La violencia política azotó prácticamente a todo el país, ya que 27 de las 32 entidades registraron al menos uno de los 169 incidentes contabilizados hasta abril por la consultora Integralia, en el marco del proceso electoral 2020-2021.
En ese sentido, Veracruz ocupa el primer lugar, con 24 eventos; seguido de Oaxaca, con 19; Guanajuato, 14; Guerrero, 13; Jalisco, 13, y Baja California, 11, según información y datos de la empresa especializada en riesgo político y conflictividad social, la cual es encabezada por Luis Carlos Ugalde Ramírez.
En contraste, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Querétaro y Campeche no registraron incidentes de violencia política hasta el mes pasado.
De acuerdo con Integralia, buena parte de los incidentes fueron perpetrados por los grupos criminales, principalmente en nueve municipios: Acapulco, con cuatro; San Luis Potosí capital, cuatro; Tijuana, cuatro; Tecate, tres; Ciudad Juárez, tres; Santiago Jamiltepec, tres; Zapopan, tres; Apaseo el Alto, tres, y Oaxaca capital, con tres.
Además, destacó que un alto porcentaje de estos han ocurrido en municipios de menos de 100 mil habitantes, los cuales están alejados de los centros urbanos y tienen poca presencia de fuerzas federales como la Guardia Nacional (GN), Ejército y Marina.
El gran elector
“El crimen organizado necesita controlar gobiernos municipales y estatales, por lo tanto ya es, desde hace tiempo, el gran elector en muchas regiones del país. Hablamos de gobiernos locales, muchas veces con poblaciones menores a los 100 mil habitantes, esto avanza, avanza y avanza”, advirtió Ugalde Ramírez.
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La mayoría de los asesinatos contra candidatos o aspirantes “responden a que no se puso de acuerdo [el crimen organizado] con un contendiente o que un adversario trae intención del voto alta o venganza, puede haber muchas explicaciones del porqué”, consideró el también expresidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE).
De septiembre de 2020, cuando inició el proceso electoral, hasta abril de 2021, la jornada ha dejado 210 víctimas de violencia política, de las cuales 143 fueron asesinadas y el resto, heridas.
Entre las víctimas se encuentran 26 aspirantes a elección popular, 28 funcionarios municipales, 17 exfuncionarios, 14 funcionarios federales y estatales, 10 activistas, cinco excandidatos, cuatro líderes partidistas, cuatro periodistas, así como cuatro militantes de partidos políticos.
Sin embargo, en lo que va de este mes se han sumado los asesinatos de los candidatos del partido Movimiento Ciudadano (MC) a las alcaldías de Cajeme, Sonora, Abel Murrieta, y Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán, respectivamente.
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Además, se añade el secuestro del candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Uruapan, Michoacán, Omar Plancarte, y el atentado a balazos contra el abanderado del partido Fuerza por México a la alcaldía de Acapulco, Guerrero, José Alberto Alonso Gutiérrez.
También están las amenazas del grupo criminal La Familia Michoacana contra la candidata del PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal de Valle de Bravo, Estado de México, Zudikey Rodríguez, quien después de unos días retomó sus actividades de campaña, en eventos restringidos y por redes sociales.
Poco antes, se registraron los homicidios del candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, Ulises Fabián Quiroz, y del aspirante del PRI al municipio de La Perla, Veracruz, Melquiades Vázquez Lucas.
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La candidata del PAN a la alcaldía de Ocotlán, Oaxaca, fue asesinada en un ataque a balazos en la comunidad de Santo Tomás Jalieza; en Tamaulipas, el aspirante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a diputado local, Francisco Gerardo Rocha Chávez, corrió con la misma suerte el pasado 24 de abril.
En abril pasado, el candidato a regidor independiente en Tijuana, Luis Roberto Don Félix, fue privado de la vida por un grupo de hombres armados, y en enero el diputado local por el PAN, Juan Antonio Acosta Cano, precandidato a la alcaldía de Juventino Rosas, en Guanajuato, también fue asesinado.
Impunidad y descoordinación
“La violencia política se refuerza por los altos niveles de descoordinación que existen entre agencias de seguridad y niveles de gobierno, que dejan vulnerables a autoridades y actores políticos frente al crimen organizado, así como a los altos niveles de impunidad”, se agrega en el informe de Integralia.
Para la consultora, la estrategia del gobierno federal no logró una disminución significativa en el número de asesinatos de actores políticos. Además de que, puntualizó, no se anunciaron medidas específicas para capacitar a los elementos de las policías locales, así como de la Guardia Nacional (GN), quienes participarán en estas tareas, “ni para reducir los altos niveles de impunidad que imperan en torno a estos fenómenos delictivos”.