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Decretan culpabilidad de cuatro personas por homicidio de activista

Un tribunal de juicio oral declaró a cuatro indígenas
tlapanecos como responsables del homicidio del
activista e integrante del Frente Popular Revolucionario (FPR)
Gustavo Salgado Delgado, que ocurrió el 3 febrero de 2015.
Por unanimidad, el tribunal, integrado por Jesús Valencia Valencia,
María Luisa Rodríguez Cadena y Gabriela Acosta, declaró
la culpabilidad de Elidio Marcelino Mateos (35 años),
Héctor Marcelino García (35), Victorino Marcelino Ortega (50)
y Víctor Marcelino Mateos (25), por el delito de homicidio calificado,
en agravio del activista.

El próximo jueves 4 de agosto se realizará la audiencia de individualización
de la pena que, de acuerdo con el grado de participación
en los hechos, se fijará a cada uno de los sentenciados.

Mientras integrantes del FPR y de la asociación civil “Gustavo
Salgado Delgado” festejaron el fallo judicial, la defensa de los
sentenciados adelantó que apelará la sentencia.

La desaparición de Gustavo Salgado Delgado fue reportada la
noche del 3 de febrero de 2015; horas después, la Fiscalía Regional
Oriente, junto con la Policía de Investigación Criminal y apoyo
de fuerzas federales, inició un operativo de búsqueda que
concluyó con la localización del cuerpo decapitado del activista
y la detención de los ahora sentenciados, tras un cateo a un
domicilio que se ubica en el municipio de Ayala.

Primero, los cuatro hombres fueron detenidos por resistencia
de particulares y posesión de un vehículo de procedencia
ilícita, pero posteriormente el agente del Ministerio Público
les imputó la participación en el homicidio.

La Fiscalía General del Estado descartó el móvil político en el
homicidio del activista y atribuyó como principal móvil del
crimen “un conflicto de interés”, por la disputa de unos predios
en la comunidad de “El Chivatero”, en el municipio de Ayala.

Tras el homicidio de Gustavo Salgado escaló el conflicto en
esa comunidad, ante la rivalidad entre el grupo denominado
“Los Marcelinos” (al que pertenecen los sentenciados) y el
Frente Popular Revolucionario, del que formaba parte el activista
que fue asesinado.

Ambos grupos se acusan de agresiones y lesiones, por lo que han solicitado
la presencia de la Policía y el apoyo de fuerzas federales
ante los ataques mutuos.

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