Acciones y reacciones
Ponerle precio a la cabeza de alguien no es cualquier cosa.
El lunes al medio día la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz ofreció medio millón de pesos por información que ayudara a la captura de Francisco Javier Rodríguez Hernández, conocido con diferentes sobrenombres, entre ellos “El Señorón” y “El Colombiano”; el gobierno hizo pública la identidad de esta persona y mando colocar anuncios en lugares públicos para que todos lo identificaran. La noche del martes un grupo de sujetos no identificados trataron de incendiar uno de los espectaculares que mostraban el rostro del líder. La historia apenas va comenzando.
El hecho que la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo ponga precio a un líder criminal llamó la atención porque nunca un gobierno en Morelos había actuado de esta forma y porque aunque el fiscal estatal dijo que existen otras siete figuras por las cuales también habrá recompensa, en este momento las baterías del estado se han enfocado solo en uno.
Para todos queda claro que la estrategia estatal de seguridad está comenzando a cambiar, quizá porque finalmente las autoridades de los tres niveles de gobierno han aceptado que el plan no está dando los resultados esperados, tal vez porque las recientes oleadas de violencia ameritaron un endurecimiento de la actuación policial o porque, como lo señalan algunos observadores del tema, “algo pasó” y ahora ese grupo se ha convertido en un objetivo prioritario para las autoridades.
Sea cual sea la razón del cambio de estrategia es predecible que habrá una reacción a las acciones emprendidas por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco; la primera señal se dio apenas unas horas después de que se formalizara la recompensa por El Señorón, con el intento de incendiar uno de los cárteles en donde se promocionaba. Este hecho no puede pasar desapercibido por las autoridades porque aunque digan que no se dejarán amedrentar o que el hecho no evitará “que se continúe el combate a la delincuencia de manera frontal y constante”, deben estar alertas porque ésta podría ser la primera consecuencia de varias acciones que deriven de la recompensa.
Veámoslo de esta forma: antes de que las autoridades hicieran pública la información personal del presunto líder, para la mayoría de los ciudadanos nos era desconocido su rostro y en muchos casos hasta sus sobrenombres; para quienes no nos movemos en ese ambiente las figuras de El Señorón, el Colombiano y el XL eran distintas, es decir, suponíamos que se trataba de tres figuras diferentes; ahora que el gobierno estatal aclara que se trata de la misma persona y hace pública su fotografía, la identidad del personaje ha sido develada.
Más allá del precio fijado por las autoridades y la eventual respuesta que haya es claro que la identificación pública de la persona obligará al presunto líder a moverse con mucho más cuidado que antes y a desconfiar hasta de los propios, porque a diferencia del pasado reciente ahora lo han colocado en un escenario en donde cualquiera lo puede señalar, principalmente aquellos que se mueven en su mismo ambiente o son sus rivales.
El tema no es exclusivamente policiaco, porque como hemos visto en el pasado, cuando las autoridades radicalizan su postura contra un grupo de la delincuencia hay reacciones violentas que afectan a la sociedad y a veces provocan los llamados “daños colaterales”. Aún sin recompensa ya ha ocurrido en el pasado y los morelenses hemos visto como las acciones criminales se radicalizan.
Supongo que al momento que el gobierno estatal tomó la decisión de ponerle precio a la cabeza de este personaje tomó en cuenta todos los factores que ello puede traer implícito y además lo hizo en coordinación con los otros niveles de gobierno. Enfrentar a un grupo como el que presuntamente encabeza Francisco Javier Rodríguez Hernández no es sencillo tomando en cuenta lo que la propia policía refiere de ellos: son fuertes, cuentan con armas de alto poder, son muchos y son responsables directos de la violencia en la zona metropolitana del estado.
Para que el cambio de estrategia no fracase el llamado hecho por el gobernador Cuauhtémoc Blanco a las autoridades municipales a sumarse a la búsqueda de la paz en el estado necesita ir más allá del discurso, debe acompañarse de acciones concretas que permitan alcanzar los objetivos y también que anticipen las posibles reacciones que habría de parte de los grupos criminales. Declararle la guerra a un cártel es sencillo, pero enfrentar las consecuencias no lo es y genera un enorme derramamiento de sangre.
Hoy estamos viendo hoy es una nueva etapa en el plan de seguridad estatal; lo vemos a lo lejos y por encima, se percibe que algo ha cambiado, pero solo quienes intervienen directamente en él saben el alcance de los ajustes al plan. Lo que los ciudadanos comunes tenemos a la vista es un movimiento drástico, una acción sin precedentes que eventualmente provocará la participación de alguien que reaccione a la recompensa, pero no vemos el escenario completo ni sabemos de que forma se ha preparado la autoridad para iniciar esta nueva etapa.
La oferta de dinero en efectivo es una acción llamativa que sin lugar a duda provocará reacciones y obligará a todos los miembros del gobierno estatal a moverse con más prudencia y sobre todo a buscar el apoyo de las fuerzas federales, porque la peligrosidad del personaje en cuestión está fuera de dudas.
Morelos tiene, según lo dice el propio gobernador Cuauhtémoc Blanco, una fuerza policial que no supera los 3 mil 500 elementos; muy poco si se considera que somos alrededor de un millón de habitantes. Este personal policiaco tiene a su cargo las labores de prevención del delito en los 36 municipios de la entidad, las tareas de reacción inmediata ante cualquier acto criminal, pero una parte importante de estos uniformados están en la Policía Industrial Bancaria. Para dimensionar de qué estamos hablando hay que tomar en cuenta que la capital del estado tiene el mayor número de elementos activos, que en números no rebasan los 200 policías; esto para atender a una población que ronda entre las 450 y 500 mil personas.
El punto es uno: ahora que el gobierno estatal ha modificado la estrategia de seguridad y le puso precio a un presunto líder criminal, lo que se debe esperar es una reacción violenta de parte del personaje señalado y de su grupo.
La pregunta natural es ¿Están las autoridades listas para la eventual reacción que habrá a su recompensa?
posdata
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado hasta el cansancio que su gobierno no enfrentará de la misma manera que en el pasado a los grupos criminales; ayer dijo que en administraciones anteriores las cosas estaban tan mal que era difícil distinguir en donde terminaba la delincuencia y en donde empezaba la autoridad.
La lucha contra los grupos criminales asegura, es atendiendo el origen, tomando en cuenta que los capos y los sicarios (sic) son personas que merecen respeto y atención a sus derechos humanos. La idea es buena desde un punto de vista romántico, pero nada efectiva si observamos el resultado de su estrategia. Los primeros tres años de este régimen han sido mucho, pero mucho más sangrientos que los de cualquier gobierno anterior a pesar de los múltiples programas de apoyo económico directo a las personas implementados por la actual administración; los índices criminales no disminuyen, por el contrario, aumentan.
Hay razones que nos permiten entender el porqué de ello: la pobreza y la falta de oportunidades obligan a muchas personas a delinquir, pero el origen y funcionamiento de los grupos criminales y cárteles del narcotráfico no está en la pobreza del pueblo, como lo afirma románticamente el presidente.
Los grupos criminales manejan miles de millones de pesos al año, se mueven al margen de la ley y de los estándares de moralidad que pregona nuestro presidente y no les importa que los vayan a acusar con sus mamás. Los abrazos que propone López Obrador suenan bien en un discurso pacifista, pero no resuelven la situación delictiva. Dicho con toda claridad: a estos grupos y capos no les interesan los apoyos económicos ni las oportunidades de trabajo del gobierno, ellos ganan millones de pesos todos los días y ningún discurso moralista los hará dejar el negocio.
Por esta razón el trabajo que tienen que hacer los gobiernos estatales y municipales debe ser distinto, sí atendiendo las causas, pero tomando en cuenta que todos los esfuerzos que se hagan en ese sentido tardarán décadas en dar frutos. Lo urgente, lo prioritario, es encontrar una estrategia mediática que ayude a contener el avance de la criminalidad, que disminuya los niveles de violencia y ayude a pacificar el territorio nacional.
La lucha contra la inseguridad se tiene que dar en dos planos: de fondo, abriendo oportunidades de empleo y desarrollo a la gente que delinque, y de forma, con un planteamiento más efectivo que involucre a todos los que intervienen en el proceso; es importante generar más oportunidades para los sectores más desprotegidos, pero también necesitamos policías mejores preparados y autoridades judiciales que no sean cómplices de los criminales.
Lo que se vive en Morelos en materia de inseguridad es delicado, aunque no tan grave como en otros estados. Aún estamos a tiempo de evitar que seamos un narcoestado gobernado por grupos criminales, como sucede en muchas regiones del norte y sur del país; para ello se requiere que los alcaldes y el gobernador se pongan de acuerdo, dialoguen y busquen soluciones de manera conjunta.
El modelo del mando coordinado de policía ya no puede ser una imposición, tiene que ser un plan que funcione con la participación del estado y de los municipios, que atienda las necesidades de cada región y se comunique de mejor manera. Digámoslo más claro: para que funcione, el mando coordinado que se firme con los próximos ayuntamientos debe ser un traje a la medida de cada municipio, que además obtenga un voto de confianza de la sociedad. No más, pero tampoco menos.
nota
El panista Ángel Adame dice que las reuniones los diputados electos han sido informales y no para discutir la conformación de los órganos de control de la siguiente legislatura; al menos eso es lo que cree o eso ha pasado en las citas a las que ha sido convocado.
Lo que se escucha en los pasillos de poder es totalmente distinto a lo que afirma el también empresario restaurantero; los diputados electos sí están discutiendo lo que harán cuando tomen protesta del cargo, sí hablan sobre los órganos de control parlamentarios, las presidencias de las comisiones y la línea política que tendrá la siguiente legislatura.
Ángel Adame es neófito en política y no pertenece a ningún grupo político importante; lo mismo que Andrea Gordillo son personajes que ganaron una elección por las circunstancias, pero están lejos de ser actores principales del siguiente parlamento.
La conducción del congreso morelense estará en los excalcaldes, esos que algunos comienzan a llamar los “súperdiputados”, políticos con experiencia, con liderazgo y conocimiento de la administración pública. Morena será pieza central de la cámara por el número de curules que tiene, no por la habilidad de sus representantes.
En la 55 como en todas las legislaturas veremos a diputados que van a sobresalir por su liderazgo, por su trabajo, por su temperamento, por su personalidad, por su carisma o por sus locuras; otros simplemente estarán ahí y como ha ocurrido en los últimos años, serán aves de paso en la vida pública.
La diferencia entre unos y otros radica en lo que quieran hacer como representantes populares: dinero o carrera política.
post it
Pongámosles nombre a las cosas: en la siguiente legislatura hay que observar con atención a Agustín Alonso, Francisco Sánchez, Luz Dary Quevedo, Alberto Sánchez y Ulises Pardo; por su experiencia y habilidad también a Eliasib Polanco, Ariadna Barrera, Tania Valentina, Paola Cruz y Julio César Solis.
Los primeros, los excalcaldes, son líderes en sus regiones y tienen proyección política para el futuro. Si la lógica prevalece, la siguiente legislatura será mejor que la actual.
redes sociales
El alcalde Villalobos llegó con una mano adelante y otra atrás, pero se retira millonario. No es secreto de donde surgió su fortuna.
El manejo financiero de Cuernavaca ha sido desastroso en los últimos años y hay culpables de ello. La pregunta es: Quién pagará los platos rotos ¿La administración que se va o la que llega? ¿Asumirá José Luis Urióstegui las responsabilidades legales y administrativas del Lobito?
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