Las sanciones firmes contra funcionarios de la Administración Pública Federal detectadas por la Secretaría de la Función administración alcanzan los 3 mil 059 Pública (SFP) en esta millones de pesos, sin embargo, los altos niveles de impunidad y la falta de denuncias en los casos de corrupción predominan en el país
Si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuviera reunido el dinero de las multas firmes que ha aplicado a funcionarios a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), tendría 3 mil 059 millones de pesos.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, es una suma similar al presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) establecido para este año en 3 mil 030 millones de pesos.
La cifra se desprende de una base de datos entregada por la Función Pública en una solicitud de acceso a la información en la que se destacan las multas con carácter de firmes, es decir, que no fueron impugnadas o que ya pasaron por ese proceso y los inculpados tendrán que pagar porque ya no se puede interponer ningún medio de defensa.
La mayor parte de las sanciones, que en total suman tres mil 292 casos, no son merecedoras de un castigo económico, no obstante, hay megamultas que alcanzan los 446 millones 180 mil 640 pesos, como son dos casos en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos suscitados en el año 2019 y que tuvieron resolución el 3 de diciembre de 2020.
En la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (Sagarpa) hay otra megamulta por 213 millones 452 mil 801 pesos por una negligencia administrativa que fue resuelta el 20 de enero de este año.
Asimismo, este Gobierno sancionó en la Comisión Federal de Electricidad a funcionarios con una multa millonaria que asciende a 152 millones 682 mil 267 pesos por una negligencia administrativa cuyo proceso inició en el año 2012 pero su resolución se realizó el 8 de diciembre de 2020.
Otra de las multas grandes se suscitó en Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V. en la que funcionarios se hicieron acreedores a una sanción por 110 millones 323 mil 810 pesos en un proceso que se inició en 2018 y cuya resolución en un tribunal de la Función Pública se obtuvo el 18 de enero de 2021.
La información de la Función Pública no revela los nombres de los inculpados porque establece la ley en materia de protección de datos personales.
Hay muchas sanciones que están marcadas con el número “0” y en otros casos sólo aparece una casilla vacía. La sanción que menor cantidad de recursos presenta es una negligencia administrativa en el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) con un monto de 696.37 pesos mexicanos, de acuerdo con la información.
“La búsqueda de la información se realizó en todas las áreas administrativas que componen la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Interés y la Dirección General de Responsabilidad y Verificación Patrimonial”, explica la Secretaría de la Función Pública.
Aunque la gran mayoría se trata de casos de los últimos dos años, hay procedimientos iniciados desde 2011 en el listado.
No todo es dinero en sanciones a funcionarios
Cuando se sanciona a los funcionarios públicos no sólo se les castiga con una multa económica, a veces se les inhabilita para poder desempeñar un cargo en el servicio público.
“Habrá casos en los que un funcionario cometa alguna falta, como no presentar a tiempo su declaración patrimonial, y entonces esto no es el gran caso de corrupción pero eso sí es bueno que se sancione, obviamente, entonces habrá muchos castigos en donde sólo se amoneste, se inhabilite o donde sólo haya un multa, dependerá de la falta en específico y entonces sí tendríamos que ver si es proporcional.
“Si estamos hablando de un caso de soborno y que se dirigieron contratos de obra pública, por así decirlo, y sólo se inhabilita, entonces no estás atendiendo la sanción económica que daría el beneficio del contrato. Entonces, van a variar mucho y es normal que haya esta variación. Lo importante es entender si se está atendiendo una sanción proporcional a la falta”, explica Pablo Montes, coordinador Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En el caso de la base de datos entregada por la Función Pública, carece de ese nivel de desglose en la información proporcionada a través del sistema de transparencia.
Edgar Morín, escritor y sociólogo egresado de la UNAM, explica que lo lamentable es que a veces -por todos los procesos de defensa e impugnación que tramitan los inculpados, y por otro lado las débiles investigaciones para sostener la culpabilidad, hacen que la recuperación de estas estafas a veces sea más cara para el Estado mexicano.
“Tres mil millones es una buena cantidad, pero como en casi todos los contratos el detalle viene en la letra pequeña y esta letra pequeña es importante, cuánto de esto se cobra, cuáles son los mecanismos que tendrían los deudores para ampararse, no pagar, o reducir las multas. Es decir, todos esos procesos legales hacen que de pronto cobrar esa multa finalmente pueda resultar más oneroso para el Estado”, afirma el autor de “Crímenes de cuello blanco” (Grijalbo, 2019).