* ANTORCHA: EXTORSIÓN
Se asemejan a los grupos aglutinados en el Consejo Agrario Permanente (CAP), cuyas estrategias se modifican cada tres y seis años para extorsionar a los gobernantes en turno, bajo el pretexto de que “mantendrán tranquila a la raza”. Es un corporativismo que todavía no ha sido erradicado. ¿A quién o quiénes me estoy refiriendo? Al movimiento Antorcha Campesina, que en lo sucesivo identificaremos con las siglas AC para fines de redacción. Desde 2014 comenzaron a presionar al gobierno de Morelos, llegando al grado de la extorsión y el chantaje, pero son insaciables. Hagamos cuentas.
En el bienio mencionado les han entregado los siguientes recursos, según versa un informe difundido la víspera por el Poder Ejecutivo. La Secretaría de Obras Públicas les autorizó proyectos por un monto de 14.6 millones de pesos. La Comisión Estatal del Agua (CEAGUA) alrededor de 57 millones más. El Instituto de la Educación Básica (IEBEM) otros 7 millones; y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), casi 4 millones de pesos. En total 83 millones que tal vez ni siquiera pararon en obras de infraestructura o programas sociales a favor de los “antorchistas”, sino en el bolsillo de los dirigentes extorsionadores a cuyo frente todavía se encuentra (a tres décadas de distancia) Aquiles Córdova Morán, y detrás de él varios familiares suyos. Lo anterior puede ser fácilmente comprobado en las hemerotecas.
Historiadores especializados en el agrarismo mexicano ubican el surgimiento de Antorcha Campesina en la Universidad Autónoma de Chapingo, con una mescolanza ideológica. Posteriormente crecieron y se enquistaron en el municipio de Tecomatlán, dentro de la Mixteca poblana, y poco a poco extendieron su presencia en la Sierra Norte. Sus operaciones fueron financiadas por mandatarios poblanos y, como brazo violento del PRI, arremetieron durante décadas contra candidatos opositores al partido tricolor, tal como lo han venido ejecutando en el Estado de México. Gran impulso lo tuvieron en 1988, en los albores del régimen salinista. Raúl Salinas de Gortari y sus amigos utilizaron a AC como mecanismo represor de activistas sociales. Sirvió de manera eficaz para contener a representantes de la izquierda legal.
Pero al paso del tiempo se convirtió en una lucrativa organización con recursos provenientes de empresas “sociales”, dizque autofinanciables, con capacidad para sostener cuadros profesionales, etcétera. Todo ello bajo el cobijo de algunos gobernadores. Y así han querido arraigarse en Morelos, nomás que aquí se toparon con la firmeza de Graco Ramírez. A fin de no reprimir (fuera máscaras) al simulador y chantajista grupo, el gobierno ha accedido a autorizarles determinados proyectos, pero no más. Su clientela sigue siendo gente muy pobre, marginados, precaristas y trabajadores informales, todos ellos manipulables a partir de su necesidad económica.
No son pocos los negocios de AC, logrados mediante concesiones, franquicias o licitaciones, siempre directas, otorgadas al Clan de Aquiles Córdova Morán. La agrupación se sumó en 2012 a la campaña de Enrique Peña Nieto y fue así como consiguió (entre otras canonjías) una considerable cantidad de distribuidoras de hidrocarburos en varias zonas del país. Es alta mafia que, además, recibe subsidios a granel de la Secretaría de Desarrollo Social federal. Ni qué decir de los recursos provenientes del Estado de México, producto de movimientos similares al de ayer en Cuernavaca, donde los “antorchistas” acarreados de otras entidades colapsaron durante varias horas el primer cuadro citadino. Etcétera, etcétera. Conclusión: la conducta de los líderes de AC es equiparable a la de altos jefes del crimen organizado. Insisto: testimonios abundan en las hemerotecas y a las pruebas me remito.