Vivir entre sangre
La última década ha sido muy difícil para los mexicanos en términos de seguridad; año tras año las cifras aumentan, los récords se baten y la violencia se multiplica a pesar de los esfuerzos institucionales. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que hay más de tres cárteles operando en el país, pero se justifica diciendo que son herencia de administraciones pasadas. La delincuencia no tiene freno y al parecer ha rebasado al estado mexicano.
Las imágenes circulan por todos lados a través de las redes sociales; un día se trata de algún acto delictivo cometido en contra de ciudadanos comunes, como cuando les roban su vehículo con violencia, los despojan de sus pertenencias en el transporte público o los asaltan su negocio. Otro es un ataque directo a la autoridad, como los registrados la semana pasada en el Estado de México cuando un grupo armado emboscó a elementos de la policía estatal o las cada vez más frecuentes matanzas suscitadas en el norte de México, donde las masacres se han vuelto algo cotidiano.
Morelos no escapa a esta situación: desde hace años somos testigos mudos de actos delictivos que nos han robado la tranquilidad, la estabilidad y hasta la libertad. En otros momentos los hechos de violencia se registraban en zonas alejadas de la zona urbana, en colonias populares y ocurrían de noche o en la madrugada; en ese momento pensábamos que la seguridad estribaba en no meterse a esos lugares ni transitar a altas horas de la noche. Ahora todo ha cambiado: la violencia aparece en todos lados, a todas horas y sin importar la presencia de personas inocentes.
En Morelos la violencia nos tomó por sorpresa después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva en el año 2009; a partir de ahí comenzó una descomposición generalizada, comenzamos a ver situaciones inimaginables, hechos de violencia no conocíamos y actos criminales que rompieron la tranquilidad del estado. Todo fue diferente tras la muerte del llamado Jefe de Jefes.
La crisis del 2009 no fue el inicio del problema, pero fue un punto de inflexión que cambió abruptamente las cosas; los conflictos en materia de inseguridad llegaron al estado de la mano del general Jorge Carrillo Olea en 1994, cuando se desataron los secuestros y la procuraduría estatal se volvió el cuartel general de los criminales, después de ahí vinieron todas las demás expresiones de violencia e inseguridad.
Sexenio tras sexenio las autoridades federales y estatales han tratado de resolver el problema, pero en lugar de que las cosas mejoren los problemas aumentan porque en las últimas administraciones ha habido personajes que sirven a grupos criminales. Así pasó con el procurador Carlos Peredo Merlo en el periodo 1994-200; también con Agustín Montiel López en el sexenio 2000-2006; sucedió con Luis Ángel Cabeza de Vaca en la administración 2006-2012 y volvió a ocurrir con José Alberto Capella Ibarra en el gobierno 2012-2018.
La violencia vivida en estos casi treinta años ha cambiado la forma como los morelenses vemos y entendemos las cosas; antes del carrillato no sabíamos lo que era una ejecución, no estábamos acostumbrados a las balaceras ni entendíamos lo que era un jefe de plaza; hoy cualquiera puede explicar de que se trata esto, sabemos la diferencia que hay en el sonido de los disparos de una pistola y de un fusil y nos hemos familiarizado con términos como “levantón” “cobro de piso” y “sicarios”.
La violencia no deja de sorprendernos, pero ya nos acostumbramos a ella; los constantes incidentes delictivos también han modificado la forma como los ciudadanos percibimos los hechos de violencia: hace algunos años cualquier balacera causaba pánico, las ejecuciones provocaban expresiones de repudio generalizado y la lucha por la plaza nos parecía algo inaudito. Ahora existe una reacción distinta: sin dejar de molestar, el ciudadano común ha comenzado a comprender algunos rasgos específicos de la violencia; por ejemplo: cuando se trata de ejecuciones la gente entiende que no son algo fortuito, sino un ataque directo. Y entonces viene el comentario: “en algo andaban metidos”.
El cambio de mentalidad de la gente respecto a la violencia no es bueno desde ningún ángulo, ni debe ser algo a lo que nos debemos acostumbrar. Es cierto que los actos delictivos entre grupos criminales llaman menos la atención que antes porque se han vuelto cotidianos; también es visible que situaciones de sangre donde hay acciones directas contra una o varias personas han dejado de alarmar, porque se entiende que forman parte de la pugna entre grupos. Lo que no ha cambiado ni cambiará es la molestia frente a la delincuencia del fuero común, la que pese a ser menos mortífera afecta de manera directa a las personas comunes y corrientes.
Es ahí donde en Morelos las autoridades deben enfocar su fuerza y su estrategia; ninguna policía municipal, ni siquiera la estatal, está preparada para hacerle frente a los cárteles de la droga; lo que sí pueden hacer es ponerle un alto a la operación de las células criminales que se dedican a robar casas y negocios, que asaltan a las personas en el transporte público, que se roban los autos y se llevan el patrimonio de la gente. En eso sí es posible avanzar.
Hay decirlo con todas sus letras: el estado mexicano está rebasado por la delincuencia organizada, la militarización del país no ha servido para detener la violencia y por el contrario, ha provocado más muertes que nunca. Legalmente corresponde a la federación enfrentar a este tipo de grupos criminales, le toca hacerlo porque ahí está la verdadera fuerza del estado y se tienen las herramientas materiales y humanas necesarias para ir a la batalla. Ni los estados ni los municipios están capacitados ni cuentan con la estructura para hacerlo.
La reflexión sobre el convenio estatal de policía tendría que versar en ese sentido; es ocioso que la policía estatal trate de combatir frontalmente a los cárteles del narcotráfico porque esa no es su labor ni tienen como hacerlo; por supuesto que deben coadyuvar en el tema y coordinarse con las fuerzas federales y militares en la lucha, pero su meta principal debe ser otra, tiene que ser la defensa de la gente frente a los delitos del fuero común, que son, además, los que más pegan en el ánimo y la estabilidad de las personas.
Digámoslo de esta manera: después de casi treinta años de violencia ininterrumpida los morelenses hemos aprendido a cuidarnos solos, a vivir entre balas y sangre, a conocer la forma de operar de los grupos criminales e identificar cuando un hecho delictivo está relacionado con el pleito entre grupos. Insisto: esto no es bueno, pero así sucede.
Lo que más lastima hoy a los ciudadanos son las acciones criminales de aquellos que atentan directamente contra la integridad y el patrimonio de la gente normal, la delincuencia que toca directamente a quienes todos los días salen a trabajar, a los que invierten su patrimonio en un negocio, a los que estiran la quincena para que les alcance y los que buscan de todas las maneras legales posibles salir adelante junto con su familia.
Los alcaldes electos y el gobierno estatal tendrían que reflexionar seriamente sobre esta situación y tomar decisiones en consecuencia. Parafraseando a José Luis Urióstegui hay que aceptar que luego de nueve años sin resultados, no hay razones para suponer que el Mando Coordinado funcionará en los próximos meses.
¿Entonces por qué no revisarlo desde otra óptica? ¿Por qué no hacer un análisis conjunto de situación, sobre las necesidades y sobre los recursos y las herramientas con las que se cuentan?
Por casi una década el convenio de policía estatal ha privilegiado la lucha contra los cárteles por encima de la batalla contra los delitos del fuero común y los resultados han sido malos. ¿Qué tal si ahora les dan un enfoque diferente a las cosas, apuestan por la prevención y canalizan sus fuerzas a combatir a los criminales menores que son, por cierto, los que más daño causan a la gente?
Again ¿Por qué pensar que algo que nunca ha funcionado ahora sí va a funcionar?
posdata
En el diálogo que sostengan las autoridades municipales electas con el gobierno estatal a propósito de la firma del convenio del Mando Coordinado de policía será importante que los ediles dialoguen entre sí y encuentren puntos de coincidencia que impulsen de manera conjunta en el estado.
Es más: el gobierno de Cuauhtémoc Blanco debería ser el promotor de ello, tendría que ser el primero en concientizar a los futuros gobernantes de entrarle desde ahora a la discusión bajo una óptica colectiva, no individual, donde se analice el contenido del convenio y se ajuste de acuerdo con las necesidades y circunstancias de todos.
Viéndolo desde una óptica más amplia la firma del convenio del mando de policía podría ser el punto de partida para que estado y municipios caminen juntos en otros temas, para que de manera coordinada impulsen proyectos regionales y pidan como una sola voz a la federación apoyo en diversos asuntos.
En los últimos años hemos visto alcaldes que destacan por su liderazgo regional, pero ninguno ha querido o ha podido tomar el liderazgo de todos los ediles, de ahí que caminen separados y sean tratados como representantes populares de segunda.
Lo ideal es que alguno de los presidentes municipales tome las riendas de sus compañeros y convoque a la unión y trabajo coordinado. Pero si entre ellos no hay alguien con la capacidad para hacerlo podría ser el propio gobernador o alguien de su gabinete quien impulse esta idea, para generar un frente común a favor del estado.
Cuauhtémoc Blanco ya es gobernador y debe ver al estado y a todos los representantes populares como aliados, sin distingo de colores partidistas. Si lo hace, la segunda mitad de su sexenio puede ser menos trompicada.
nota
El mensaje del presidente municipal electo de Cuernavaca al alcalde en funciones es claro: debe ser responsable en las decisiones que toma. José Luis Urióstegui se refirió al despido de personal que ha ordenado Antonio Villalobos, pero la declaración aplica a todas las decisiones que tome el jefe municipal en los meses que le restan en el cargo.
Despedir personal no es cualquier cosa, implica un costo financiero enorme porque hay que liquidarlos conforme a derecho; no hacerlo representa un problema mayor porque se traduce en demandas que en suma son millones de pesos que el gobierno de la capital no tiene.
José Luis Urióstegui es un buen hombre, pero no es un tipo tonto; la prudencia con la que se ha conducido y el respeto manifestado al edil en funciones no debe confundirse con tibieza o falta de carácter; aunque Villalobos presuma que son amigos y que ya está arreglado todo “para que no pase nada”, la transición será tan tersa como el Lobito atienda correctamente sus responsabilidades como autoridad municipal.
Haga lo que haga, las carpetas de investigación vigentes contra Antonio Villalobos por la comisión de diversos delitos siguen vigentes, pero si en los meses siguientes comete más torpezas como autoridad, aumenta los pasivos por no pagar a los proveedores o esconde bombas de tiempo para que le exploten a la siguiente administración, entonces sus problemas serán mayores.
Algo hay que reconocerle a Antonio Villalobos después de tantas equivocaciones: más que un tipo perverso, es sumamente torpe. Por eso le ha ido como le ha ido.
post it
El jueves por la noche se difundió la noticia de un supuesto plagio cometido al norte de Cuernavaca; los hechos narrados en redes sociales refieren que sujetos armados entraron a una vivienda y se llevaron a una menor de edad.
La historia es aterradora y expone el nivel de inseguridad que estamos viviendo actualmente; el secuestro sigue latente en nuestra entidad desde hace varios años, pero hasta ahora no se había conocido un modus operandi como este.
Ya ni en la casa se puede estar seguro.
redes sociales
Vaya pifia la de Rabín Salazar: confundir a la primera dama con alguien más y postear la foto. Error garrafal.
¡Qué perro oso!
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