Los delitos ambientales en México se mantienen en la impunidad debido a la falta de capacitación de las autoridades en la materia, así como por su incapacidad para ir tras las grandes organizaciones que explotan los recursos naturales de manera ilegal, poniendo en riesgo a los pobladores originarios
Los delitos ambientales permanecen impunes. Ya sean afectaciones contra la vegetación natural al cortar, arrancar, derribar o talar árboles, así como cambiar el uso del suelo forestal para explotación comercial sin permisos de la autoridad.
La Fiscalía General de la República (FGR) identifica en los últimos 10 años dos mil 031 denuncias por este tipo de acciones.
En materia de averiguaciones previas –así llamadas antes de la reforma al sistema de justicia–, de 2011 a 2016 se consideran mil 032 asuntos, hay registro de 941 carpetas de investigación iniciadas de 2015 a 2020, en tanto que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) complementa la información con un reporte de 58 expedientes.
Los datos no consideran todos los delitos sobre asuntos ambientales, ya que la gran mayoría los lleva la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La Fiscalía concentra aquellos en los que se presume la presencia de personas armadas, se configura presencia de delincuencia organizada u otros grupos.
El Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales de la Semarnat carece de información actualizada sobre delitos del año 2020, la cual se dará a conocer en abril de este año. Los informes de 2019 indican que hay identificadas 122 zonas críticas forestales por parte de la Profepa.
Esta Procuraduría reconoce que las actividades ilícitas en materia forestal más frecuentes son la tala ilegal y los cambios de uso de suelo sin autorización que han provocado “la deforestación de grandes superficies arboladas”.
Desde 2007, en México se implementó el programa “Cero Tolerancia a la Tala Clandestina”, con especial énfasis en Michoacán y el Estado de México, con el objetivo de reducir el impacto ambiental.
Ante las ganancias que genera la explotación de recursos naturales para la construcción o el cambio de uso de suelo, en donde empresarios se apoderan de territorios para el plantío de aguacate para exportar, por ejemplo, prefieren pagar las multas antes que detener el avance de sus proyectos.
Estos actos ilícitos se reportan en todos los estados del país y la tendencia se mantiene tras un año en que hubo menos presencia de actividad social debido al encierro por la pandemia de COVID-19.
Expertos consultados por Reporte Índigo consideran que en México los delitos ambientales se presentan en un contexto en el que los denunciantes corren riesgo de represalias y con una autoridad que actúa de manera deficiente.
Los pobladores saben y a veces les da miedo, tienen un temor fundado de denunciar directamente quiénes son los que están haciendo eso, aunque pueden aportar elementos
- Fabiola Vite
Coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero