Orquestan un plan desde hace 5 años en Tlalnepantla para despojarlos de sus tierras
Dicen ser acusados de daños en propiedad ajena; les exigen fuertes cantidades como reparación
Comuneros de Tlalnepantla mostraron documentos que los avalan como legítimos propietarios de las tierras de las que pretenden despojarlos.
Cuautla, Mor.- Comuneros de Tlalnepantla denunciaron una red de corrupción en la que aseguran estarían jueces del Tribunal Superior de Justicia, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Regional del Oriente de Morelos y líderes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). Los hombres de campo, con documentos en mano, destacaron que los pretenden despojar de sus tierras, además de que han sido acusados de daños en propiedad ajena, y les exigen fuertes cantidades de dinero como reparación.
Entrevistados en las instalaciones de la Ciudad Judicial de Cuautla, explicaron que este caso inició a partir del 2016, cuando, fueron sorprendidos por la entrada de maquinaria en sus tierras, cuando empezaron a barbechar la zona, sin pedirles permiso. Al intentar oponerse de inmediato, quienes realizaban los trabajos de barbecho los acusaron de despojo y daños por la cantidad de 700 mil pesos, que tendrían que pagar.
Dieron a conocer que quienes están al frente del despojo son Juan “N” y Vladimir “N”, quienes al parecer son los cabecillas de un grupo organizado de despojadores pertenecientes a la UNTA que, bajo el pretexto de desarrollar programas y proyectos temporales de esa organización campesina, solicitan permiso de los comisariados de bienes comunales para ocupar algunas superficies como módulos de pruebas, para después quedarse con los terrenos.
Justo e Hilario Andrade Polanco fueron los comuneros que iniciaron la denuncia en medios, luego de que se quejaran porque los han despojado de sus tierras en el campo o paraje Coculco, de lo cual mostró documento de cesión de derechos de su padre. Detallaron que por los barbechos y la siembra de árboles de manzanas, ya no pudieron seguir trabajando sus tierras, porque “resultó que nosotros, los dueños de los predios, éramos despojadores”.
Relataron que otra implicada es Marisol “N”, quien en el 2016 se desempeñaba como agente del Ministerio Público de Tlayacapan, a quien señalan por, presuntamente, haberse coludido con los despojadores por grandes sumas de dinero para que, en caso de que se presentaran a denunciar el despojo, les voltearan la queja y los señalaran como usurpadores y, así, poderles quitar los terrenos “que les demostramos son de nosotros, porque tenemos las cesiones de derechos”.
Explicaron que la agente del MP no sólo los acusaba de despojadores sino que también escondió las denuncias realizadas, a fin de que no se hiciera la investigación y tampoco pudieran aportar las pruebas de los documentos en su poder. Esa situación se repitió de manera constante, a pesar de que se le dijo a la agente del MP que, porlwey, estaba obligada a dar pase a las quejas y denuncias; no hizo caso alguno.
Al ver que su caso no avanzaba y, por el contrario, estaban por perder su patrimonio, decidieron presentarse ante la Fiscalía Regional del Oriente del Estado, donde la carpeta de investigación empezó a avanzar, sólo que la agente Marisol “N”, se enteró y de inmediato congeló la denuncia por cerca de 8 meses, hasta que los denunciantes decidieron ir más lejos, y se quejaron en esferas más altas de la Fiscalía General del Estado.
Ahí, se ordenó descongelar el proceso para darle continuidad, hasta que tuvieron que enfrentarse a otro muro de corrupción, en este caso, en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde ayer estuvieron a punto de dar un fallo en favor de los despojadores, sin que les dieran a ellos la oportunidad de defenderse. Al manifestarse, para exigir que se les permitiera presentarse las pruebas de descargo, la audiencia terminó por posponerse.
La denuncia de los hermanos Andrade Polanco, destapa una serie de presuntos contubernios y red de corrupción entre agentes del MP, jueces del TSJ y de la UNTA, luego de que otro grupo de comuneros solicitó la intervención del alcalde de Tlalnepantla, quien a su vez pidió la intervención de la Fiscalía General del Estado y, de esta manera, empezar a frenar la podredumbre de Ministerios Públicos, juzgadores y la referida Unión.