En Morelos no pasa nada
Solo hay algo peor que la corrupción: la impunidad.
Desde hace más de dos décadas, los morelenses hemos vivido entre crisis políticas, económicas y sociales; administraciones pasan y las cosas no mejoran, por el contrario, la maldición de que “no puede llegar alguien peor” se cumple cíclicamente en detrimento de la entidad, de las instituciones y de la calidad de vida de los ciudadanos. En medio de todo hay un asunto que se repite por todos lados: la corrupción. Los abusos son permanentes, descarados y representan millones de pesos, pero no importa de qué se trate o quien cometa el desfalco: nunca hay castigo.
Revisemos las cosas desde una visión cronológica: en el gobierno de Jorge Carrillo vivimos un periodo de terror por la multiplicación de secuestros y la complicidad de las autoridades. Fue tan severo el problema de plagios, que la sociedad se organizó, salió a las calles y presionó para que hubiera un cambio de gobierno, pero salvo algunas tímidas sanciones a personajes menores del régimen carrilloleista, no hubo quien pagara por los delitos cometidos.
Luego vino el gobierno de Sergio Estrada, caracterizado por la frivolidad, las ocurrencias y la corrupción; en este periodo se institucionalizaron los abusos, las secretarías se convirtieron en un club de amigos, una especie de concesión privada que servía a los fines e intereses de la clase gobernante. Mucho se criticó la falta de transparencia en el manejo de las finanzas y también se vivió una severa crisis de gobernabilidad cuando el jefe de la policía ministerial fue detenido junto con otro comandante por brindar protección al narcotráfico. La historia fue la misma: salvo los dos policías detenidos por la federación, no hubo castigo.
Llegó la siguiente administración, la de Marco Adame Castillo, un sobrio personaje panista cuya personalidad auguraba tiempos mejores para la entidad, pero no fue así. El primer y más grave error del médico fue que no pudo controlar a su familia, gobernó junto con su esposa y permitió que sus consanguíneos hicieran del gobierno estatal un gran centro de diversiones con negocio incluido. Los excesos fueron del dominio público y pasado el cuarto año se repitió la historia: el secretario de seguridad fue detenido por vínculos con el narcotráfico. El régimen de Marco Adame Castillo fracasó, pero igual que en el pasado nadie pagó por las faltas, ni hubo reparación al daño causado a los morelenses.
Graco Ramírez Garrido tomó protesta y de inmediato prometió que habría castigo a los abusos del pasado, sanciones para aquellos que lucraron con el presupuesto estatal y prisión para los que hicieron de Morelos un narcoestado. El perredista dijo durante los seis años de su mandato que había recibido un gobierno en crisis, con innumerables casos de corrupción y una evidente complicidad con la delincuencia organizada. A pesar de ello nunca hubo sanción para nadie, por el contrario, en esa administración se multiplicaron los excesos, los abusos y como nunca floreció la corrupción.
El de Graco Ramírez ha sido hasta el momento el peor gobierno que ha tenido Morelos en los tiempos modernos, la esposa y los hijos del exgobernador saquearon las instituciones, sus colaboradores se vincularon con la delincuencia organizada y protegieron a grupos criminales. El régimen graquista marcó un antes y un después en la historia de Morelos, los graquistas fueron depredadores, desviaron dinero público, manejaron las finanzas con absoluta opacidad, crearon empresas para hacer las obras públicas y contrataron servicios a sobreprecio. Al mismo tiempo se colocaron en el ojo del huracán por coludirse con grupos criminales y entregar el manejo de las policías a la delincuencia organizada.
Los excesos cometidos en el graquismo le siguen pesando a quienes formaron parte de ese gobierno: el robo cometido fue tan deleznables que provocó la desaparición del Partido de la Revolución Democrática. A pesar de todo lo anterior el exgobernador, su familia y sus aliados siguen libres, tranquilos y con la seguridad de que no les va a pasar nada, porque después de tres años el nuevo régimen no ha podido sancionar a nadie.
La reflexión viene al caso porque estamos a unos meses de que concluyan las administraciones municipales; el relato anterior se refiere solo a los gobiernos estatales, pero lo mismo sucedió en casi todos los ayuntamientos de Morelos.
Municipios como Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Jojutla, Zacatepec o Huitzilac, por mencionar algunos, han sido escenarios de múltiples actos de corrupción que no fueron castigados a pesar de lo evidente. Los alcaldes igual que los gobernadores son protectores unos de otros, en campaña prometen que habrá justicia y condena a los actos irregulares, pero una vez que asumen el cargo se olvidan de sus dichos porque saben que van a hacer lo mismo.
Estas interminables historias de corrupción han lastimado seriamente la imagen de los gobiernos y la credibilidad de la clase política porque además de corrupción, en Morelos vivimos una era de impunidad. La inacción de las autoridades se justifica con la falta de pruebas, aunque a todas luces es evidente la transformación de la forma y nivel de vida de los funcionarios. Digámoslo de esta forma para que quede totalmente claro: muchos funcionarios asumen el cargo con un patrimonio discreto y una forma de vida modesta, pero después de unos años se retiran millonarios, con fortunas inexplicables, fuera de cualquier lógica financiera o tributaria. A pesar de lo evidente ninguna autoridad estatal ha sido capaz de castigarlos.
A las autoridades futuras y al gobierno estatal les debería importar mucho este tema, no solo porque representa un acto de justicia y de congruencia, sino porque en términos políticos puede ser de gran ayuda para fortalecer su imagen y credibilidad. Cuauhtémoc Blanco tendría que cumplir con su promesa de campaña, debe buscar que se aplique la justicia a los corruptos a pesar de todas las trabas que tiene enfrente, porque el cumplimiento de su palabra le ayudaría a recuperar confianza de la ciudadanía.
Para los alcaldes electos también debe un tema prioritario sancionar la corrupción, no solo por el hecho de hacer justicia, sino porque frente a un panorama tan complejo como el que se les avecina el combate a la impunidad es algo que sí tienen a su alcance y socialmente es redituable, especialmente en casos donde los actos de corrupción son evidentes.
Una y otra vez se ha dicho: lo único peor que la corrupción es la impunidad. Morelos se ha convertido en un paraíso de corruptos y zona libre de sanciones para cualquier acto fuera de la ley.
En la tierra de Zapata la omisión se ha convertido en un acto de complicidad. ¿Hasta cuándo?
posdata
Las recientes visitas del gobernador de Morelos al presidente de México provocaron cualquier cantidad de comentarios en el círculo rojo local; más de uno se animó a asegurar que con esto iniciaba su salida del cargo; otros incluso, elaboraron una historia detallada de lo ocurrido, describiendo las caras descompuestas de los funcionarios cercanos.
Cuauhtémoc Blanco salió al paso de los rumores y dijo que tiene un compromiso que cumplir con los morelenses, aunque luego deslizó que en dos años y medio “muchas cosas pueden pasar”.
Personalmente no encuentro hoy ningún elemento sólido para pensar que los apapachos presidenciales al gobernador morelense sean el preludio de una salida anticipada del cargo, pero también entiendo que la política no es, es algo que va siendo todos los días.
Pasada la primera mitad del sexenio se han destapado muchas especulaciones sobre el futuro del régimen, algunos apuestan por su expulsión violenta a través de un juicio político o la revocación de mandato, mientras que otros creen que viene una salida digna, incorporándola al gobierno federal, por su perfil quizá en la Conade.
Todo puede pasar en política, sobre todo con un presidente como Andrés Manuel López Obrador.
Frente a tantos rumores se refuerza la máxima comentada en este espacio desde hace varios días: el jefe del ejecutivo de Morelos tiene que cuidar la gobernabilidad de su gobierno y necesita todos los aliados posibles.
Lo que viene no será fácil.
nota
Lo dicho: los problemas legales del alcalde Antonio Villalobos siguen vivos y pueden complicarse en las semanas siguientes. Hace unos días el Tribunal Superior de Justicia de Morelos revocó la orden de un juez de liberar al exsubsecretario de protección civil de Cuernavaca Gonzalo Barquín Granados, acusado junto con el presidente municipal de Cuernavaca por el delito de cohecho.
Derivado de esta determinación judicial la FECC tiene la posibilidad de solicitar nuevamente la orden de aprehensión en contra del acusado.
Esta es solo una de las varias denuncias que existen en contra del edil capitalino, quizá la menos compleja. Existe otra carpeta de investigación en la que un extrabajador lo acusa de corrupción y declara como en dos ocasiones lo acompañó a la agencia de motocicletas Harley Davidson, en donde adquirió dos unidades y pagó en efectivo más de 600 mil pesos por cada una. En esa carpeta también se expone la compra de varios vehículos de lujo y diversas propiedades inmobiliarias en Morelos y Guerrero, incluyendo departamentos en el centro comercial Averanda y el puerto de Acapulco.
Antonio Villalobos Adán debe ser muy cuidadoso de las decisiones que tome en los últimos meses que le quedan como autoridad municipal; hasta ahora enfrentar los procesos abiertos en la Fiscalía Anticorrupción no ha sido sencillo, lo han puesto contra la pared y le quitaron muchas horas de sueño, pero tiene el halo protector de la presidencia municipal. Después del 01 de enero será un ciudadano más, sin acceso a los recursos materiales, humanos, económicos y políticos que tiene ahora y en ese punto, además, deberá rendir cuentas de lo que hizo su administración durante tres años.
La determinación tomada por el tribunal superior de justicia en el caso Barquín no es cualquier cosa y no puede pasar desapercibida por los presidentes municipales de Cuernavaca (el actual y el electo); amen de lo que implica la decisión judicial, el hecho tiene una evidente connotación política que toca a los dos ediles, Villalobos y Urióstegui, uno porque es parte de las denuncias y el otro porque recibirá un municipio plagado de problemas.
Antonio Villalobos Adán llega al final de su encargo sin aliados, con pocos amigos y sin nadie que quiera meter las manos por él. Muchos se beneficiaron económicamente de sus decisiones, compartieron su poder y se regodearon con el fuero, pero cuando el final se acerca poco a poco se quedará solo, con muchos problemas que resolver y cero posibilidades de volver a participar en el servicio público.
¿Así se imaginaba el Lobito que sería el final de su gobierno?
post it
Conozco a la familia Bahena desde hace muchos años. Al primero que conocí fue a Rafa, con quien tuve el gusto de trabajar en el Diario de Morelos, luego me topé con Chava y con Don Salvador, su papá y al final a Fernando; todos ellos fotoperiodistas, buenos amigos y excelentes personas.
Durante más de tres décadas la vida me ha dado la oportunidad de topármelos en diferentes lugares y momentos, hemos compartido espacios, comidas y bebidas; siempre han sido iguales: gente decente, extraordinarias personas.
Hoy me entero que el menor de los hermanos, Fernando, falleció de manera inesperada en un partido de fútbol, su gran pasión; me dicen que estaba jugando, se sintió mal, salió del campo y sufrió un infarto fulminante.
No tengo palabras para expresarle a la familia Bahena, mis amigos, el pesar que me causa lo ocurrido; la vida es inesperada y se nos puede ir en cualquier momento, por eso debemos vivirla intensamente cada segundo.
Abrazo con cariño y respeto a los Bahena, a todos, especialmente a Don Santi, a Rafa y a Chava.
Abrazo también a Gigio, quien ahora junto con su mamá cuidarán desde el cielo a la familia.
redes sociales
Jiutepec tiene un nuevo jefe de policías, se trata del comandante Jaime Mateos, un hombre conocedor de la materia, avecindado en el municipio y respetado por sus habitantes.
Su nombramiento sin duda es una buena noticia para ese municipio.
Ojalá este perfil tuvieran todos los jefes policiacos municipales.
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