Lozoya, ¿la cárcel?
El caso de la corrupción de Pemex, con senadores panistas y priistas, que también involucra al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, tomó vuelo con la detención de José Luis Lavalle Maury, exsenador del PAN, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, lo que se ve como un gran paso en la lucha contra la corrupción es un proceso atropellado y maniqueo que enfrenta obstáculos porque el testigo clave, Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex que disparó con reguilete las imputaciones, no ha aportado evidencias que permitan judicializar el caso.
La detención de Lavalle Maury la logró el fiscal general Alejandro Gertz Manero después de actos ilegítimos y probablemente ilegales. Sus abogados, por ejemplo, discutieron con el juez del caso, y éste, en plena complicidad con el Ejecutivo, les dijo que si lo acusaban de traición a la patria, para retomar la imputación a Peña Nieto y a Videgaray, no alcanzaría para la prisión preventiva que buscaban. Por ello le imputaron el delito de operaciones de procedencia ilícita, y con el apoyo del juez lograron que quedara preso, con argucias legales para no concederle la fianza.
El juez le regaló tiempo a la Fiscalía General para que persuada a Lavalle Maury de que se acoja al criterio de oportunidad y denuncie a sus correligionarios, porque lo entregado por Lozoya no es suficiente para mantenerlo en la cárcel –asumiendo que se aplica la ley–, pues la principal acusación contra Lavalle Maury viene de la grabación ilícita de un video que se difundió en agosto del año pasado, donde aparecen el exsecretario técnico del Senado, Rafael Caraveo, colaborador muy cercano al exsenador, recibiendo bolsas de dinero junto con Guillermo Gutiérrez Badillo, quien era asesor del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, que presuntamente eran para compensar a senadores del PAN por el apoyo y cabildeo de la reforma energética.
El video fue colocado en YouTube por Juan Jesús Lozoya, hermano del exdirector de Pemex, como parte de la estrategia mediática que Lozoya había acordado con Gertz Manero para acompañar y reforzar la estrategia jurídica contra panistas y priistas, aunque en este episodio, el fiscal fue hecho al margen. Lozoya lo colocó en las plataformas digitales aparentemente en coordinación con funcionarios de la presidencia, quienes un día después, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que se hicieran públicas las pruebas de Lozoya, alertaron a varios periodistas de su existencia.
La forma jurídicamente desaseada con la que se difundió el video provocó problemas jurídicos a la Fiscalía General, que ha tenido dificultad para acreditar la procedencia legítima de los videos ante el juez. Juan Jesús Lozoya fue llamado a declarar tras la difusión del video el año pasado para responder a una denuncia por la filtración del video, y ha tenido que ampliar dos veces su declaración ante Juan Ramos, subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, quien lleva directamente el caso, porque existe el presunto delito en su contra de suplantación de identidad para crear la cuenta de YouTube en donde difundió el material grabado de manera ilegal.
Gertz Manero no está feliz con el exdirector de Pemex. En 2019 tuvo al menos cuatro reuniones para ir definiendo las estrategias del tipo de denuncias y sus tiempos, pero al no llegar a un acuerdo, Lozoya optó por irse de México. La negociación se reanudó en España, donde la Fiscalía General logró que lo detuvieran, y a cambio de presentar acusaciones informales a modo, canjeó que su proceso fuera en libertad. Tras regresar en julio a México sostuvo cuando menos 10 reuniones con Gertz Manero durante tres meses, personalmente en su oficina, a donde entraba sigilosamente por el elevador privado del fiscal.
La estrategia estaba condicionada al manejo mediático del caso, que le permitiera al Presidente capitalizar políticamente las acusaciones. Las cosas, sin embargo, se salieron de control, por acciones unilaterales de Lozoya, como el caso del video, que encontró en el apetito político de funcionarios en Palacio Nacional una salida propagandística en apoyo a la pretendida campaña contra la corrupción de López Obrador.
La detención de Lavalle Maury, probablemente creía Lozoya al poner tanto énfasis en el video, le daría el respiro que busca para obtener el beneficio del criterio de oportunidad, donde al denunciar a personas que cometieron delitos, podría ser exonerado de los crímenes que se le imputan, y obtener la libertad. Sin embargo, el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para que se otorgue el criterio de oportunidad, el delito denunciado tiene que ser más grave que el imputado a quien busca la libertad, como es al caso de Lozoya.
Esto no puede ser un error, sino parte de la estrategia paralela de Gertz Manero, cuya desconfianza en Lozoya ha ido creciendo. Lozoya le prometió mucho cuando estaba preso en España, pero le ha aportado bastante poco en términos concretos. El fiscal general sí quisiera a Peña Nieto y a Videgaray en la cárcel, y en Palacio Nacional quisieran que por este caso dos panistas, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y su consejero y exsenador, Roberto Gil, también fueran a prisión.
Pero con Lozoya de testigo, parece haberse dado cuenta, eso no será posible. Gertz Manero le ofreció a Caraveo el criterio de oportunidad, pero las evidencias que está aportando tampoco son suficientes para el maxiproceso que desearía tener. Lavalle es la siguiente oportunidad, pero no se sabe si cederá a la presión y, en dado caso que así fuera, si lo que denunciara sería suficiente para proceder contra otros expanistas de mayor monta. Al exdirector de Pemex el juego no le está saliendo, y con Lavalle Maury en la cárcel, no tiene un pie afuera, sino que su futuro, por ahora, sigue viéndose tras las rejas.