Las instituciones de seguridad en el país, como la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales, las cuales son responsables de la seguridad pública, deben recibir capacitación en materia de uso de la fuerza y derechos humanos para evitar abusos y agresiones innecesarias
La Guardia Nacional mantiene características predominantemente de un cuerpo militar, lo que podría incidir en más escenarios donde prevalezca el uso excesivo de la fuerza, aseguran expertos en seguridad en entrevista con Reporte Índigo.
La capacitación en esta materia por parte de la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad, como las policías estatales y locales, es una necesidad urgente para evitar casos como el de La Boquilla, Chihuahua, o de sexenios anteriores como Tlatlaya, en el Estado de México; Iguala, en Guerrero, o Tanhuato, en Michoacán.
El escenario es adverso si se toma en cuenta que la Guardia Nacional, pese a ser un cuerpo de seguridad pública de carácter civil, está conformada en su mayoría por personal del Ejército y la Marina.
Dentro de las áreas en las que se tiene que mejorar, está la capacitación del personal para que aprenda sobre desescalamiento de la fuerza, es decir, a controlar el estrés en una situación de enfrentamiento para identificar que una vez que el enemigo está desarmado ya no tiene que lanzar municiones, sobre todo de alto poder.
Asimismo, las instituciones tienen que mejorar en materia de transparencia para que cualquier ciudadano, y sobre todo las organizaciones de la sociedad civil organizada, puedan tener información completa acerca de sus acciones para elaborar diagnósticos que incidan en las mejoras de los cuerpos policiacos y evitar así escenarios catastróficos.
La promoción de la cultura de la seguridad pública a través del uso de la fuerza bien regulada es un factor fundamental para el respeto a los derechos humanos.
Diagnostican uso de la fuerza de Guardia Nacional y corporaciones
Reporte Índigo consultó a Juan Manuel Aguilar Antonio y a Miguel Garza, especialistas del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) y del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), respectivamente, quienes elaboran un diagnóstico del uso desproporcionado de la fuerza en nuestro país.
Vivimos un proceso de militarización de la seguridad pública, desde hace bastantes años hemos visto que tenemos complicaciones respecto al control de la incidencia delictiva, el control por ejemplo de las tasas de asesinatos, y eso está muy vinculado con el fenómeno que empieza con la guerra del narcotráfico a partir de 2008
Juan Manuel Aguilar
Especialista de CASEDE
“Han habido muchos esfuerzos por parte de instituciones de seguridad civiles por atender estas problemáticas. La policía Federal fue un esfuerzo muy importante en esta materia, pero a pesar de esto, las estrategias de seguridad siempre han sido fallidas”, considera el especialista de CASEDE.
Lo anterior, en un contexto en el que las Fuerzas Armadas han tomado un papel preponderante en labores de seguridad pública y en otras más que no corresponden a su naturaleza, como el combate a los grupos de la delincuencia organizada, en diferentes puntos del territorio nacional.
Para Miguel Garza, integrante del Instituto para la seguridad y la democracia (INSYDE), es importante contar con una entidad civil capacitada para las acciones de seguridad pública. La cual tendría que estar capacitada para servir a los ciudadanos, y no tanto para mostrar poderío con sus armas de grueso calibre.
“En eso uno ve un salto bien importante entre cuál debería ser la función de una policía civil, de una institución civil, como se supone que es la Guardia Nacional. Está el ejemplo de la Guardia Civil Española, que nace siendo también una institución militar pero ahora tiene unos niveles de legitimidad muy interesantes, muy importantes, y que está orientada a la comunidad. Es decir, es una institución policial que el centro de su diseño es la comunidad”, explica el especialista.
Es muy importante que en este escenario los elementos de todas las corporaciones de seguridad tengan una correcta capacitación en el uso de la fuerza y en materia de derechos humanos que regulen sus intervenciones.
“Es diferente la formación, pero no sólo eso, las instituciones militares son mucho más opacas en términos de rendición de cuentas, de información abierta disponible para revisar actuaciones, la cosa se complica más también cuando se militariza una institución. Y la prueba es que ya reservaron información”, detalla Miguel Garza.
El documento realizado entre ambos especialistas indica que, si bien es cierto que en México se dispone de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF), existe poca información sobre cuáles son los protocolos por los que se rigen las fuerzas del orden —sean civiles o militares—, así como de las capacitaciones que han recibido, en especial aquellas que competen a la reacción en situaciones de combate.
“Hay momentos en los que no se requiere el uso de las armas de fuego, ya que no existe ningún fundamento suficiente para que se acredite su uso de forma adecuada, en especial en situaciones como pueden ser manifestaciones”, explica el documento.