A través de un esquema ajeno a lo que se establece en la ley, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) gastó en 2020 más de 120 millones de pesos -equivalentes a la cuarta parte de su nómina anual- para dotar de celulares a 32 mil jóvenes becarios que llevan educación básica a comunidades marginadas, en algunas de las cuales ni siquiera hay señal.
La institución, entonces dirigida por Cuauhtémoc Sánchez Osio, quien dejó el cargo el 9 de febrero pasado tras ser denunciado penalmente por entregar contratos a modo, no utilizó ninguno de los esquemas establecidos en la Ley de Adquisiciones, sino que depositó el dinero a las cuentas individuales de los becarios y los obligó a adquirir los celulares con un proveedor especifico, además de limitar a cuatro los modelos a elegir.
Al término del año escolar los jóvenes tuvieron que regresar los teléfonos o pagarlos con sus propios recursos si presentaban algún desperfecto, a cambio de quedarse con él.
El esquema usado por el Conafe para la compra de los equipos fue tan irregular que la institución tuvo que emitir en diciembre pasado un comunicado en el que afirmó que no se trataba de lavado de dinero.
Pero a la fecha no ha explicado por que decidió realizar la adquisición a través de un esquema ajeno a la ley, qué ocurrió con los equipos que fueron devueltos por los becarios o qué sucedió con los recursos que éstos tuvieron que pagar de sus propios bolsillos por equipos con daños.