Los familiares de víctimas de desaparición forzada en México se enfrentan a la desatención de las autoridades y, pese al costo que representa para el Estado mexicano, los resultados en la judicialización de casos están lejos de tener un avance significativo
En México nadie encuentra justicia para las familias de los desaparecidos. Tan solo en los años 2018 hasta el 2020 que concluyó, el área especializada de la FGR contabiliza 97 denuncias iniciadas por un acto de desaparición forzada, es decir, aquellas en las que se presume la intervención de alguna persona que sea funcionario del servicio público.
En un solo acto de desaparición forzada pueden haber varias víctimas, es decir, que el número podría ser mucho mayor que la centena de casos.
La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada tiene mil 515 expedientes abiertos y ninguna persona condenada por este delito. La información fue proporcionada a través de una solicitud de transparencia con base en el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) y la herramienta informática denominada Justici@net.
En materia de detenciones y personas procesadas, las cifras indican que son 29 personas quienes han sido detenidas por su posible participación en estos hechos y de éstas sólo siete han recibido un auto de formal prisión, según los datos oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) obtenidos vía transparencia.
En la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), creada conforme al acuerdo A/013/18, trabajan 136 personas y tienen proyectado un presupuesto para este 2021 de 20.8 millones de pesos.
Para Lucy Díaz, directora del Colectivo Solecito, la Fiscalía Especializada tiene muy poco personal si se toma en cuenta el tamaño de la tragedia en México.
“Hay un problema en esa fiscalía: que no hay suficiente personal. Están muy por debajo del personal que se requiere, un fiscal de ellos lleva unos 70 casos. ¿Es posible que se aprendan los nombres de los implicados en esos casos? Yo creo que no”, explica la activista.
La creación de esta fiscalía no es el camino para la solución de la problemática, ya que urge endurecer la justicia para que los procesos culminen con la detención de culpables, afirma Lucy Díaz.
“Sinceramente, se está determinando la simulación desde el momento en que le dan 60 o 70 casos a una persona porque esa persona no va a poder visualizar cada caso de la manera en que se requiere, aparte no son gente que tenga experiencia en esto. Ahí hay muchas personas que son burócratas”, considera.
El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez, considera que la crisis es grave por el número de desapariciones pero lo más impactante es el tamaño de la impunidad que impera en el país.
La desaparición se ha convertido en una práctica de terror que ha ido creciendo y que acumula más de 82 mil personas. Oficialmente hasta ahora están consideradas como desaparecidas 82 mil 647 personas que ocupan literalmente el mismo espacio físico que el Estadio Azteca
Juan Martín Pérez
Director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México
Pérez considera que aunque han cambiado los partidos, las cifras indican que se mantienen las prácticas que dan juego a la evasión de la justicia.
“Esto ha ido en deterioro y la apuesta que se tenía de que algunos gobiernos iban a limpiar las policías e iban a detener corruptos y demás, pues no se ha hecho, y sin importar que cambie el partido político, como ahora Morena, las prácticas de corrupción y acuerdos de estas redes de macrocriminalidad siguen vigentes”, expresa.
La visión oficial de la desaparición forzada
Apenas el 29 de enero pasado, al presentar una actualización del informe de la Comisión Nacional de Búsqueda, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aceptó que “nada de lo que hagamos será suficiente, pero vamos a intentar todos los medios para que ningún crimen quede impune”.
“Las personas desaparecidas tienen el derecho a ser buscadas, es un derecho humano y, repetimos, es un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar”, expuso.
Apenas dos días antes, la funcionaria federal participó en la primera sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas del 2021 en donde dijo que desde el gobierno federal se ha impulsado la conformación y financiamiento de comisiones estatales de búsqueda para la implementación de proyectos como los centros de identificación humana, panteones forenses, y otras muchas acciones a fin de combatir la crisis forense.
“Lo más importante es que el Estado mexicano ha asumido su responsabilidad por esta deuda histórica para construir, de la mano con las víctimas, una respuesta no sólo institucional, sino sensible, empática, que ayude a terminar, de una vez por todas, con este fenómeno”, dijo la funcionaria.