Una fiscalía que chapalea en el lodo
Es tal el interés de la comisión de la verdad y la fiscalía especial del caso Ayotzinapa por inventar una versión al gusto de los detractores de la “verdad histórica”, sobre la matanza de 2014, que sus “investigadores” chapalean en agua sucia para pepenar “testigos” como Juan, segundo mote del apodado El cabo Gil, Gildardo López Astudillo, quien también fue “protegido” por la extinta PGR para elaborar la narrativa que condujo al basurero de Cocula.
Lo que queda claro en el reportaje de mi compañero Alejandro Domínguez es que este delincuente, corresponsable directo del asesinato de los 43 normalistas, se exhibe como un mentiroso “testigo” de oídas, reseñando fantasiosos “hechos” que contradicen sus primeras declaraciones.
A la historia ya sabida de la participación en el crimen de los policías municipales de Iguala, Cocula y quizá Huitzuco; de la banda Guerreros Unidos y hasta un par de policías federales, el sujeto añade como actores al entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, a la policía estatal de Guerrero y al Ejército, con lo que se delata que la fiscalía especial trata de complacer las distintas demandas de quienes quieren inculpar al gobierno de Ángel Aguirre y al de Peña Nieto para construir un colosal “crimen de Estado”.
Los nada confiables “trabajos” de la comisión y el MP cuatroteístas para dar una falaz “nueva información”, lo único que hacen es pervertir las investigaciones de 2014 que nadie ha logrado desmentir, así como las hechas por la desaparecida Oficina Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el caso Iguala.
El Gil era el jefe de la banda y de los sicarios de Guerreros Unidos (como consta en las grabaciones de Chicago interceptadas por la DEA). Su testimonio carece de sustento jurídico porque todo lo que afirma, según dice, “lo escuchó de” o “se lo oyó decir” a quienes se le ocurre.
Para inventar una verdad alterna, la fiscalía procura, a través de El Gil, satisfacer los apetitos políticos de Vidulfo Rosales y el centro Tlachinollan, que no quieren que se diga que otra narcobanda, la de Los Rojos, tenía infiltrados en la normal de Ayotzinapa (dice que “se revolvieron”), e insisten en inculpar a los militares; al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que apetece un “crimen de Estado a toda costa”, y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se resiste a responsabilizar al Ejército, institución en que se apoya para sus obras prioritarias.
En su perversidad intelectual, a los fabricantes de la “nueva verdad” se les olvida que los tacos de lengua de su “testigo” son imposibles de demostrar, como por ejemplo que a muchos de los normalistas se les incineró en uno o varios crematorios de Cocula. Tampoco que los cuerpos de otros fueron disueltos en ácido.
Y donde queda encuerada la patraña es en “el testimonio” de que toda la operación contra los normalistas fue comandada por el jefe de la policía municipal de Iguala, que inclusive le daba órdenes al comandante del cuartel militar…