La Guardia será verde olivo o no será
Ayer, el presidente López Obrador confirmó lo que había trascendido de su reunión con empresarios de la semana pasada, que le interesan tres reformas constitucionales más en su sexenio y, entre ellas, es la de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Así lo justificó el Presidente: “no quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder, bueno, al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Y, además, esa policía no cumplió, no actuó con profesionalismo; nunca tuvo el apoyo que necesitaba, los elementos tenían que acampar, ir a vivir a hoteles en situaciones lamentables, nunca se preocuparon… Entonces, no queremos eso, queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no queremos que pase después a Gobernación o a cualquier otra institución y en seis años esté echada a perder. No”. Dijo también que no enviaría la reforma hasta 2023, cuando “acreditemos muy bien” el funcionamiento de la Guardia Nacional.
El anuncio de ayer contradice el planteamiento por el cual se había habilitado por decreto al Ejército como ayudante de la Guardia, planteamiento que de hecho se utilizó para justificar el despliegue militar. En aquel decreto se establecía que “durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor, y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. Pues ni extraordinaria ni regulada ni fiscalizada ni subordinada ni complementaria; la fuerza armada de jefa única.
El anuncio del Presidente, más allá de las especulaciones sobre si tendrá o no la mayoría necesaria para hacerse realidad, profundizará más el control militar cotidiano sobre la Guardia y hará que la Secretaría de Seguridad abandone cualquier intento —no que hubiera muchos— por supervisar y aplicar algún monitoreo civil a sus acciones.
La decisión será seguramente impugnada con base en mandatos de, por ejemplo, la Corte Interamericana, lo que hará que sigamos sin un cuerpo policiaco permanente y, por lo tanto, sin una estrategia de seguridad que al menos apunte a, algún día, comenzar a solucionar la tragedia que vivimos hace lustros.
Carlos Puig
@puigcarlos