Siete dependencias del gobierno federal se dedican al espionaje
Detrás de una exageración suele haber una gran mentira. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró esta semana que en su gobierno no se espía a nadie; también afirmó que no existen instancias como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) o “la policía secreta.”
Ambas afirmaciones son falsas: el gobierno de la República espía y cuenta al menos con siete dependencias cuya labor requiere de información obtenida sin consentimiento de las personas observadas a través de métodos sofisticados de penetración o infiltración discreta.
Es cierto, como afirma el Presidente, que el Cisen no existe con ese nombre, pero es una mentira que haya desaparecido. Los objetivos, las instalaciones, el personal, el equipo y todo el conjunto de activos que antes pertenecían a esa dependencia, con la actual administración pasaron a manos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Dirige actualmente esta instancia el general de división en retiro Audomaro Martínez Zapata.
El CNI mantiene como misión proponer al gobierno federal medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas a la seguridad. Infantiliza suponer que puede cumplirse esta misión sin contar con datos secretos obtenidos mediante diversas prácticas relacionadas con el espionaje.
La inteligencia depende de información cierta y ésta no crece en los manzanos ni en las higueras.
Las Fuerzas Armadas mexicanas también tienen al menos tres oficinas dedicadas a producir inteligencia y por tanto utilizan el espionaje como insumo. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuenta con la Sección Segunda de Inteligencia y la Sección Séptima de operaciones contra el narcotráfico. Ambas unidades están coordinadas por lo que se conoce como el Sistema de Inteligencia Militar (SIM) cuya tarea central es combatir a las organizaciones criminales dedicadas a la producción y trasiego de droga.
Una instrucción principal para el SIM es “penetrar en el tiempo y el espacio para afectar el punto de equilibrio de la organización o grupo delictivo.”
Estos términos, un tanto rocambolescos, son los utilizados en la jerga militar para referirse precisamente al espionaje.
Además de estas dos instancias adscritas a la Sedena existe la Unidad de Inteligencia Naval (UIN) que depende de la Secretaría de Marina. Ella proporciona información para las labores desempeñadas por la Armada de México.
La UIN cuenta con un reconocido grupo de espías dedicados a la contra-inteligencia, es decir, son agentes que espían a los agentes.
La reputación de esta unidad en el extranjero es tan elevada que suele destacarse la confianza existente entre las agencias estadunidenses, en particular la CIA y la DEA, y la UIN de la Marina de México.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se creó también la Dirección de Inteligencia de la Guardia Nacional. Desde esta instancia se celebran estrategias discretas para la obtención de información relativa a las redes criminales que operan en todo el territorio nacional y cometen delitos previstos por el Código Penal Federal.
Otra dependencia que también realiza tareas equiparables al espionaje es la Agencia de Investigación Criminal (AIC) adscrita a la Fiscalía General de la República. Esta dependencia, junto con el Cisen y la Sedena, adquirió en administraciones anteriores el célebre software Pegasus.
Por último, realiza igualmente acciones calificadas como de espionaje la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A partir de información proporcionada por instancias homólogas en el extranjero y también gracias al monitoreo de millones de operaciones financieras que ocurren dentro de territorio nacional, la UIF espía con el propósito explícito de combatir el lavado de dinero y también la comisión de actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos.
En resumen, hay por lo menos siete agencias del gobierno federal que practican el espionaje para producir inteligencia destinada a prevenir riesgos y amenazas contra la seguridad nacional.
En esto México no se distingue del resto de las naciones modernas que experimentan desafíos muy complejos y cada día más sofisticados por parte de los enemigos de la democracia y la libertad.
Sin embargo, a diferencia de otros países, México no cuenta con una legislación rigurosa, tampoco con protocolos de actuación, mucho menos con sistemas de control que aseguren, por un lado, una justificación incontrovertible sobre las razones por las que se decide espiar a una persona y, por el otro, que verifiquen la legalidad de la actuación de las dependencias dedicadas al espionaje.
Éstas son las dos razones por la que el espionaje gubernamental no tiene límites en nuestro país. El affaire Pegasus demuestra que, en vez de perseguir terroristas, pederastas o secuestradores, las dependencias dedicadas al espionaje pueden penetrar la intimidad de periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y, tanto o más grave, de familiares de estas mismas personas.
La arbitrariedad con que se deciden los objetivos por parte de las agencias espías es un problema de los gobiernos previos y si no se acota con precisión legal, lo seguirá siendo para esta administración y las que vendrán después de ella.
También es grave que las dependencias dedicadas al espionaje no rindan cuentas ante ninguna autoridad electa. En la mayoría de las naciones democráticas existe una comisión de personas legisladoras que es última instancia a la hora de verificar la legalidad de las tareas y responsabilidades de las dependencias dedicadas a producir inteligencia para el Estado.
Este es el pendiente más preocupante respecto al espionaje del gobierno mexicano. Sus operadores han actuado con total impunidad porque nunca han pagado costos por su actuación ilegal.
No se puede combatir el espionaje ilegal negando que haya inteligencia de gobierno, tampoco mintiendo con que las instancias dedicadas a esta actividad desaparecieron. Lo que se requieren son mecanismos estrictos y creíbles de control y verificación sobre esta actividad tan controversial como necesaria.
@ricardomraphael