La crisis de violencia en el país no da tregua y los índices de delitos como el feminicidio, trata de personas u homicidio doloso se disparan, dejando secuelas en el ámbito social y económico; el combate a la inseguridad deberá ser prioridad para quienes asumirán un cargo de elección popular tras haber vencido en los comicios del pasado 6 de junio
Los candidatos que salieron victoriosos en los comicios del pasado 6 de junio y que ya se preparan para asumir sus nuevas responsabilidades, llegarán a sus cargos con un reto enorme por delante: revertir la violencia que azota al país.
Las masacres de Zacatecas y Tamaulipas en días recientes, en las cuales 33 personas resultaron asesinadas, así como el aumento de feminicidios en los primeros cinco meses del año, son solo una pequeña muestra de la realidad que enfrenta México desde hace al menos tres sexenios.
“Entre enero y mayo de 2021 se presentaron 423 víctimas de feminicidio, un aumento de 7.1 por ciento respecto al mismo periodo del 2020. Ocho entidades concentraron el 57.4 por ciento de las carpetas de investigación por este delito en el país: Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Chiapas”
Rosa Icela Rodríguez
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana
Sin embargo, el problema del asesinato de mujeres por el simple hecho de su género, es solo una de las aristas que conforman la violencia y, que al igual que las otras, se ha recrudecido, afectando tanto el desarrollo social como económico del país.
Entre las secuelas derivadas del clima hostil en el territorio nacional está la falta de incentivos para la inversión, así como la presión de Estados Unidos, país que mantiene cerrada su frontera, así como sus alertas de viaje para sus ciudadanos.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a mayo de 2021, se han contabilizado en la República Mexicana 18 mil 715 homicidios, de los cuales, 12 mil 101 fueron dolosos.
El máximo repunte de este delito se vivió durante el quinto mes del año con 2 mil 595 casos, 174 más si se compara con el mismo mes de 2020; le siguió marzo con 2 mil 508, abril con 2 mil 444, enero con 2 mil 332 y finalmente febrero con 2 mil 222.
Por su parte, Jalisco, Baja California, Guanajuato, Michoacán, Estado de México y Chihuahua concentraron el 50.6 por ciento de los homicidios dolosos durante el primer cuatrimestre de 2021.
Lucha sin rumbo
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), acusa que la principal falla de la actual administración a la hora de querer hacer frente a la crisis de violencia por la que atraviesa el país, es no contar con una estrategia de seguridad clara.
“El primer problema es que no existe una estrategia de seguridad en el país. Una estrategia significa tener claros una serie de pasos para alcanzar un objetivo determinado, sin embargo, lo que tenemos hoy, son una serie de esfuerzos aislados que no conducen a ningún lado.
“El despunte de la violencia no empieza en este gobierno, se da particularmente durante los últimos tres años de la administración de Enrique Peña Nieto. No obstante, hoy tenemos un crecimiento significativo.
“Nos encontramos en un momento en donde no sólo estamos hablando de la violencia en torno a los homicidios dolosos, sino que además tenemos serios retos por delante en aristas como la trata de personas, la violación, los feminicidios, las masacres y las desapariciones —las cuales se han multiplicado durante este sexenio-”.
Para poder revertir la realidad que enfrenta México, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, advierte que el Gobierno federal no puede trabajar solo. Tiene que coordinarse con todos los niveles de gobierno y dotar de recursos a las instituciones especializadas en esta materia.
“No puedes pensar que vas a ganar esta batalla por tu cuenta, hay muchos retos que son de competencia local. Se necesita una estrategia que haga copartícipes a diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, por lo que se deben asignar los recursos suficientes, de lo contrario, además de carecer de un plan, las pocas acciones aisladas que se llevan a cabo, tampoco contarán con los recursos para operar correctamente.
“¿De qué te sirve crear una Guardia Nacional, la cual además está llena de deficiencias, si limitas los recursos para la procuración de justicia, de los policías locales y su capacitación. Recortas drásticamente los recursos de la FGR y además reformas su Ley General para ponerla en una situación aún más endeble de la que ya se encontraba?”, cuestiona Rivas.
Rol ambiguo contra la violencia
Para el director general del ONC, la falta de un posicionamiento claro por parte del Gobierno federal en torno a la postura que se debe tomar con los distintos grupos del crimen organizado, dificulta que las autoridades puedan cumplir a cabalidad con sus responsabilidades.
“En este momento, como pocas veces, para alguien que integra las Fuerzas federales debe ser extremadamente difícil saber si puede o no detener a ciertos grupos delictivos debido a que el presidente ha sido muy ambiguo en cuanto al rol que juega el Estado en relación con los delincuentes.
“Para ellos reserva un trato que no le da ni a la sociedad civil, a la cual critica y golpea todos los días, mientras que a los delincuentes les agradece y los felicita por portarse bien en las elecciones”.
Rivas acota que a pesar de que no siempre se puede relacionar de manera directa el aumento de la violencia con el fortalecimiento de las organizaciones criminales, en este caso sí hay una relación muy estrecha.