Israel Hernández Cruz, tiene un sueldo mensual de $31,000, más $1,042.56 de despensa y una compensación de $70, 313.16 y hacen un ingreso neto cada 30 días que gana por la cantidad de $102,555.72 (Ciento dos mil quinientos cincuenta y cinco pesos con 72 centavos) y que se traducen al año en un millón 230 mil 660 pesos.
Independientemente de que la tabla refiere que el consejero jurídico, secretario técnico de vinculación interinstitucional, el secretario ejecutivo y la directora administrativa, perciben sueldos similares de 15 mil 794 pesos, les otorgan mil 402 pesos por despensa y una compensación por la cantidad de 61 mil 618 pesos por lo que su ingreso neto mensual es de 78 mil 455 pesos.
Asimismo, la misma gráfica del periódico, órgano de gobierno del estado, precisa que el director de quejas y orientación, el secretario interinstitucional, el secretario ejecutivo, la directora administrativa, el director de quejas y orientación, el titular de comunicación social, los visitadores itinerantes, regional oriente, sur poniente y regional de Yautepec, ganan 11 mil 241 pesos, les otorgan mil 42 por despensa y una compensación de 50 mil 536 pesos; por lo tanto, su ingreso neto al mes es por 62 mil 820 pesos.
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