Coordinación municipal
El crecimiento de la mancha urbana en Morelos es enorme, pero no va de la mano del desarrollo. Lo primero es natural, no se detiene y avanza por si solo; a veces el crecimiento poblacional es ordenado, pero casi siempre es anárquico por la falta de planeación y de políticas públicas adecuadas. En la zona metropolitana convergen varios municipios, pero sin coordinación institucional más allá de lo básico. ¿Qué sucedería si los alcaldes trabajaran juntos?
Pongámoslo de esta manera: Cuernavaca es la capital del estado, colinda con los municipios de Huitzilac, Tepoztlán, Jiutepec y Temixco; con los dos segundos ya no existe frontera de ningún tipo: se pasa de una circunscripción a otra sin darse cuenta.
Los municipios metropolitanos comparten diferentes problemas y situaciones que se atienden por separado o de manera diferente, dependiendo del gobierno; en todos los casos son reacciones mediáticas de las autoridades porque nadie se ha ocupado de impulsar un plan interinstitucional que coordine trabajos sin violentar la autonomía.
Veámoslo de esta forma: en Cuernavaca, Jiutepec y Temixco se registran un alto número de delitos que tienen que ver con el fuero común y federal y en todos los casos se ha comprobado que los delincuentes pasan de un municipio a otro a delinquir o a esconderse, según sea el caso. Aunque en este momento los tres gobiernos forman parte del Mando Coordinado de Policía, no existen acciones preventivas gubernamentales para inhibir la incidencia delictiva y proteger a sus habitantes en los ilícitos que mas lastiman al ciudadano, porque le pegan directamente en el bolsillo o en su integridad, es decir, los delitos del fuero común.
La coordinación entre autoridades es fundamental más allá del buen trato entre presidentes municipales; particularmente en la zona metropolitana donde hay tres municipios totalmente entrelazados, los cabildos deberían pensar de manera más amplia, tomando en cuenta el contexto general y los beneficios que podrían lograr si en determinadas situaciones se establece un mismo modelo de trabajo.
Veamos un ejemplo simple: en la colonia Atlacomulco de Jiutepec hay problemas en el suministro agua que atiende el sistema de agua potable de Cuernavaca; no solo existe confusión entre algunos vecinos sobre los límites territoriales de sus municipios, tampoco los funcionarios tienen claridad de hasta donde pueden actuar, de ahí que los trabajadores del SAPAC constantemente estén realizando maniobras en este poblado. Este es un asunto menor, pero expone la situación en general: no hay coordinación.
En Temixco existe una pequeña comunidad enclavada en la zona de las lomas y el único lugar desde donde se puede accede por el puente del pollo, en Temixco; se trata de una colonia perteneciente a la capital que muchos la consideran parte de otro municipio. ¿Quién le brinda servicios a esos ciudadanos, Cuernavaca o Temixco?
La falta de coordinación entre autoridades municipales deriva en situaciones como estas, pero alcanza problemas de fondo en toda la zona metropolitana. Ahora que se discute la firma del convenio del mando coordinado de policía sobresale la ausencia de diálogo entre autoridades municipales, lo cual trae como consecuencia que al final el estado imponga sus condiciones sin tomar en cuenta las necesidades particulares de cada ayuntamiento. ¿Qué sucedería si los alcaldes electos hablaran entre ellos antes de firmar?
En los últimos años los alcaldes morelenses han trabajado por separado, casi sin hablarse; cuando los presidentes municipales son amenazados o extorsionados por la delincuencia, como ha sucedido varias veces en los últimos años, lo que se escucha es el lamento generalizado, pero no se ve ningún cierre de filas o acciones solidarias entre los representantes de las comunas.
Derivado de esta falta de trato los presidentes municipales se han convertido en figuras de segundo nivel, sobajadas por los legisladores y poco atendidas por el gobierno estatal. Entre ellos no ha existido comunión ni armonía en el actuar, cada uno pelea por lo suyo y de manera solitaria, por eso casi siempre quedan a expensas de lo que los poderes del estado quieran hacer con ellos. Reitero ¿Qué pasaría si se organizaran y actuaran unidos?
El inicio de las nuevas administraciones abre la posibilidad de que esto cambie, de que la situación mejore y las siguientes autoridades municipales obtengan un trato más justo de parte de los demás. Hay condiciones para que eso suceda porque entre los candidatos ganadores hay algunos alcaldes que repiten en el cargo y en Cuernavaca, llega un personaje nativo del estado, con buena relación con todos y la capacidad de entender la importancia de trabajar coordinadamente.
Si vemos de manera particular el tema de la seguridad, el diálogo entre ediles electos es sustantivo porque podría derivar en un ajuste al convenio policial con ideas que lo fortalezcan y lo ayuden a obtener mejores resultados. Aún sin salirse del plan estatal de Mando Coordinado, la simple unión entre ellos abriría la posibilidad de enriquecer el convenio de manera que tome en cuenta a los ayuntamientos y a sus titulares.
Pero para que esto suceda lo que se necesita es una voz que llame al diálogo y convoque a la unidad, que supere las siglas de los partidos y entienda que juntos se pueden alcanzar mejores resultados en todas las áreas.
En este punto resaltan los nombres de Rafael Reyes y Juan Ángel Flores porque ambos repetirán en el cargo y los dos han hecho un buen papel al frente de sus respectivos gobiernos; también se debe tomar en cuenta a José Luis Urióstegui por razón natural de que gobernará la capital. Y hay que incluir a todos los demás, no importa el tamaño, ni la población, ni los recursos que tenga cada gobierno, porque todos son importantes.
La idea de la coordinación no exime al gobierno estatal, al contrario, derivaría en un trabajo más armónico entre todas las instancias de gobierno para alcanzar mejores objetivos para la población. La idea es simple, es básica, pero hasta ahora nadie la ha llevado a cabo más allá del discurso.
Los problemas vividos por los morelenses en los últimos veinte años son porque somos muy buenos para pelear entre nosotros, pero no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para nada.
Ni siquiera para expulsar a las malas autoridades.
posdata
Los últimos días no han sido sencillos en materia de seguridad en el estado. Los hechos de violencia registrados en la colonia Otilio Montaño de Jiutepec nos hicieron recordar la gravedad del tema y la impunidad como operan algunos grupos delictivos.
Las imágenes que se difundieron son aterradoras no solo por la frialdad con que actúan los asesinos, sino por la crudeza de una realidad que ya nos ha rebasado: después de la agresión los comensales salen tranquilos del lugar, incluso uno de ellos pasa por encima de un herido que se revuelca en el piso sin inmutarse.
Poco a poco este tipo de sucesos nos han dejado de sorprender: hace algunas semanas fue el asalto a los comensales del restaurant La Guelaguetza, luego el triple homicidio en el bar Casa Bacacho, hace unos días la balacera dominical en la calle Galatea… hoy o mañana seguramente veremos algún crimen mas. Y conste que solo hablamos de la capital.
El problema de violencia en el país es sumamente grave y ha rebasado a las autoridades; los números que proporciona el secretariado ejecutivo de seguridad pública son contundentes: durante los primeros 30 meses del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se registraron 30 mil 572 homicidios dolosos en el país; en ese mismo lapso hubo 42 mil 568 en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Con Andrés Manuel López Obrador van 89 mil 041. Y contando.
Ningún gobierno ha podido hasta ahora resolver el problema de inseguridad y de violencia en México; algunas estrategias han sido frontales, como la del panista Calderón y otras pacifistas, como la del obradorista López Obrador. Ninguna ha funcionado y en ambos casos la violencia se disparó.
En Morelos la historia no es diferente: las administraciones han intentado resolver el tema de diferentes formas y siempre han fallado; desde hace nueve años el gobierno estatal tomó el control total de las policías y la situación en lugar de mejorar empeoró; antes los alcaldes lamentaban no poder resolver la incidencia delictiva en sus localidades, hoy hasta ellos son víctimas de la violencia y muchos tienen que pagar derecho de piso o ceder posiciones en sus ayuntamientos a la delincuencia para poder gobernar.
Esta es la realidad que enfrentarán las autoridades electas y por ello es fundamental no solo que se revisen las cláusulas del convenio de seguridad, sino que entre los presidentes municipales exista una coordinación real, para que algunos temas de fondo, como la inseguridad, sean atendidos desde una óptica regional con decisiones estructurales y no como una tarea individual en donde los municipios siempre llevan las de perder.
Si los alcaldes se unen sin duda serán más fuertes. El primer paso es que un presidente municipal tome el liderazgo.
nota
Una cosa más que derivará de la nueva conformación política del congreso local es que ahora será imposible la remoción del fiscal general Uriel Carmona Gándara. Durante tres años los antagónicos del fiscal han intentado removerlo sin suerte, ni elementos legales para hacerlo; ahora con un congreso distinto, la idea se esfuma porque los abogados que llevan los procesos no han sabido sustentar correctamente las carpetas.
Uriel Carmona Gándara se va a mantener en el cargo por todo el periodo por el cual fue designado y ello debe generar preocupación al gobierno estatal porque, en caso de que se formalice el juicio político que algunos diputados electos andan cabildeando ya en contra de Cuauhtémoc Blanco, una parte del proceso pasaría por la Fiscalía.
Veámoslo así: el juicio es un acto legal que se analiza desde un ámbito totalmente político, de ahí su nombre; el proceso lo inician los diputados, pero en él interviene la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, que por cierto tampoco anda muy contento con el ejecutivo porque no les dan los recursos económicos que según ellos, debe recibir en su presupuesto el Poder Judicial.
Los resultados de las elecciones pasadas van a cambiar muchas cosas en el escenario político del estado; el reacomodo de fuerzas marca el arranque de la parte más compleja del sexenio. La bajada, le dicen.
post it
En la recta final de su administración el alcalde de Cuernavaca anunció un nuevo recorte de personal; no aclara el número de trabajadores que serán despedidos, ni la forma como se aplicará el recorte, pero burlonamente refiere que aquellos que serán dados de baja “no nacieron aquí”.
La decisión tomada por Antonio Villalobos, dice, es para sanear el gobierno antes de que llegue la siguiente administración. La pregunta obvia es ¿Liquidará conforme a derecho al personal despedido o como la vez pasada los echará a la calle sin pago alguno, generando con ello demandas laborales que deberán ser cubiertas por el próximo gobierno?
redes sociales
Ahora que terminaron las campañas y quedo comprobado que la guerra sucia en las redes sociales cada vez sirve menos ¿Qué van a hacer con los “ejércitos de boots” que algunos crearon para aplaudir u ofender a sus clientes?
¿Continuarán vigentes los expertos que se presentan como estrategas electorales, operadores políticos, community managers y líderes de opinión?
La elección del pasado 06 de junio fue un tsunami que acabó de golpe con muchos mitos y leyendas. Por obvias razones la próxima contienda se debe diseñar de manera diferente.
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