La política migratoria mexicana tensa las relaciones diplomáticas con los países de Sudamérica, después de que Colombia denunciara el trato a sus connacionales
El sitio más temido por miles de viajeros sudamericanos en ruta a México es una pequeña habitación de la que se ha escuchado mucho y se ha visto poco. Algunos turistas dicen que es como una celda y otros, como un calabozo. La mayoría se refiere a él como el cuartito. Se trata del rincón de los aeropuertos donde las personas son retenidas antes de ser admitidas o devueltas a sus países.
Juan Sebastián Gómez, un colombiano de 28 años, había preparado todo lo posible para evitarlo: tenía su pasaporte vigente, 1.000 dólares para demostrar solvencia, estados financieros, una carta de invitación y fechas definidas para el vuelo de regreso. No importó. Tras horas de espera y cuando los filtros de migración se empezaron a saturar, una agente preguntó: “¿Quiénes son los colombianos, ecuatorianos, peruanos, venezolanos que están aquí? Ustedes no cumplen los estándares de seguridad para entrar al país”. Sin llamarlo por su nombre ni darle explicaciones, el joven bogotano fue enviado al último cuartito: el de las deportaciones.
“En realidad es un cuarto grande con tres cuartos pequeños al fondo”, explica Gómez, “hay una especie de salita, un espacio para mujeres y otro para hombres”. El cuartito de los detenidos en Ciudad de México suele estar atiborrado y sin ventilación: unos 20 metros cuadrados para casi el mismo número de detenidos, donde el hedor de los retretes es penetrante y las colchonetas que les dieron para dormir se enciman las unas con las otras. “Las condiciones eran aberrantes”, recuerda Gómez, a quien para esas alturas ya le habían quitado su teléfono, su cinturón y los cordones de sus zapatos. Ya desde las entrevistas de migración, los únicos que tenían derecho a mandar mensajes y hacer llamadas, le dijeron los agentes, eran los estadounidenses; “los centroamericanos y sudamericanos no”. “Me hicieron sentir como un criminal”, afirma.
Testimonios como el de Gómez han circulado en redes sociales y aparecido en los medios desde hace años, pero en las últimas semanas han recibido un nuevo impulso a partir de una serie de posicionamientos de las autoridades colombianas. La canciller, Claudia Blum, ventiló este mes “la preocupación del Gobierno ante las reiteradas inadmisiones de colombianos que llegan a México, las que han registrado un aumento en las últimas semanas”.
Desde entonces, se han multiplicado las denuncias de ciudadanos que afirman haber sido maltratados en el área de Migración en aeropuertos mexicanos. Al punto de que ha sido motivo de un diálogo entre Blum y su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard. Ambos cancilleres acordaron mejorar el trato a los colombianos que ingresen a México y hacer una reunión de seguimiento semanal, según informó Bogotá. Las recurrentes denuncias de los colombianos señalan que los han retenido por largas horas sin su pasaporte, sin alimentos, y no les permiten comunicarse con nadie ni ir al baño.
Un funcionario mexicano, que pide omitir su nombre, reconoce que la política migratoria del país es una fuente de reclamo permanente de parte de sus socios comerciales en la Alianza del Pacífico: Colombia, Chile y Perú. La integración económica trajo la eliminación de las visas entre los Estados miembros a finales de 2012, pero la promesa del libre tránsito de personas dio, paradójicamente, un mayor margen de discrecionalidad para que los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) decidieran quién podía entrar al país, explica la fuente. “Muchas veces, México se queja con Estados Unidos del trato que reciben sus migrantes, mientras que con los países centroamericanos y sudamericanos los roles se invierten”, agrega.
Hace apenas unos años, con el acuerdo de paz sellado a finales de 2016, los colombianos celebraban que ya no se les consideraba ciudadanos sospechosos a los que se les ponían trabas. Para entonces, en varios países, entre ellos una treintena de destinos europeos, se les dejó de exigir visa de turismo. A comienzos de este siglo, hasta 167 países exigían visa a los colombianos, mientras que ahora a cerca de un centenar pueden entrar solo con su pasaporte.
Pese a la pandemia, casi 170.000 colombianos volaron a México el año pasado. Solo alrededor del 2% fueron rechazados, de acuerdo con las cifras del Gobierno de Colombia, pero ese pequeño porcentaje tiene detrás decenas de miles de controles migratorios e implica cientos de quejas para las autoridades consulares. Regularmente, más de medio millón de colombianos viajan al año a México y miles son deportados en cifras que en los últimos tres años superan por mucho a los inadmitidos en Estados Unidos y España, países con estrictas políticas migratorias.
El presidente colombiano, Iván Duque, reconoció en su última visita oficial a México en marzo del año pasado que el tema migratorio fue parte de lo que discutió con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y señaló que habría mayor intercambio de información entre las agencias de ambos países para hacer más fluido el tránsito de viajeros. “Eso permite concentrar los esfuerzos en aquellas personas que representen una alerta y no, de pronto, afectar el tránsito de otras personas que vienen con intereses más académicos o turísticos”, dijo Duque. Esta semana, López Obrador ordenó a su Gabinete que atendiera los reclamos.
Las quejas traen a la memoria otros tiempos que se creían superados, cuando el pasaporte colombiano era casi un lastre en muchos aeropuertos del mundo debido principalmente al estigma del narcotráfico. Un estigma compartido por muchos mexicanos cuando cruzan a Estados Unidos. “Estoy acostumbrado y no me importa que cuando viajo me hagan comentarios o bromas sobre Pablo Escobar, pero creo que lo que me pasó en México es otro nivel”, señala Gómez.
No es solo Colombia. En febrero, Rumania denunció la “actitud hostil” contra decenas de sus ciudadanos que fueron retenidos en Cancún mientras se investigaba a una banda que supuestamente operaba en Riviera Maya. Una fuente gubernamental admite que prácticamente se paralizó la admisión de turistas de ese país, mientras avanzaban las pesquisas. Hubo más de 200 turistas involucrados, solo cinco tenían vínculos sospechosos.
“Nos dijeron que no teníamos pinta de turistas”, denunciaba Hermenegildo Mamani, uno de 18 peruanos que iban a China por negocios en 2018 y que fueron devueltos mientras hacían escala en México. El youtuber Jefferson Rescata, con 3,7 millones de seguidores en Facebook, denunció racismo tras ser deportado junto a otros 18 ecuatorianos en 2019. “México no es solo país de deportados, sino un país que deporta ilegalmente”, denunció Amnistía Internacional en 2018, que ha sido especialmente crítica con el trato a los migrantes centroamericanos, otro frente para las autoridades mexicanas en la frontera sur.
Génesis Luigi, una venezolana de 28 años, asegura que ha tenido tres retenciones arbitrarias en el aeropuerto Benito Juárez. En varias de sus entradas a México ha sido sometida al violento escrutinio de los agentes migratorios y a las amenazas de deportarla a Venezuela, de donde salió en 2017 por estudios y trabajo y a donde no ha vuelto. “Es que acá las venezolanas solo vienen a prostituirse’, me han dicho muchas veces, y es más intimidante que te lo diga un señor agente en un cuartico donde estás sola”. Luigi dice que el maltrato ha sido mayor cuando ha entrado a México por la terminal en la que aterrizan las aerolíneas latinoamericanas.
El éxodo desde Venezuela también ha aumentado la tensión entre los frágiles sistemas migratorios de la región y los tratos que reciben los migrantes y los solicitantes de refugio y asilo. Un venezolano de 29 años —que prefiere ocultar su nombre por temor— recuerda a su paso por el cuartito que el oficial le insistía que él mismo se iba a encargar de deportarlo “porque estaban cansados de ver venezolanos en su país”. En su caso, en vez de ser deportado, pasó dos meses encerrado en una estación migratoria antes de poder iniciar su trámite de acogida humanitaria.
Además de las acusaciones de discriminación y maltratos, hay casos de corrupción, asegura July Rodríguez, de la organización Apoyo a Migrantes Venezolanos desde Ciudad de México, que da asistencia gratuita hasta 50 de sus connacionales por día. “Lo común es que les pidan dinero para dejarlos seguir [entre 1.000 y 2.000 dólares]”, señala. Los espacios reducidos y hacinados también han sido una preocupación en la pandemia por el riesgo a los contagios, agrega. En una decisión con tintes geopolíticos, Nicolás Maduro no ha dicho nada sobre las denuncias en México, pero sí ha sido bastante vocal tras incidentes ocurridos en Colombia, Chile y Perú, ofreciendo incluso planes de retorno a los venezolanos en el exterior.
El Instituto Nacional de Migración rechazó una solicitud de entrevista de este diario, pero aseguró a través de una portavoz que las condiciones de las instalaciones migratorias son responsabilidad de los aeropuertos y la comida, de las aerolíneas. El Instituto sostuvo en un comunicado que actúa con apego a las leyes mexicanas y los derechos humanos y señaló que no tiene registro directo de denuncias o quejas de ciudadanos colombianos porque la comunicación sobre estos temas se da por la vía diplomática.
La Cancillería mexicana convocó a una reunión el jueves pasado con las embajadas de los países sudamericanos, en la que se trató el tema de las inadmisiones y “mecanismos prácticos que deben implementarse”, según un portavoz del Gobierno peruano, informa Jacqueline Fowks desde Lima. También hubo reuniones entre el INM y la Embajada colombiana para verificar los protocolos de migración en el aeropuerto de Ciudad de México y atender los agravios. Aunque algunos, como Gómez, aseguran que por ahora no piensan volver.
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