POR SUERTE para el Presidente, no es necesario que integre una comisión -encabezada por un militar, por supuesto- para investigar por qué el precio de la gasolina está tan caro. La respuesta a su inquietud es sumamente sencilla.
LA FÓRMULA para el costo de cada litro de combustible lo estableció Hacienda y Arturo Herrera le puede explicar que el precio se integra por seis variables: el precio de referencia, el “ajuste por calidad”, los costos de logística, el margen de ganancia de los expendedores y, ¡sorpresa!, el IEPS y el IVA. Estos impuestos representan más del 40 por ciento del precio que pagan las y los mexicanos por la gasolina y el diésel.
ASÍ QUE si Andrés Manuel López Obrador quiere cumplir su promesa de bajar el precio de la gasolina, en lugar de amenazar a los expendedores, tal vez podría empezar por eliminar el IEPS. ¿O a poco la austeridad es sólo para las mulas del compadre? Es pregunta.
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RESULTA CURIOSO que el ex senador Roberto Gil ande pidiendo en redes sociales que se exhiban las supuestas pruebas en su contra, pues como abogado bien sabe que sería violatorio del debido proceso.
SI EN SERIO quiere saber cómo anda la cosa, podría darse una vuelta por Constituyentes, pues es en la UIF donde tienen un grueso y muy bien armado expediente en su contra. Quienes lo conocen dicen que están documentadas las presuntas transferencias millonarias que hizo en un solo día y que habrían sido de tal tamaño que sonaron las alarmas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
INCLUSIVE se asegura que a Roberto Gil lo tienen más que ubicado en un domicilio en Dallas. Y, al parecer, estaría “conectado” con cinco empresas en McAllen y que si alguien le rasca tantito a la compañía MaraGil LCC, es muy probable que encuentre cosas interesantes. A lo mejor por eso el panista anda tan irritable creyendo que son rencores personales lo que, en realidad, se llama karma y tiene forma de carpeta de investigación.
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NO BASTA con que Andrés Manuel López Obrador diga “mi pecho no es bodega” para que se sienta con derecho de causar daño moral a personas, empresas y jueces, no sólo acusándolos sin pruebas sino ya, de plano, difamándolos.
RESULTA PREOCUPANTE que el Presidente no se dé cuenta del peso de sus palabras. O peor aún: que sí lo sepa y, con toda alevosía, convierta en enemigos del pueblo a quienes no piensan como él.
EN CUALQUIER país donde el Estado de derecho no fuera un mero espejismo, dichos como los de AMLO sobre fallos contra la ley eléctrica serían susceptibles hasta de una demanda y, por supuesto, de una eventual disculpa pública. Alguien debería recordarle al Presidente que de la autoridad al autoritarismo hay muy pocos pasos.