El dilema de la ley Zaldívar: o todos coludos o todos rabones
Pocos temas han crispado peor el ambiente político en México que la llamada ley Zaldívar. Tanto por su cauce formal desaseado como por su contenido, la aprobación del artículo transitorio de la reforma judicial que extiende el mandato por dos años al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso combustible sobre la ya muy inflamada polarización mexicana.
El debate parlamentario demostró la enorme dificultad que significa reflexionar sobre este tema con el cerebro frío. De un lado se habla de un golpe a la Constitución y de un daño severo a la división de poderes. Quienes acusan la reforma de autoritaria están convencidos de que la ampliación del mandato de Zaldívar es un ensayo que antecede a la prolongación del mandato de Andrés Manuel López Obrador.
En contraste, del otro lado, quienes avalan esta propuesta afirman sin rubor que el resto de las y los ministros no podrían conducir al Poder Judicial, ni implementar su reforma, mejor que el titular actual. También argumentan que la pandemia de coronavirus redujo el margen de maniobra para operarla.
La fortuna ha permitido que esta disputa cargada de resentimientos cruzados se beneficie de un cauce predecible y ordenado, previsto por la Constitución. Si bien es cierto que era innecesario exacerbar los ánimos arrojando una antorcha embadurnada con nitroglicerina al circo de la política, también lo es que el país tiene manera de salir de esta situación, sin otro daño que el mal humor y el desprecio reforzado que se tienen los adversarios.
La ley Zaldívar se resolverá en una votación del pleno de la SCJN a realizarse pronto, donde se requeriría el voto de ocho ministros para declararla inconstitucional. Es casi seguro que el presidente de la Corte se abstendrá de participar ya que el tema le afecta directamente. Es decir que serán las otras personas integrantes del pleno quienes terminen aportando salida al conflicto.
Un resumen apretado de los argumentos de la ley Zaldívar, a favor y en contra, lleva a concentrar en tres coordenadas esta controversia:
1.Dicen los defensores de la ley que no hay nadie mejor que el actual presidente de la Corte para conducir la reforma al Poder Judicial. Esta opinión, defendida entre otros por el primer mandatario, López Obrador, es subjetiva, aunque no por ello tendría que ser falsa. No obstante, tiene como problema que, de coincidir con ella, las y los pares de Zaldívar se verían forzados a reconocer su propia incapacidad.
En efecto, este argumento pide a las personas responsables de decidir la constitucionalidad de la ley Zaldívar que comiencen por aceptar la humillación arrojada sobre sus cabezas por una mayoría en el Congreso y también del presidente de la República, quienes han puesto en duda su respectiva suficiencia para ocupar el cargo.
Por razones de dignidad humana, el argumento de la idoneidad sobresaliente de Zaldívar muy probablemente será desechado sin mayor tratamiento.
2.Exponen también los defensores de esta ley que el país se encuentra en una situación excepcional debido a que la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus redujo el margen temporal de acción para operar los cambios indispensables. En efecto, en todo el mundo, el covid-19 obligó a que los Estados y sus gobiernos modificaran las prioridades y la distribución de la energía para atenderlas.
Frente a tal realidad es que se propone la extensión del mandato establecido por la Constitución para el presidente de la SCJN. Sin embargo, no tendría ninguna lógica ofrecer este beneficio únicamente a un funcionario, sin que ese mismo privilegio fuese entregado a todos los demás. Este es acaso el punto más agudo de la discusión: diría el refrán popular, o todos coludos o todos rabones.
Si se extiende el mandato para Zaldívar lo mismo debería ocurrir para diputados, senadores, jueces, magistrados, ministros, gobernadores, presidentes municipales y, desde el luego, para el presidente de la República.
Tiene como desventaja la generalización de tal medida que la Constitución mexicana no concibe a la pandemia de coronavirus como un estado de excepción capaz de justificar el alargamiento de todos esos mandatos.
Por tanto, la lógica jurídica lleva a desechar el argumento de excepcionalidad.
3.Los defensores de la ley Zaldívar expresan que las leyes secundarias sancionadas como constitucionales no subvierten en modo alguno el orden legal de la República. Sin embargo, esta ley no ha sido aún declarada por la Corte como conforme a la Constitución y, como ya se dijo antes, el orden constitucional mexicano no prevé que un cambio de la magnitud propuesta sea resuelto a través de leyes secundarias.
A pesar de que, en balance, las consideraciones contra la ley Zaldívar pesan más que las opiniones favorables, cabe la posibilidad de que no llegue a juntarse en el pleno una mayoría de ocho votos para declararla inconstitucional.
Resulta muy probable la configuración de una mayoría de seis ministros, cuyo voto se expresaría en sentido contrario a la ley Zaldívar: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar, Javier Laynez, Fernando Franco y Alberto Pérez Dayán.
Faltarían por tanto únicamente dos votos más para echar atrás la reforma impugnada.
La afinidad de Yasmín Esquivel con el presidente López Obrador anticipa el sentido de su voto a favor de la ley Zaldívar. En cambio, permanecen en la zona de las incógnitas los votos de Margarita Ríos Fajart, Juan Luis González Alcántara y Norma Piña. Al menos dos de estas personas tendrían que sumarse a la mayoría para cerrarle la puerta a la prolongación del mandato.
Los últimos tres ministros cuentan con una trayectoria de independencia, rigor y seriedad que conduce a descartar sumisión frente a los actos de coerción de los poderes Ejecutivo o Legislativo.
Con todo, la cuestión es si López Obrador —de manera directa o por interpósita persona— hincará presión sobre alguno de estos tres ministros para que desatienda su consciencia y desestime la importancia de lo que se estaría votando.
Si tal presión sucede, habrán tenido razón quienes temen que el presidente haya promovido la ley Zaldívar, no porque suponga al ministro presidente como un funcionario ejemplar, sino para abrir paso a la prolongación de su propio periodo constitucional, bajo el argumento de que nadie mejor que él lograría consolidar la cuarta transformación y que la pandemia le robó tiempo para lograrlo.
Ricardo Raphael