Manejo criminal de la salud pública
El 1 de julio, el remedo con que pretende suplir al “neoliberal” Seguro Popular, nombrado Instituto de Salud para el Bienestar (ni modo que para el malestar) informó que “está garantizado el abasto de medicamentos para el sector Salud del país, incluyendo medicamentos oncológicos que se utilizan en el tratamiento de los diferentes padecimientos de cáncer”.
Antier, sin embargo, su gente andaba rastreando en Veracruz a dónde fueron a parar las medicinas que el 24 de junio fueron entregadas a la Secretaría de Salud del estado, según les aseguró a padres de niños que de manera por demás criminal han sido privados de insumos imprescindibles para su tratamiento contra su letal enfermedad.
La afirmación del comunicado de principios de mes y el desconocimiento, una semana después, de si habían o no llegado a los hospitales de destino, retrata la ineficiencia del engendro conocido como Insabi.
El desabasto de medicamentos y materiales en el sistema público nacional de salud no se limita a los productos con que se combate el cáncer infantil, sino a otras medicinas e insumos necesarios para atender otras muchas enfermedades, como el propio Instituto confiesa cuando enlista los que tiene convenidos con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, de empleo común en las especialidades de neumología, psiquiatría, ginecología, cardiología, nefrología y oncología para mayores de 15 años.
A casi tres años de su atropellada creación (surgió sin tener claras ni detalladas sus funciones), el Insabi ha dado tantas muestras de bisoñez que será imposible cumplir el compromiso presidencial de que las instituciones públicas de Salud, a finales del sexenio, brindarán un servicio similar al de las mejores “de los países nórdicos”.
En lo que respecta a los medicamentos, el viento de la desgracia (García Márquez dixit) para los mexicanos que no pueden pagar un servicio privado, o sea la mayoría, comenzó a soplar cuando el gobierno recurrió a la ONU para adquirir más baratos los medicamentos que anteriores gobiernos, con o sin raterías y por más deficiencias que tuvieran, garantizaron siempre para los necesitados.
Lo hizo montado en prejuicios ideológicos y acusaciones de corrupción en el sistema de adquisiciones, pero no ha explicado por qué no hay una sola acción penal contra los deshonestos en la burocracia, en los laboratorios o en las empresas proveedoras.
Se ufana el Insabi de que ahora son 100 los supuestos honrados y no 10 los alevosos proveedores de antes.
Ajá.
¿Quién de sus íntegros y austeros machuchones tendrá el valor de decirle a una madre o padre de criaturas en riesgo de morir por falta de sus medicamentos ‘que le eche ganas y aguante’ hasta que llegue lo que necesita porque para su tratamiento se dio mayor importancia a la pendejada de que las adquisiciones se hicieran con honradez?
El fracaso del Insabi es evidente.
Ojalá que los más de 200 amparos judiciales prosperen hasta propiciar órdenes de aprehensión para los irresponsables. _
Carlos Marín