El miércoles negro de AMLO
Ayer los datos de su propio gobierno le callaron la boca al presidente.
Durante meses presumió que las familias mexicanas no resintieron los efectos económicos de la pandemia por los programas sociales de su gobierno.
Durante meses, los especialistas le contestaron que, a diferencia del mundo, México no implementó programas especiales de alivio económico para la población.
Durante meses, el presidente les reviró que el “modelo mexicano” para contrarrestar la crisis —que el gobierno no se endeude para ayudar a la gente con ese dinero— es un éxito.
Ayer, el INEGI reveló el diagnóstico de la encuesta sobre los ingresos y gastos de las familias mexicanas para el 2020. Fue un miércoles negro para López Obrador. Los datos de una institución de su propio gobierno lo desmintieron categóricamente:
El 10% de la gente más pobre de México se empobreció más que todos. Así que lo de “primero los pobres” es un mito: los más pobres fueron los más golpeados. Y López Obrador ni metió las manos para defenderlos.
La gente gastó 40% más en salud. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno fracasó en su obligación de brindar protección de salud a los ciudadanos. Eso que tanto presume el presidente es una mentira: la gente se tuvo que rascar con sus propias uñas… consultas, tratamientos, medicinas, oxígeno… cada quien tuvo que conseguir (y pagar) por su cuenta.
Y eso que la encuesta se empezó a levantar en agosto del año pasado, es decir, sólo considera el primer tramo de la fatídica pandemia. O sea que la cosa está aún peor.
El miércoles negro de AMLO no quedó ahí.
El director de Pemex, Octavio Romero, tuvo una llamada con inversionistas para tratar de convencerlos de que Pemex no es una porquería. Un día antes, Moody’s había rebajado la calificación de los bonos de Pemex a basura. Romero no ofreció una ruta para salir del hoyo. Los inversionistas colgaron aterrados.
Se les dijo, se les avisó. Que no apoyar a la gente en la pandemia empobrecería a los mexicanos. Que el manejo de Pemex era pésimo. Ya ni Moody’s.
SACIAMORBOS.— La semana pasada le informé de una cena en Nuevo León en la que se vieron el gobernador electo, Samuel García, su esposa, la influencer Mariana Rodríguez (señalada por el INE), y tres magistrados del tribunal electoral federal que tendrán que analizar su caso. Cuestioné si esto no vulneraba las formas que debían guardarse en el proceso post-electoral.
Muy respetuosamente, los magistrados Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes me enviaron una carta para confirmar que se llevó a cabo esa cena. Explican que fueron más funcionarios y que “la reunión a la que usted se refiere se dio en el marco de un foro de actualización de los tribunales electorales correspondientes a la Segunda Circunscripción Plurinominal, durante el que hubo una interacción conjunta entre los asistentes y en ningún momento se trataron temas de interés electoral particular con el gobernador electo de Nuevo León ni con su esposa”.