Clímax del ruin cuento de Riobóo
De no ser José María Riobóo, el contratista que empujó la cancelación de las obras del nuevo aeropuerto en Texcoco, impulsor del cambio a la base militar aérea de Santa Lucía y autor del axioma “los aviones no chocan, automáticamente se repelen”, ¿quién más pudo inventar que el organismo de mayor prestigio internacional en aeronavegación hace recomendaciones a gusto de imaginarios “clientes” a cambio de sobornos?
El ingeniero mexicano Bernardo Lisker Melman (nieto de inmigrantes judíos), director del Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados para la Aviación de la Corporación Mitre, es el aludido ayer por el presidente López Obrador:
“¡Cómo estaba el nivel de descomposición, de corrupción, que corrompieron hasta a una institución de aviación que maneja todo lo relacionado con los espacios aéreos! Creo que se llama Mitre…”.
El mandatario hablaba de su vuelo inaugural a la nueva pista militar de Santa Lucía: “Esa institución de fama mundial, especializada, llegó a dictaminar que no se podía por interferencia aérea hacer el aeropuerto Felipe Ángeles. Ayer que fuimos se demostró que pueden manejarse tres aeropuertos al mismo tiempo: el ‘Felipe Ángeles’, el aeropuerto de la ciudad y el de Toluca, pero la corrupción se extendió a todos”, aseguró (en rigor, con el militar, no serán tres, sino cuatro aeropuertos).
Se infiere que la aseveración corresponde a una averiguación de la Fiscalía General de la República y la consecuente judicialización del caso, con la persecución y consignación de los probables delincuentes del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Mitre.
En noviembre de 2018 Riobóo declaró que la desaprobación al proyecto en la base militar era “un berrinche” del organismo, “que responde a sus antiguos patrones” (no aclaró si servidores públicos o a los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero, autores del proyecto en Texcoco).
Lo cierto es que Mitre, gestada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y con oficinas en Alemania, Japón, Holanda, Singapur y Reino Unido, es experta en seguridad y procesos aéreos; opera sin fines de lucro y asesora a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, cuyos sectores militar y civil siguen sus recomendaciones, y colabora con medio centenar de gobiernos, entre otros los de Canadá, Panamá, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Países Bajos, Italia, España, Suiza, Israel, Dubai, India, Taiwán, Australia, China, Corea y Japón.
Respecto a lo que opinó sobre el nuevo aeropuerto internacional, nunca dijo que hacerlo en Santa Lucía era inviable o que “no se podía por interferencia aérea”, sino que su actividad, en simultaneidad con el militar y los de Toluca y Benito Juárez, haría que los controladores ampliaran las distancias entre una aeronave y otra para evitar desgracias, con lo que podría restar su capacidad de operación.
Afirmar que por esa opinión sobornaron al ingeniero Lisker o a sus colaboradores en Mitre constituye una típica fake news.