A pesar que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no se reservaría información pública, el expediente del apagón ocurrido el pasado 28 de diciembre y que afectó a más de 10.3 millones de personas en 12 estados estará reservado por dos años.
En respuesta a una solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL y aun cuando se pidió una versión pública del expediente del apagón, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) justificó la clasificación al señalar que, a pesar que han pasado dos meses del hecho, aún no hay un dictamen final, por lo que entregar la información implicaría un daño al darse a conocer datos que todavía no son oficiales.
La institución argumentó que dar a conocer esta información podría incidir en la conclusión de este proceso y aseguró que “pudiera generar un movimiento o revuelta social, que pone en riesgo tanto el orden como la seguridad social.
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“Proporcionar la información o documentación que se solicita implicaría brindar datos e información que aún se encuentran en periodo deliberativo, es decir, que no ha concluido el proceso de investigación o se ha arribado al dictamen final, representando con ello proporcionar información inconclusa que de ser divulgada repercutiría en el proceso deliberativo mismo, ya que al contar con la información no conclusiva el solicitante pudiera llegar a reproducirla y con ello generar un movimiento o revuelta social que pone en riesgo tanto el orden como la seguridad social, mismos que forman parte del interés público, y que de igual forma pudieran, por presión social, influir en la conclusión del citado proceso deliberativo.
“Por otro lado, y que guarda estrecho vínculo con el interés público, el que se divulgue información que no es la final repercutiría en la posible inversión en esta empresa, que, como es de conocimiento público, tiene como finalidad la conducción de energía eléctrica, el cual, como se refirió, forma parte del interés general.
La CFE indicó que de otorgarse la información solicitada la colocaría en una posición de nula confiabilidad, y repercutiría en posibles inversiones a la empresa, lo cual, de manera directa, señaló, afecta al suministro y transmisión de energía eléctrica”.
Con base en estos argumentos, el Comité de Transparencia de la CFE determinó la reserva sobre estos documentos por dos años, por lo que será hasta el 23 de febrero de 2023 cuando se conozca qué pasó con el apagón del pasado 28 de diciembre.
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Antecedentes
A las 14:29 horas del 28 de diciembre de 2020 se produjo un apagón masivo en 12 estados del país que afectó a 10.3 millones de usuarios. En un primer comunicado, la CFE informó que la falla se produjo porque diversas centrales de generación de energía eléctrica dejaron de operar y ello provocó que dejara de enviarse energía al sistema de transmisión, que dejó de recibir 7 mil 500 megawatts.
“No hubo daños al sistema”, aseguró poco después Manuel Bartlett, titular de la CFE, junto con el director del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Carlos Gonzalo Meléndez.
Un día después, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador aseguró que esto no se volvería a repetir y destacó que se resolvió en dos horas; sin embargo, acusó que este hecho sería utilizado por aquellos que promueven la privatización de la CFE para asegurar que la institución no sirve.
“No se va a repetir, fue un desbalance de acuerdo con lo que expresaron los técnicos. Salieron de operación unas plantas y esto generó un descontrol en todo el sistema eléctrico porque está totalmente intercomunicado, es una red nacional (…) Afortunadamente, en muy poco tiempo, en dos horas, se restableció el servicio”, dijo.
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Un par de horas más tarde, la CFE acusó que un incendio “importante” en un pastizal de 30 hectáreas en Padilla, Tamaulipas, inició el desbalance que provocó el apagón, y presentó un oficio en el que supuestamente Protección Civil de Tamaulipas había consignado el hecho.
Sin embargo, de inmediato el coordinador estatal de Protección Civil de Tamaulipas, Pedro Granados, señaló que el oficio era apócrifo, porque esas firmas no correspondían a los funcionarios, no tenía sellos y el número de folio no era real.
Por la presentación de estos documentos falsos, el 3 de enero pasado el gobierno de Tamaulipas presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) una denuncia de hechos contra quien resulte responsable en la CFE, con fundamento en los artículos 221, 222, 223 y 224 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Dos días después, el 5 de enero, Manuel Bartlett admitió que el documento de Protección Civil de Tamaulipas que había presentado la CFE era falso, aunque detalló que el incendio que supuestamente puso en riesgo dos líneas de transmisión de energía sí ocurrió en pastizales de la entidad.
“Sí hubo un incendio, sí está demostrado, los elementos que tiene la CFE lo hacen patente. Vamos a buscar que ese tema del oficio se resuelva y se averigüe. Habrá responsables de ese documento apócrifo, el documento no es la explicación de la falla”, dijo.
Dos meses después no hay un informe final de lo ocurrido.