Libertad inmediata para Brenda Quevedo Cruz
La mujer fue trasladada a las Islas Marías a pesar de no estar sentenciada.
Un avión de la Procuraduría General de la República (PGR) aterrizó la tarde del martes 12 de octubre de 2010 en la pista del campamento Nayarit, ubicado en el antiguo reclusorio federal de las Islas Marías.
Bajaron de la nave tres sujetos de entre 30 y 35 años que libraron los controles sin que quedara registro formal de sus nombres ni de sus rostros.
Guardan, sin embargo, memoria del hecho varios funcionarios que en aquella época administraban dicha prisión.
Un vehículo oficial les condujo a través del campamento Aserradero, luego atravesaron otro de nombre Buganvilias, hasta que llegaron a la Playa Delfines. Ahí se encontraba un puesto de control adscrito a la Marina de México, recientemente remodelado.
A ese lugar se le conoce como Punta del Morro, porque frente a esa costa alejada existe un islote blanqueado por excremento de pájaro.
Gracias a ese montículo cubierto por montones de guano, Brenda Quevedo Cruz pudo identificar el lugar donde fue torturada.
Seis días antes, la mujer había sido trasladada a las Islas Marías para apartarla del ojo público a pesar de que no debía estar ahí, ya que dicha prisión tenía como reclusos únicamente a personas sentenciadas, lo cual no era su caso.
No se habituaba aún a su nueva circunstancia cuando, la madrugada del miércoles 13 de octubre, dos custodias ingresaron a la celda donde se encontraba y casualmente hallaron unos comprimidos de Rivotril, recetados antes por un médico para ayudarla a dormir.
La supuesta posesión de narcóticos ilegales fue el pretexto para sacarla del campamento Buganvilias y conducirla al puesto de control de la Playa Delfines, donde la esperaban sus verdugos.
Apenas llegaron, las dos mujeres custodias la entregaron a los sujetos que horas antes habían aterrizado en Islas Marías montados en una avioneta de la PGR.
En ese puesto de control Brenda Quevedo iba a sufrir una de las peores experiencias de su vida.
Cuenta que fue recibida por varones cuyo rostro estaba cubierto, quienes se identificaron como enviados de Isabel Miranda de Wallace. Sin rodeos le advirtieron que no iba a salir de esa construcción si antes no firmaba una declaración confesando su participación en el secuestro y descuartizamiento de Hugo Alberto León Miranda.
A pesar del terror que la invadió, Brenda Quevedo se negó en redondo a la petición. En respuesta los sujetos la desvistieron, la envolvieron en cobijas viejas que luego mojaron y comenzaron a golpearla sin misericordia.
La brutalidad cortó varias veces su respiración y provocó dolores que tardarían meses en desaparecer del cuerpo y que ocho años después permanecen aún en el alma.
El momento peor de aquella tortura fue cuando uno de esos sujetos introdujo su puño en las partes íntimas de la víctima.
Una eternidad transcurrió en la cabeza de Brenda hasta que por fin aquellos hombres la devolvieron a las autoridades de las Islas Marías, representadas por las dos guardias que aguardaron con complicidad fuera de las instalaciones de la Marina.
Quedó registro de este episodio en la investigación que después iniciaría el órgano desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, entonces encabezada por Genaro García Luna.
Paradójicamente, 60 días después de tal arbitrariedad, Isabel Miranda de Wallace recibió, de manos del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el Premio Nacional de Derechos Humanos.
Once años han pasado desde que ocurrió esta atroz historia y quizá, por fin, Brenda Quevedo vaya a encontrar justicia.
El próximo viernes 16 de julio se celebrará una audiencia crucial para su caso. El juez que lleva la causa habrá de resolver la petición que ha hecho el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) respecto a su liberación inmediata.
Pesa con gravedad, entre otros argumentos, la opinión 45/2020 del grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas que recomendó al gobierno de México reconocer a Brenda Quevedo como víctima de tortura y otros tratos inhumanos y también otorgarle la libertad que arbitrariamente perdió desde el año 2007, cuando fue detenida en Kentucky, en Estados Unidos.
Afirma en sus alegatos el IFDP que las recomendaciones del grupo de trabajo contra detenciones arbitrarias de la ONU son vinculantes —obligatorias— para la justicia mexicana y que, por tanto, el juez estaría forzado a proceder coincidentemente.
Existen antecedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a dicha obligatoriedad ya que, en otros casos relacionados con desaparición forzada, los ministros de la Primera Sala reconocieron el valor máximo que los juzgadores deben otorgar a este tipo de opiniones.
Aunque la historia de terror ocurrida en octubre de 2010 en las Islas Marías es extraordinaria, no lo es la privación sistemática de la libertad a la que son sometidas miles de mujeres en nuestro país con argumentos criminales fabricados, muchas de las veces —igual que le sucedió a Brenda Quevedo— a través de tortura sexual y psicológica a manos de verdugos que, sin máscara, atienden como funcionarios y con ella se convierten en temibles bestias de la edad media.
El trabajo que está haciendo el IFDP, en particular la secretaría técnica de ese organismo en materia de tortura, podría marcar la diferencia para todas esas mujeres encarceladas injustamente por el poder machista y patriarcal que aún persiste en las instituciones mexicanas responsables de procurar e impartir justicia.
Ricardo Raphael
@ricardomraphael