Los magistrados señalan que la presidencia del Tribunal Electoral debe ser ocupada por una persona “que asegure la eficiencia, respeto, independencia e imparcialidad del órgano. Alguien cuyo actuar y decisiones sean consistentes con el fortalecimiento de la institución que preside”.
Según el Acuerdo del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado José Luis Vargas Valdez fue removido de la presidencia de dicho Tribunal, misma que ocupaba desde el pasado 3 de noviembre de 2020, debido a que “incumplió con las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias a su cargo.
Los magistrados Janine M. Otálora Malassis, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante González y Reyes Rodríguez Mondragón, estipulan que desde el inicio de la presidencia aludida se advirtieron diversas inconsistencias, tanto en el turno de los medios de impugnación, como en la discrecionalidad e inconsistencia al momento de turnar asuntos con vinculación.
Dichos magistrados se manifestaron públicamente en contra de diversas decisiones tomadas unilateralmente por Vargas, al considerar que incidían de forma negativa en la impartición de justicia respecto a asuntos urgentes y no abonaba a la seguridad jurídica ni a la confiabilidad de la institución.
Entre esas decisiones se encuentran:
El diferimiento de la sesión programada para el 22 de abril de 2021, en la que se verían los asuntos relacionados con las candidaturas a la gubernatura por Morena, de Guerrero y Michoacán, la cual fijó para el 27 de abril sin previo aviso a sus pares.
El 18 de mayo del año en curso, se emitió el oficio TEPJF-SGA-4155/21 por el que, por instrucciones del presidente del Tribunal Electoral, se solicitaba conocer el sentido de los votos de los integrantes del Pleno de forma previa a las sesiones públicas, a lo cual los magistrados mencionados alegaron que eso “además de no tener fundamento legal, atentaba contra su autonomía e independencia” como juzgadores, además de que “anulaba la deliberación judicial”.
El 5 de mayo de este año, en sesión privada, al solicitarle discutir sobre la remoción de los titulares de la Secretaría y Subsecretaría de Acuerdos, por diversas irregularidades en cuanto al desempeño de sus funciones, el magistrado presidente se negó a discutir el tema y dio por terminada la sesión desconectando la videoconferencia.
El 22 de junio del año en curso, la UIF presentó una denuncia contra Vargas Valdez por una red de empresas fachada con las que se presume que trianguló depósitos al extranjero.
Asimismo, al revisar 168 boletines emitidos desde el inicio de su presidencia, se detectó que éstos cubren sus actividades de forma mayoritaria (35.16%).
Los magistrados acusan que Vargas Valdez obstruyó las labores académicas de la Escuela Judicial al suspender un foro aduciendo el estatus del semáforo epidemiológico, pero sin tomar medidas en otras áreas del Tribunal.
En la sesión pública de resolución del 28 de julio, Vargas Valdez “descalificó la forma de votar de diversos integrantes del Plano al llamarles “manada”, por lo que se alteró el orden que por disposición legal se debe seguir en las sesiones públicas”. Ante lo cual los magistrados le solicitaron se condujera con respeto. Con esto, además de incumplir ocn la Ley Orgánica, “también violentó los artículos 2.1, 3.4, 3.6 y 4.3 del Código Modelo de Érica Judicial Electoral, así como 3 y 4 del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación”
Ese mismo día, en una nota periodística se denunció que áreas administrativas bajo el cargo de Vargas Valdez aplicaban de manera forzosa la prueba del polígrafo, lo que en ocasiones llevaba al despido del personal.
El 30 de julio se dio a conocer que un juez de control ordenó a la FGR reabrir la investigación de la UIF sobre el patrimonio del magistrado presidente José Luis Vargas Valdez.
Al considerar que el titular de la presidencia de la Sala Superior es electo por el Pleno de entre sus miembros y que “la presidencia de un tribunal es un cargo fundamental para el funcionamiento efectivo de una instancia judicial independiente y en apego a una impartición de justicia pronta y expedita”, debe ser ocupada por una persona “que asegure la eficiencia, respeto, independencia e imparcialidad del órgano. Alguien cuyo actuar y decisiones sean consistentes con el fortalecimiento de la institución que preside”.
Existen elementos que evidencian que el magistrado Vargas Valdez incumplió con su deber de vigilar el buen desempeño del Tribunal, así como de llevar el orden de las sesiones públicas.
La gravedad de lo observado exige que se tomen las medidas necesarias para “garantizar las condiciones que permitan el correcto funcionamiento del Tribunal, para garantizar la debida impartición de justicia y protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía”.
A nivel constitucional, los jueces electorales están regidos por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, así como de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones”, por lo que su actuación debe aparecer sin sujeción a alguna influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, a fin de generar la confianza y legitimidad suficientes en la judicatura en su conjunto.
Por ello, ante el riesgo de transgredir el principio de imparcialidad en la actuación del Tribunal Electoral en su conjunto, así como el principio de certeza y seguridad jurídica “es necesario remover al magistrado José Luis Vargas Valdez de la presidencia del Tribunal”, señalan los magistrados, lo cual no implica una suspensión o inhabilitación para el desempeño de las funciones jurisdiccionales “puesto que las y los magistrados electorales únicamente pueden ser separados de su cargo mediante el procedimiento establecido en el art. 110 constitucional.
Esta determinación se aprobó por unanimidad de votos de los presentes: Janine M. Otálora Malassis, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante González y Reyes Rodríguez Mondragón, ante la ausencia de los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso y del propio José Luis Vargas Valdez, quien ha dicho que impugnará la decisión.