En lugar de operativos aparatosos, debería dar resultados, apunta
Se usa esa dependencia para persecución política, dice el secretario
De acuerdo con el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdena la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) es utilizada para persecuciones políticas y para encubrir a exfuncionarios de la administración anterior acusados de desvío de recursos públicos.
Según el funcionario estatal el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, actúa bajo motivos políticos, esto, luego de que agentes de la FECC llegaron a Palacio de Gobierno a requerir información sobre su perfil administrativo.
Además lamentó la prepotencia de la Fiscalía Anticorrupción que utilizó 15 elementos para entregar un documento donde solicitaban información administrativa.
Para Ojeda Cárdenas “es peligroso” que se utilicen las instituciones con fines políticos en lugar de resolver homicidios, porque las Fiscalías “no son eficientes, no realizan trabajo de investigación y sólo reciben las denuncias pero no las resuelven”
Aunque negó que exista un enfrentamiento con los titulares de la Fiscalía Anticorrupción y la General del Estado, Juan Salazar y Uriel Carmona Gándara, pero expresó “es mejor que den resultados”.
Además acusó que los fiscales fueron colocados por el exgobernador Graco Ramírez para proteger a exservidores públicos acusados de presuntos actos de corrupción y por ello no han procedido contra ninguno de los exfuncionarios señalados de mal manejo de recursos.
“De los dos, el fiscal Anticorrupción que fue puesto para cubrir las espaldas a la administración anterior y que no ha avanzado en ninguna carpeta de investigación contra los actos que se cometieron en la anterior administración claro que es un escudo de protección de la administración anterior y el fiscal (Uriel Carmona) es amigo de ex gobernador (Graco Ramírez) lo hizo notario y fiscal por 9 años para cubrir la red de impunidad que se tejió en la anterior administración”, sostuvo.
Incluso aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) registra un nivel de impunidad del 99.6 por ciento, de acuerdo con datos de la organización Impunidad Cero.