El exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda utilizó diversas dependencias federales y a su familia en una red de desvío de recursos públicos y lavado de dinero durante su mandato en la entidad federativa.
Por ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), de lo que derivó la orden de aprehensión concedida por un juez federal en el estado de Nayarit contra el exgobernador y su hija Lidy Alejandra, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Datos de la denuncia de la UIF, a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso, señalan que Ana Lilia López Torres, esposa de Sandoval, y sus hijos Lidy y Pablo estructuraron la red para blanquear los fondos que el exgobernador obtenía de desviar recursos públicos.
El esquema detectado por la UIF incluye vínculos financieros con empresas y familiares de Sandoval cuyos recursos blanqueados se presupone que tienen su origen en el desvío de activos a través de contratos celebrados durante la gestión de Sandoval Castañeda.
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De acuerdo con las investigaciones, durante el gobierno de Sandoval el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizaron contratos con Comercializadora Rescer, que tiene como autorizado a Manuel “H”, identificado como operador financiero del exgobernador, y su sobrino Hugo Sánchez Sandoval, señalado como principal operador político y financiero del exservidor público.
Los recursos obtenidos con esos contratos fueron a dar a diversas cuentas bancarias que están vinculadas con el exgobernador y su familia.
Cabe mencionar que la noche del 19 de septiembre de 2017, horas después de que Roberto Sandoval concluyera su mandato, su sobrino Hugo Sánchez Sandoval fue asesinado a tiros en el libramiento de Tepic.
Así, la UIF solicitó a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales investigar a Sandoval, a su esposa y a sus hijos, así como a tres empresas con las que se vincula a la red de lavado de dinero.
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Esta Subprocuraduría obtuvo las órdenes de captura contra Sandoval Castañeda y su hija Lidy bajo el argumento de que existió una “cantidad desmesurada de operaciones en detrimento económico de las finanzas públicas del estado”.
Denuncia
La denuncia fue presentada el 24 de enero de 2020 y la UIF solicitó dar vista a la Procuraduría Fiscal Federal, al SAT y a la Fiscalía General de Justicia de Nayarit.
A esta última se le da vista debido a que mencionó que existe un precedente de que el exgobernador ha tenido un comportamiento inusual e irregular, pues está denunciado ante las autoridades locales por enriquecimiento ilícito, fue inhabilitado para desempeñar cargos públicos y ha sido objeto de escrutinio por las irregularidades que se le atribuyen durante su gestión.+
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Con relación a esto, EL UNIVERSAL informó que un juez local en Nayarit libró una orden de aprehensión contra el exgobernador por peculado y ejercicio indebido de funciones.
Mientras tanto, la orden de aprehensión derivada de la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera es la primera en contra de Sandoval Castañeda por delitos federales y la FGR anunció que solicitará la intervención de la Interpol para localizarlo y detenerlo en caso de que esté fuera del país.
Sin embargo, hasta noviembre de 2020 las autoridades de Nayarit lo tenían ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
Por las investigaciones contra Sandoval Castañeda, la UIF mantiene congelados mil 196 millones 417 mil 60.32 pesos en 42 cuentas bancarias vinculadas al exgobernador. Entre éstas se encuentran las de su esposa Ana Lilia López Torres, su hija Lidy y su hijo Pablo.
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Contra el bloqueo de sus cuentas en México el exgobernador ha tramitado diversos amparos. Sin embargo, hasta ahora las 42 cuentas bloqueadas por la UIF no han sido liberadas.
Empresas
En mayo de 2019 El Gran Diario de México informó que, de acuerdo con los registros comerciales, de marca y de constitución de sociedades y organismos asistenciales, Roberto Sandoval, su familia y socios han estado relacionados con diversas industrias, desde la venta de cárnicos, ganadería, agricultura y hasta actividades con fines asistenciales, entre otros.
De acuerdo con los documentos oficiales consultados en ese momento, por ejemplo, en la empresa Bodecarne, S.A. de C.V., constituida en Tepic, Nayarit, el 25 de agosto de 2003, dedicada a la compraventa de ganado y comercialización de carne, lácteos y abarrotes, aparecen Roberto Sandoval y su esposa como accionistas. Esta última tiene a su nombre la tienda IYARI Alto Diseño Huichol desde abril de 2016.
En la empresa Agromilenorte, registrada en Parras, Coahuila, el 4 de abril de 2019, el exgobernador aparece como socio mayoritario y su hijo Pablo Roberto como administrador único y socio con 10% de las acciones.
La fundación Rehabilitación Infantil Equinoterapia (RIE), constituida el 5 de noviembre de 2007, está a nombre de Lidy Alejandra, hija de Roberto Sandoval, contra quien las autoridades federales tienen orden de captura, puesto que se le señala por supuestamente adquirir bienes sin tener la capacidad económica para ello, toda vez que por las fechas de adquisición ella era estudiante universitaria.
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Desde 2019 el gobierno de Estados Unidos empezó a investigar a Roberto Sandoval porque durante su mandato como gobernador él y el exfiscal Édgar Veytia se relacionaron con actividades ilícitas, como el secuestro, extorsión, despojo, robo, amenazas, enriquecimiento ilícito y hasta homicidio.
Veytia permanece preso en Estados Unidos desde 2017 por sus vínculos con la organización de El H2, célula formada con lo que quedó de Los Beltrán Leyva. Las autoridades de Estados Unidos vinculan al exgobernador con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Beltrán Leyva, de quienes supuestamente recibió varios sobornos.
Por lo anterior, el gobierno estadounidense incluyó en su lista de personas bloqueadas tanto al exgobernador y su familia, así como a las empresas Bodecarne, Iyari, L-Inmo y Valor y Principio de Dar.