Al Ministerio Público, a cargo de Juan Núñez, se le “olvidó” poner firma de autorización
El Instituto de Crédito lo acusa del ejercicio abusivo, por un préstamo que ilegalmente se adjudicó
Un juez ordenó a la Fiscalía Anticorrupción de Morelos investigar al exgobernador Graco Ramírez, quien es acusado por el Instituto de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado del delito de ejercicio abusivo de funciones.
Un juez ordenó revocar por la falta de una firma, la determinación de la Fiscalía Anticorrupción mediante la cual se decretó no llevar a cabo el ejercicio de la acción penal en contra del exgobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, quien fue acusado del delito de Ejercicio Abusivo de Funciones.
Fue a las 12:00 horas de este jueves, cuando el juez especializado de Control, del Único Distrito Judicial del Estado con sede en Atlacholoaya, llevó a cabo la audiencia de queja promovida por el Instituto de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, quien no estuvo de acuerdo con la determinación de la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por un exempleado de Ramírez Garrido, Juan Salazar Núñez, que había considerado que no era necesario el ejercicio de la acción penal en contra del exmandatario morelense, ya que consideraba que no había delito que perseguir, sin embargo, para el instituto sí había indicios de la comisión de un delito.
El juez, revocó dicho acuerdo porque no tenía la firma de la persona que lo autorizaba, por lo que la Fiscalía Anticorrupción deberá emitir un nuevo acuerdo de no ejercicio de la acción penal, con la firma de autorización.
A dicha audiencia, no acudió el exgobernador ya que de acuerdo con lo que publicó en sus redes sociales, fue notificado del proceso pero no fue requerido.
Cabe mencionar que Graco Ramírez es acusado por el Instituto de Crédito del delito de ejercicio abusivo de funciones, al haber solicitado un crédito de 600 mil pesos para la adquisición de una camioneta, por lo que también es señalado de dicho delito el ex titular de la Secretaría de Hacienda, Jorge Michel Luna, quien fungió como su aval.