Los legisladores locales rechazan despojar de inmunidad al gobernador del PAN después de que la Cámara de Diputados, dominada por Morena, abriera la puerta a la Fiscalía para proceder en su contra
El Congreso de Tamaulipas ha rechazado la noche de este viernes la solicitud de la Cámara de Diputados para quitar la inmunidad al gobernador de ese Estado, Francisco García Cabeza de Vaca. El desafuero había sido aprobado una hora antes por los legisladores federales argumentado un delito de defraudación fiscal de 6,5 millones de pesos, lo que abría la puerta a que la Fiscalía General de la República procediera contra el político del Partido Acción Nacional (PAN), señalado también por lavado de dinero y delincuencia organizada. La decisión evidencia un choque de poderes entre el Cámara baja, encabezada por Morena, y el Congreso de Tamaulipas, dominado por la oposición.
Los diputados locales, en su mayoría del PAN, han decidido que Cabeza de Vaca continúe ”fungiendo en el encargo público para el que fue electo en el año 2016 por la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de Tamaulipas”, según recoge la resolución de los legisladores, publicada poco después de la votación en San Lázaro. El gobernador había rechazado la medida del Congreso federal calificándola de “golpe a la Constitución y a la democracia”. “Es a todas luces un linchamiento político y penal orquestado desde el Gobierno”, ha afirmado. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha referido en repetidas ocasiones al caso para alimentar su narrativa de ruptura con las pasadas Administraciones y lucha contra la corrupción
Los legisladores federales, con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, habían despojado al dirigente del PAN de la inmunidad constitucional que le otorgaba su cargo ciñéndose al delito de fraude fiscal. El expediente penal de Cabeza de Vaca, sin embargo, es más amplio e incluye graves acusaciones de corrupción y delincuencia organizada.
El desafuero, el primero que el Congreso aprueba contra un gobernador, salió adelante en una sesión semipresencial de la Cámara con los votos de Morena y sus aliados y la negativa de la oposición. El partido que sostiene al Gobierno de López Obrador ha calificado a político de “delincuente que ha robado los recursos que le pertenecen al pueblo” y ha añadido que “podría estar involucrado en otras actividades ilícitas, algunas, incluso, vinculadas con grupos de la delincuencia organizada”. El PAN ha acusado a la mayoría de valerse de argumentos que no guardan relación con el proceso y de querer montar un caso político en vísperas de las elecciones del 6 de junio que renovarán también la gubernatura de Tamaulipas. La diputada Adriana Dávila, por ejemplo, ha señalado que la acusación de fraude fiscal se limita a la adquisición de un inmueble en la Ciudad de México.
La carpeta de Cabeza de Vaca se convirtió hace meses en caso nacional por el alcance de las investigaciones y porque el propio mandatario se empleó en darle difusión, solicitando la publicación del expediente completo. En medio, ha habido filtraciones y choques entre el oficialismo y la oposición. La Fiscalía cursó el pasado 23 de febrero a la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero del gobernador para poder interponer una acción penal. Para ello, remitió el Congreso la información correspondiente, que comenzó a estudiar las evidencias y ha tomado una decisión más de dos meses después.
Los investigadores de la Fiscalía atribuyen al dirigente del PAN decenas de propiedades no declaradas tanto en el Estado fronterizo de Tamaulipas como en Texas. La compra de esos inmuebles se remonta, según el expediente, a un período que va de 2005 a 2019, cuando Cabeza de Vaca ya tenía responsabilidades públicas. Las pesquisas, según un documento filtrado en marzo y publicado por Reforma, hacen referencia a propiedades como ranchos, residencias, restaurantes, salas de exposiciones y cuentas bancarias. En su conjunto, esos bienes, declarados a nombre de allegados que actuaron como testaferros, tienen un valor que supera los 951 millones de pesos. Es decir, muy por encima de las propiedades declaradas cuando empezó su campaña para convertirse en gobernador en 2016.
El PRI también se ha opuesto en la Cámara de diputados al desafuero del político, asegurando que la mayoría trató de violar las “garantías institucionales” de Cabeza de Vaca sin suficientes pruebas. “Me opongo a retirar el fuero constitucional a un gobernador sin las pruebas necesarias, repongan el procedimiento, permítanse la reflexión, háganlo bien. No nos pronunciaremos respecto a los hechos delictivos y la responsabilidad que se le adjudican, esa es facultad de la Fiscalía General de la República”, ha afirmado la diputada Claudia Pastor.
López Obrador, que ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal bandera de disputa política, ha utilizado en varias ocasiones la tribuna de sus conferencias de prensa matutinas para pronunciarse sobre el caso. Si para el Gobierno y Morena se trata del enésimo episodio de corrupción del pasado, durante las Administraciones el PRI y más recientemente del PAN, para la oposición el desafuero es el reflejo de lo que consideran una persecución o revanchismo. Los legisladores del Partido Acción Nacional han sacado a relucir, por ejemplo, la gestión de Cabeza de Vaca en Tamaulipas como argumento de defensa. El dictamen del Congreso ha quedado en cuestión de una hora en agua de borrajas y se ha convertido en el enésimo motivo de enfrentamiento entre posiciones políticas. Y ahora también entre poderes del Estado.