A mediados de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reaprehendió en completo sigilo a los siete militares involucrados en el abatimiento de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, en 2014, liberados entre 2015 y 2016 ante la falta de pruebas de la otrora PGR.
Los elementos, entre ellos un capitán retirado, fueron ingresados por la Policía Judicial Militar a la Prisión Militar del Campo 1-A, en la Ciudad de México, y cuatro de ellos salieron bajo fianza el 26 de marzo para continuar su proceso en libertad, pero se presentan diariamente a pasar lista, revelaron a EL UNIVERSAL fuentes ministeriales.
El Gran Diario de México consultó tanto a la Sedena como a la Fiscalía General de la República (FGR) para saber si los detenidos serán juzgados en el ámbito civil o militar; sin embargo, ninguna de las dos dependencias ha dado respuesta.
No obstante, las fuentes consultadas aseguraron que tres de los siete militares reaprehendidos permanecen presos en el Campo Militar 1-A por este caso en el que la versión de la Sedena fue que los 22 civiles murieron en un enfrentamiento en una bodega, lo que luego fue desmentido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en su investigación concluyó que 15 de las 22 víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente.
En octubre del año pasado, la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, aseguró que el caso Tlatlaya no está cerrado y que la FGR tiene siete órdenes de aprehensión contra miembros del Ejército pendientes por cumplimentar, que coinciden con el número de militares regresados a la cárcel.
En ese momento, la fiscal afirmó que el Ministerio Público Federal había tomado declaración a cuatro generales, un teniente, un soldado y al dueño de la bodega donde fueron abatidos los civiles el 30 de junio de 2014.
“Todas estas pruebas han sido analizadas y la siguiente semana tenemos otra diligencia de otra prueba”, refirió.
Herrerías Guerra dijo que la Sedena colaboraría con la FGR para la detención de los militares involucrados en la muerte de los 22 civiles en una bodega en el municipio de Tlatlaya, para ponerlos a disposición del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales.
Proceso
En septiembre de 2014, los militares Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán, Leobardo Hernández Leónides y Roberto Acevedo López fueron aprehendidos y puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar acusados de cometer delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes, por su presunta participación en el abatimiento de 22 civiles en San Pedro Limón, Tlatlaya.
Asimismo, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Jesús Murillo Karam, ejerció acción penal contra los siete militares por el delito de uso indebido del servicio público, homicidio calificado, abuso de autoridad, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo.
No obstante, Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y Ezequiel Rodríguez Martínez fueron liberados en octubre de 2015, tras impugnar ante el Sexto Tribunal Unitario del Estado de México el auto de formal prisión dictado en su contra por el delito de uso indebido del servicio público, al considerar que la PGR violó sus derechos fundamentales.
En tanto, los militares Fernando Quintero Millán, Leobardo Hernández Leónides y Roberto Acevedo López, acusados de abuso de autoridad, homicidio calificado, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo, estuvieron en prisión hasta mayo de 2016, cuando el Sexto Tribunal Unitario ordenó su libertad al desestimar los elementos de prueba aportados por la PGR. De igual forma, un juez castrense absolvió a los militares del caso Tlatlaya y salieron libres de la Prisión Militar del Campo Militar 1-A.
A cinco años de los hechos, en octubre de 2019, el Sexto Tribunal Unitario que los dejó en libertad ordenó reaprehender a los siete militares del caso Tlatlaya, tras resolver un recurso de apelación de la FGR en el que consideró que los elementos, que formaron parte del 102 Batallón de Infantería, deben ser regresados a prisión para ser enjuiciados por el delito de ejercicio indebido del servicio público y, además, tres de ellos por homicidio calificado.
Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la resolución del Sexto Tribunal confirmó que se cometieron ejecuciones extrajudiciales, como lo señalaron los sobrevivientes y diversos organismos de derechos humanos, como la CNDH.
De acuerdo con el informe de esta última, en el que acreditó violaciones graves a los derechos humanos, 15 de los 22 civiles que murieron en una bodega de la comunidad San Pedro Limón, en Tlatlaya, fueron ejecutados por los militares.
Además, evidenció que se alteró la escena de los hechos con la intención de simular que las muertes ocurrieron en un contexto de enfrentamiento; sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no pudo establecer quiénes presenciaron, ordenaron y toleraron las violaciones a derechos humanos que fueron cometidas.
Tlatlaya, donde ocurrieron los hechos, es un municipio en el sur del Estado de México.
La FGR acusa a los elementos de ejercicio indebido del servicio público y a tres de homicidio calificado, pero no integró de manera robusta la investigación para procesar a los militares, por lo que fueron liberados.
Por ejemplo, el expediente de la causa penal militar 338/2014, radicado en el Juzgado Sexto Militar, en el que se menciona la forma en que estaban los 22 cuerpos de los civiles en la bodega del poblado San Pedro Limón, además de contener imágenes del lugar de los hechos, no fue requerido por la dependencia para incorporarlo a la averiguación previa PGR/SDHPDSC/DGASRCMDH/
DD MDH/CNDH-1/298/2014.
De acuerdo con la reconstrucción que realizó la PGR, luego del enfrentamiento entre los uniformados con integrantes del crimen organizado, tres militares ingresaron a la bodega, tomaron las armas de los abatidos y les dispararon a por lo menos ocho que seguían vivos.
En mayo de 2016, la CNDH pidió a la PGR aportar nuevas pruebas para fortalecer la acusación contra los militares implicados en ejecuciones extrajudiciales en el caso Tlatlaya.
La comisión indicó que jurídicamente este caso no es todavía cosa juzgada, razón por la que la PGR debería continuar aún con las actuaciones ministeriales correspondientes.
“La CNDH solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República, atendiendo al hecho de que jurídicamente este caso aún no sería cosa juzgada, el que aporte nuevas pruebas para fortalecer su acusación”, refirió.