¿Qué tan difícil es manejar la policía?
Las tareas de seguridad no son sencillas; políticamente hablando hunden gobiernos.
La discusión policiaca está en la mesa: el secretario de gobierno se ha sentado con casi todos los alcaldes electos y entre los temas que han abordado está el convenio de mando coordinado. A las próximas autoridades les corresponde la decisión de continuar dentro de este plan de seguridad o recuperar el control de su policía; hasta ahora solo José Luis Urióstegui ha dicho que quiere manejar la seguridad de su municipio. Si se aviva, el gobierno estatal le toma la palabra y deja a Cuernavaca fuera del MC.
Tener la responsabilidad de prevenir y combatir el delito en el estado es una carga que ningún gobierno ha podido aguantar en los últimos veinte años; desde hace nueve el manejo de las policías está en manos del gobierno estatal y la situación en lugar de mejorar ha empeorado. Graco Ramírez implemento el proyecto de Mando Único de policía y Cuauhtémoc Blanco le cambió el nombre a Mando Coordinado, pero en el fondo se trata de lo mismo.
Hagamos memoria de lo que ha pasado con la seguridad y su manejo en los tiempos recientes:
Jorge Carrillo Olea es un experto en seguridad, se formó en el ejército mexicano y se especializó en temas de seguridad nacional durante toda su vida; transformó la vieja Dirección Federal de Seguridad en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ocupó la titularidad de la subprocuraduría de combate al narcotráfico en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y luego llegó a Morelos como gobernador.
En la década de los noventas no había nadie tan especializado en materia de seguridad como Jorge Carrillo Olea; el general no solo dominaba la materia desde la óptica militar, se había especializado en el área civil, con conocimientos y preparaciones en el extranjero de lo que se tenía que hacer para combatir a los grupos criminales y pacificar al estado mexicano. Con todo su background Jorge Carrillo Olea fracasó como gobernador porque no pudo pacificar Morelos.
Desde entonces hasta la fecha hemos visto pasar gobernadores, alcaldes y jefes policiacos que dicen saber cómo resolver este problema y aseguran que con sus conocimientos lograrán hacer lo que otros no han podido; una declaración por su misma arrogante. Los últimos veinte años la historia ha sido la misma, los delitos no solo continúan, se multiplican porque cada vez aparecen nuevos grupos criminales sin que nada ni nadie pueda evitarlo o contenerlos.
Desde el discurso y la teoría la solución parece sencilla; los expertos de papel hablan de cuadrantes policiacos, de botones de pánico y módulos de seguridad cerca de las zonas de más alta incidencia delictiva, de patrullajes, capacitación, armamento y mucha participación ciudadana; suponen que sus ideas son inéditas, que nadie antes que ellos las han tenido y por eso el problema no se ha resuelto.
En la lucha contra la inseguridad es importante considerar algo: los grupos criminales evolucionan, no es lo mismo la delincuencia que vivíamos el siglo pasado que la actual; igual que todo, las bandas se han modernizado, utilizan diferentes métodos para operar y todas las herramientas tecnológicas que tiene a su alcance. Más aún: hoy tenemos cárteles del narcotráfico, bandas especializadas en diferentes delitos, células delictivas que operan en paralelo y tienen protección de distintas instancias gubernamentales.
¿Es todo? Por supuesto que no: además de lo anterior los grupos criminales tienen mejor armamento que las policías, en muchos casos superan en número a las corporaciones y tienen, por si fuera poco, una enorme capacidad económica para comprar equipo bélico y tecnológico que les ayude a delinquir y también para corromper autoridades.
El problema de la inseguridad es sumamente complejo, por eso ningún gobierno federal, estatal o municipal ha podido contenerlo en los últimos años; en México pasamos de una estrategia frontal como la de Felipe Calderón que le declaró la guerra al narco, a un plan con objetivos prioritarios y ataque a las fuentes de financiamiento, como sucedió con Enrique Peña Nieto hasta un plan pacifista de abrazos y no balazos con Andrés Manuel López Obrador.
Los resultados de cada estrategia se pueden medir en el número de homicidios cometidos en cada administración: 32 mil 587 muertos en el sexenio del PAN; 55 mil 103 muertos en el sexenio del PRI; y 91 mil 092 muertos (y contando) en lo que va del sexenio de Morena. Las cifras son proporcionales en muchos estados, incluyendo Morelos: la violencia en lugar de aminorar crece cada día.
Utilizar la inseguridad como bandera de campaña ha sido algo recurrente en los últimos años, porque se trata de un problema vigente, complejo e irresuelto. Graco Ramírez decía saber cómo resolver el problema y como gobernador se allegó de especialistas en la materia, como Javier Oliva Posadas; en ese sexenio se destinaron miles de millones de pesos en infraestructura, equipo y capacitación a los cuerpos policiacos, se contrataron a especialistas y se nombró al frente de la policía a un personaje polémico y duro que, además sabía manejar bien los medios de comunicación.
Era tanta la confianza que tenía el gobernador perredista en sus ideas y las de sus asesores que se puso a si mismo un plazo para pacificar el estado: 18 meses. En ese gobierno se construyó uno de los centros de comando más modernos del país, se rentaron cientos de patrullas nuevas, dos helicópteros y se invirtió en despachos de manejo de crisis para atender el tema desde todos los ángulos. El fracaso del plan fue rotundo: Morelos nunca salió del top ten de criminalidad y a la vuelta del tiempo supimos que como en el pasado, las autoridades del estado se coludieron con el narcotráfico.
A sabiendas de todo lo anterior los futuros alcaldes, salvo Urióstegui, no quieren meterse en camisa de once varas con el manejo de la seguridad. A todos les queda claro que el plan no funciona, que el estado está rebasado por la delincuencia y que el principal problema para dar la batalla a la inseguridad gira en torno a la falta de recursos económicos y humanos.
“Es suicida pedir el regreso de la policía, me contó recientemente un alcalde electo; ¿Cómo la voy a manejar si no hay dinero, equipo, ni policías? No tenemos patrullas ni armas suficientes, nadie quiere ser policía porque se les paga muy poco y el riesgo es muy alto y tener nuevamente la responsabilidad nos pone contra la pared, porque cualquier incidente violento se convertirá en un problema social y político para el ayuntamiento. Manejar nuevamente la policía implica, además, modificar sustancialmente mi forma de vida y la de mi familia, porque los cárteles me buscarán y tratarán de ejercer presión a través de la gente que quiero”
Con Graco Ramírez el control de las policías a través del mando único fue un gran negocio, porque al hacerlo se hizo del manejo de los recursos federales destinados a la seguridad. Hoy eso ya no es posible porque Andrés Manuel López Obrador desapareció esos fondos y dejó sin los recursos del Foseg (y otros) a los estados y a los municipios.
Quien maneje las policías hoy lleva las de perder, porque enfrenta un enemigo que lo supera en número en una competencia desigual; explico: en la entidad operan al menos ocho cárteles, cinco de los cuales tienen presencia en la capital y mientras los policías y los funcionarios públicos dan la cara, los delincuentes se ocultan en el anonimato y actúan a sus anchas con el apoyo de servidores públicos, políticos, policías, empresarios, comunicadores y diversas figuras de la sociedad.
Políticamente hablando tener el control de la seguridad es un suicidio, porque la apuesta se basa en resultados y estos son muy difíciles de obtener en este terreno. Pacificar el estado o algún municipio no es un asunto sencillo, depende de muchos factores y en lo que respecta al gobierno demanda mucho dinero que hoy no se tiene.
Recurrir a otros argumentos para tratar de resolver el problema suena bien en el discurso, pero es falso, porque casi todo concluye en el terreno financiero; todos los programas preventivos, todas las estrategias de inhibición del delito, las campañas de participación ciudadana y el equipamiento tecnológico representa dinero y ese es el elemento que más falta en este momento en la entidad.
Peor: se puede modificar la estrategia, se puede cambiar la narrativa y se puede convocar a la sociedad, pero en el momento de que ocurra un incidente violento como cualquiera de los muchos que hemos visto en los últimos años todo se vendrá abajo y la gente reaccionará en contra de la autoridad responsable, no importa que tenga o no la culpa.
El debate por el control de la seguridad está en marcha y en el discurso de muchos alcaldes aparece la advertencia de dejar el convenio de mando coordinado si no hay ajustes a su operación; todos blofean, quienes lo tienen y quienes lo piden de regreso, al final de lo que se trata es de un juego de toma y daca para negociar y llegar a un punto que convenza a ambas partes. Nada de que sorprenderse o preocuparse, así es el diálogo político.
El único que habla en serio cuando dice que quiere de regreso el control de la policía es José Luis Urióstegui y en el gobierno estatal ya se dieron cuenta de ello. Si el alcalde electo insiste en el tema el siguiente paso de la administración de Cuauhtémoc Blanco es obvio: le van a entregar la policía y entonces todo lo que suceda en Cuernavaca en materia delictiva será responsabilidad directa del ayuntamiento.
¿En serio los alcaldes quieren echarse esa carga encima?
posdata
La nueva legislatura va tomando forma y los personajes que tomarán las riendas están a la vista; el próximo congreso tendrá más personalidad que el actual, habrá diputados más experimentados y una agenda legislativa más consistente que la presente.
Los futuros representantes populares, dicen, no llegan con la espada desenvainada, pero están listos para bailar al son que les toquen; el llamado a dialogar lanzado al ejecutivo la semana pasada debe ser atendido con seriedad.
Que los poderes del estado se entiendan civilizadamente es lo que más nos conviene a todos.
nota
Dos aspectos son claves para que la administración de José Luis Urióstegui sea exitosa, independientemente del plan de gobierno y de los resultados que alcance: el combate a la impunidad y el manejo de la seguridad.
En primer punto está a su alcance y puede concederle un amplio margen de operación, empieza con la revisión exhaustiva de lo que se hizo en el gobierno saliente y el inicio de procesos administrativos y penales en contra de quienes desviaron recursos o abusaron del cargo.
En Cuernavaca el robo es evidente: Antonio Villalobos y sus amigos se enriquecieron a costa del erario, utilizaron la ciudad como negocio y al ayuntamiento como botín; el daño que causaron a la capital no se contabiliza solo en dinero, también existe una severa afectación al medio ambiente, a la infraestructura y a los servicios, sin contar con la entrega de algunas áreas del municipio a la delincuencia.
Al gobierno entrante le toca actuar en consecuencia, so pena que de no hacerlo se volverá cómplice; es tanto y tan severo el daño que esta administración ha provocado a la ciudad que no actuar provocaría una enorme molestia social y colocaría al nuevo gobierno en el mismo nivel de corrupción que sus antecesores. En otras palabras: o actúan o pagan los platos rotos.
El tema de la seguridad se debe abordar con mucho cuidado, por supuesto que se debe hacer un cambio en el convenio de mando coordinado, otorgando a la autoridad municipal voz y voto en los procesos, pero de ninguna manera Urióstegui se debe quedar con el manejo directo de la policía, porque cualquier crisis lo colocaría en una situación de la que posiblemente no le será posible salir.
Igual que en Jiutepec, en Cuernavaca el alcalde debe intervenir en la designación del secretario, debe estar al tanto de la estrategia y tiene todo el derecho participar en la toma de decisiones, pero salirse del convenio de mando coordinado sería un suicidio político, porque no hay forma de que el problema se resuelva en el corto plazo.
Por muchos años José Luis Urióstegui ha sido un experto teórico en materia de seguridad, ahora le tocará tomar decisiones en la vida real.
post it
Así lo publicó ayer Reforma en la columna Templo Mayor: “Ya está listo el dictamen que será entregado a la comisión permanente a fin de que se convoque a un periodo extraordinario con el fin de proceder contra ambos legisladores (Mauricio Toledo y Benjamín Saúl Huerta) y contra el procurador de Morelos…
El dictamen sería en el sentido que el fiscal de Morelos no goza de fuero, lo cual abriría la puerta al ministerio público federal para continuar con el proceso que sigue en contra de Uriel Carmona y judicializar la carpeta.
La historia sigue.
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Algo hay que agradecerle a la administración de Graco Ramírez y a sus gracobots: nos enseñaron que las cuentas sin rostro y los boots no sirven para nada, ni influyen en nadie.
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