Constitucionalistas, politólogos y expertos en derechos humanos advirtieron intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Poder Judicial luego de que el mandatario señalara que los magistrados que no apoyen la extensión del mandato de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), serán cómplices de la corrupción.
Compartieron su preocupación en torno a los comentarios que emitió ayer el Presidente cuando advirtió que a sus adversarios y opositores a la ampliación del mandato del ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal les da “coraje” la transformación que, afirmó, se está llevando a cabo en el país, puesto que apoyan al régimen de corrupción que existía antes de su gobierno.
Jesús Orozco Henríquez, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, subrayó que la estigmatización y advertencia del Presidente de que si los ministros no aprueban la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar serían cómplices de la corrupción “constituye un inaudito e inaceptable atentado contra la independencia judicial.
“La presión externa que pretende ejercerse desde la Presi dencia de la República sobre el sentido en que debe resolver un juez constitucional un asunto bajo su competencia no sólo refleja autoritarismo sino vulnera la independencia con que se debe conducir un juez para ejercer sus atribuciones de defensa de la Constitución.
Francisco Valdés Ugalde, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, asentó que no se puede creer que el presidente López Obrador piense que la reforma judicial dependa de un solo individuo, “que en el fondo es él mismo”.
“La atribución del calificativo de ‘corruptos’ a todos menos uno de los miembros de la Suprema Corte y a todos los que no piensan como él, a quienes no se les ha demostrado acto de corrupción alguno mediante el debido proceso, es un franco desvarío y una intromisión que amenaza al Poder Judicial y a la reforma adecuada de la impartición de justicia”.
Alfonso Zárate, presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, académico y analista político, consideró que sus declaraciones demuestran que a López Obrador cuando menos le incomodan los otros Poderes de la Unión y, en el peor de los casos, amenaza su autonomía.
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“Al Presidente le incomodan los otros poderes, y de manera pública agrede, intimida y da línea a quienes en teoría constituyen un poder autónomo. Naturalmente es una amenaza para los ministros que integran la Sala Superior, pero lo que está en el fondo es la captura del sistema judicial mexicano por las importantes atribuciones que tiene el presidente de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal”.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó la advertencia a los ministros como un “descaro total”. “Descaro total: para @lopezobrador_ quienes no apoyan la extensión del mandato de @ArturoZaldivarL “apoyan la corrupción”, escribió en Twitter.
El historiador José Antonio Crespo consideró que al cuestionar la integridad de los ministros en función de que apoyen o no la permanencia de Zaldívar en la presidencia de la Corte es una prueba de que en realidad no respeta la independencia y está trastocando reglas básicas, con implicaciones directas en la actuación de los ministros.
“Es al revés de lo que dice el Presidente: si ellos avalan el atropello constitucional, que a todas luces es, estarán incurriendo en una enorme falta de responsabilidad, en perjurio, y por lo tanto se puede decir que es corrupción y hasta algo más grave. Es exactamente al revés de lo que dice el Presidente”, agregó.
Mientras, Alberto Aziz, profesor investigador del CIESAS, consideró que el Presidente de nuevo intenta dividir entre los buenos, que apoyan su proyecto, y quienes considera corruptos por ir en contra del mismo.
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“Hay una presión indebida del Poder Ejecutivo a otro poder, el Judicial, para que vote conforme a lo que él quiere. No se puede hablar de amenaza porque no tiene posibilidades de ajustar cuentas, lo que sí puede hacer es seguir descalificándolos, lo cual es una forma de injerencia y de presión política indebida”, dijo.
Érika Bárcena Arévalo, catedrática e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que de nuevo los comentarios del Presidente distraen del tema que verdaderamente debería estar en el ojo de la discusión pública: el fondo de las reformas al Poder Judicial y visibilizar sus verdaderos problemas.
“El ataque a la independencia de los ministros es por demás burdo y evidente. Estamos frente a una tragicomedia cuyo único objetivo parece ser regresar a las prácticas más grotescas del régimen priista, donde los ministros persiguen abiertamente sus propios intereses aprovechando los cotos de poder que les brindan las funciones judiciales”, aseveró.