La intención del bloque gobernante de dar dos años más al presidente de la Suprema Corte recibe el rechazo de académicos y expertos: “Es un disparate”
Por sorpresa y en el último minuto. Así aprobó esta semana el Senado la ampliación por dos años más el mandato de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La decisión de Morena, el partido en el poder, y sus aliados parlamentarios ha agitado el debate político en lo que la oposición ve como el último intento del presidente Andrés Manuel López Obrador de someter al Poder Judicial e inclinar la balanza institucional a favor del bloque gobernante. Para el grueso de los académicos en el país, el problema es fundamentalmente jurídico. La Cámara alta acordó la extensión del plazo de Zaldívar a través de un artículo transitorio que no estaba contemplado al inicio de las discusiones de un paquete de leyes secundarias y no reformando la Constitución, como marca la ley. “Es un disparate”, afirma Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Es inconstitucional, sin que quepan matices o interpretaciones. Cualquier estudiante en el primer semestre de la carrera de
Derecho se daría cuenta”, agrega el constitucionalista.
El principio que cita Valadés, al igual que otros especialistas, es que una ley secundaria no puede contradecir lo que dice la Constitución porque tiene una jerarquía normativa más baja. Es como si en un artículo transitorio, que son los que tratan disposiciones temporales, se aprobara la aplicación de la pena de muerte, cuando está expresamente prohibida en el país.
La justificación de extender el mandato de Zaldívar llegó este viernes, cuando el Ejecutivo argumentó que es necesario mantener a Zaldívar para que conduzca una reforma de largo alcance al Poder Judicial. Esa reforma fue presentada por el propio presidente de la Corte en febrero del año pasado, pero como no está facultado para promover iniciativas constitucionales, fue propuesta por López Obrador. “Es la reforma constitucional más ambiciosa sobre este tema desde 1994″, señala Juan Jesús Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Se aprobó a principios de 2021 y para funcionar se requiere que se adecuen las leyes secundarias, que fueron las que se votaron esta semana en el Senado. “Nunca se habló de ampliar el mandato de los ministros ni de alterar la composición de la Corte”, explica.
La introducción del cambio sin previo aviso se hizo por medio de una reserva presentada por un senador del Partido Verde y sin ningún precedente similar en más de 25 años. Se leyó en tribuna en menos de dos minutos. El texto de las leyes secundarias tenía más de 500 páginas. “Es evidente que muchos legisladores no sabían lo que estaban aprobando y que no se discutió a profundidad”, asegura Garza Onofre. “El resultado fue un atentado contra el Poder Judicial, que se hizo en lo oscurito y de forma tramposa”, agrega.
Las formas alimentaron las suspicacias en torno a la intención de prolongar el mandato de Zaldívar hasta 2024, el mismo año en que López Obrador deja el poder. “Es muy problemático porque justamente una de las principales garantías de la independencia del Poder Judicial es que sus periodos sean transexenales, que no coincidan con los de los otros poderes para que no estén comprometidos con quienes los nombraron ni con quienes salieron”, apunta Miguel Alfonso Meza, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. “La Suprema Corte está pensada para ser un contrapeso y parece que para el presidente es bastante conveniente tener una Corte cómoda”, comenta.
Para gran parte de la oposición y de los críticos del Gobierno, la ampliación del mandato de Zaldívar, que tiene una relación cordial con el Ejecutivo, puede usarse para comprometer al ministro presidente para allanar el camino de Morena en los tribunales o sentar un precedente para extender la duración de otros cargos, como el del presidente de la República. López Obrador ha insistido en que no buscará reelegirse, aunque esta semana dijo que se irá “tranquilo” en 2024 “si se lo permite la gente”. “Es una especie de simulacro de lo que puede venir”, agrega Meza.
El punto más debatido es cuál es el rédito político. “No creo que se tienda al autoritario, pero sí hay una idea de tener más control de parte del presidente”, agrega Garza Onofre. Para Valadés, más allá de los cálculos políticos, lo preocupante es el atropello al orden legal de forma “arbitraria, descuidada y arrogante”. “Estamos hablando de que todos son legisladores con experiencia y una amplia trayectoria”, dice el académico, “a los que no les importó violar la Constitución”. Otra hipótesis entre los académicos consultados es simple desaseo jurídico en la legislación del bloque gobernante, un escollo con el que se ha topado en más de una ocasión.
La polémica salpicó también a la oposición, dado que la ley fue avalada también por un puñado de legisladores del Partido Revolucionario Institucional. “No creo que puedan decir que fueron burlados, los diputados de la oposición que la aprobaron tienen que hacerse responsables de lo que votaron y dar la cara”, dice la diputada opositora Martha Tagle, que espera la minuta llegue a la Cámara baja en los próximos días. Ahí está por verse si se dará marcha atrás a la extensión del mandato, de la que el propio Consejo de la Judicatura Federal, el órgano de vigilancia del Poder Judicial, se deslindó.
“La oposición definitivamente será puesta a prueba”, afirma la legisladora de Movimiento Ciudadano. Tagle anticipa que la mayoría parlamentaria de Morena es suficiente para que los cambios pasen por la Cámara de Diputados, pero el bloque opositor aún puede optar por presentar una acción de inconstitucionalidad si consigue las firmas de un tercio de los parlamentarios. En el escenario de que se apruebe y después se impugne la ley, otra cuestión a debate es si Zaldívar tendría que excusarse por conflicto de interés o, incluso, si tendría que posicionarse tras la aprobación en el Senado. En los últimos años, el propio Zaldívar ya ha votado en contra de extender el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y los periodos de los magistrados del Tribunal Electoral. Valdés, por ejemplo, considera que no debe hacerlo, mientras que Meza y Garza Onofre, sí. “Lo bochornoso es que todo ha sido muy innecesario”, dice Garza Onofre, “tanto Zaldívar como los otros ministros están entre la espada y la pared”.
La discusión apenas empieza y estará en la arena política en las próximas semanas. A dos meses de las elecciones, donde estarán en juego más de 20.000 cargos públicos, las miradas están puestas en actores acostumbrados a ver la contienda a un costado de la cancha: el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, la Suprema Corte. “Morena está desgastando mucho las instituciones y los ‘árbitros’ se están convirtiendo en los protagonistas”, apunta Garza Onofre. “Todo esto debe llevar a una reflexión de cómo está operando la democracia en México porque la polarización ha llevado a un ánimo de crispación y la búsqueda de consensos ha venido a menos”, concluye Valadés.