La crisis profundizó la pobreza en el país y provocó que cayeran en esa condición más personas de lo esperado, debido a la falta de un mecanismo de protección social como un seguro de desempleo o políticas universales de compensación, advirtió Claudia Maldonado, investigadora académica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“Todavía no tenemos el dato duro de la pobreza en el país, pero contamos con evidencia preliminar que el efecto ha sido duro en materia de ingreso y que hay afectaciones naturales visibles en salud y rezago educativo”, indicó la especialista a EL UNIVERSAL.
En 2018 la población en pobreza ascendió a 52.4 millones de personas; sin embargo, para mayo de 2020 el consejo advertía que sin políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio, la cantidad de personas en situación de pobreza por ingreso podía aumentar hasta en 9.8 millones producto de la pandemia de Covid.
En opinión de la investigadora, es muy probable que esta estimación inicial se vea rebasada con la nueva medición de la pobreza correspondiente a 2020, cuyos resultados dará a conocer el Coneval en agosto próximo.
De acuerdo con las estimaciones más recientes, la población en pobreza habrá llegado a 67 millones en marzo de 2021, es decir, 14.6 millones más que en 2018, mientras que, en el caso de la pobreza extrema, prácticamente se habría duplicado, de 9.3 millones que teníamos antes de la pandemia a 18.3 millones, de acuerdo con cálculos del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Ibero.
El Coneval es el encargado en México de realizar la medición de la pobreza multidimensional, que implica el componente de ingreso, pero además la estructura de la carencia de acceso a los derechos sociales básicos consagrados en la Constitución: educación, servicios de salud, seguridad social, alimentación, vivienda y servicios básicos para la vivienda.
En México hay una delgada línea entre la condición de vivir en situación de pobreza y no vivir en situación de pobreza. Para un conjunto significativo de hogares es un cambio marginal, ya sea por efecto de ingreso o por acceso a un derecho social están justo arriba de esos umbrales, pero en términos estructurales tienen vulnerabilidades muy parecidas a quienes están más abajo.
“Lo que reveló la crisis no es tanto los bajos niveles de ingreso, sino la vulnerabilidad de los modelos de la generación de ingreso. Hay algo que tiene que ver con la precariedad laboral y la ausencia de mecanismos de protección social que hacen muy vulnerables, incluso a personas que podríamos imaginar que están muy arriba de un umbral determinado de pobreza por efecto de su ingreso, pero si ese ingreso es variable y, por ejemplo, depende de sectores como el turismo, su impacto en esta crisis fue desastroso para esos hogares”, comentó.
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Explicó que el hecho de que no haya mecanismos de protección, que no exista un seguro de desempleo o políticas universales de compensación ante una emergencia como esta, hace que un grupo mayor haya revelado esas vulnerabilidades que no son nuevas, “lo que sucede es que la crisis las expresa de una manera muy dramática”, subrayó.
Desde una perspectiva de protección social integral, el objetivo de la política pública sería ampliar lo máximo posible la población que no es pobre y no es vulnerable porque tiene acceso a los derechos sociales consagrados en la Constitución y tiene un ingreso que le permite satisfacer las necesidades básicas.
Sin embargo, “lo más probable es que ese porcentaje de personas no pobres y no vulnerables se vea reducido en la medida que se pierda empleo formal y el acceso a la seguridad social, y eso alimenta directamente la identificación de la población vulnerable por carencia social. Entonces, por supuesto ese es un segmento de población que se verá reducido por efecto de la crisis”.
Impacto de la pandemia
En opinión de la especialista, varios factores interrelacionados provocaron que un segmento importante de la población cayera en pobreza: “La pandemia nos agarró en una situación de desigualdades estructurales y de precariedad en el acceso a los derechos sociales: sistemas de salud fragmentados y débiles, modelos educativos con áreas de oportunidad en calidad; un mercado laboral en el que el acceso a la seguridad social formal y las garantías y las prestaciones asociadas se vuelven cada vez más difíciles.
“La lección para México es que la pandemia evidenció las desigualdades preexistentes, lo que hizo vulnerable a un porcentaje muy alto de la población y reveló la necesidad de fortalecer los sistemas de protección social, que están fragmentados, y sin capacidad de proteger a las personas a lo largo de su ciclo de vida, y que no tienen mecanismos ágiles para responder a un shock de este tipo”, destacó la experta.