Explosivo y doble desafío
Con uno de los mayores consumos de gas en el mundo (solo en hogares, 80 por ciento lo utiliza), la crisis desatada por el encarecimiento, la fijación de precios oficiales, el cierre de las plantas y el paro iniciado el martes por los distribuidores constituye una crisis que amenaza convertirse en el mayor de los problemas sociales de cuantos azotan el país.
La industria cuenta con 33 plantas de almacenamiento, mil 200 centros de distribución, cuatro mil 700 estaciones de servicio y 35 mil camiones de reparto que realizan más de un millón de suministros diarios, por lo que será imposible que Gas Bienestar, la empresa con la que el gobierno federal quiere enfrentar el desafío, sirva sustancialmente de algo.
Peor: el crimen organizado controla una porción importante del mercado. El año pasado, el gas LP robado sumó algo más de 30 mil millones de pesos, casi 30 por ciento más que en 2019, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas.
Deficiente en su producción, México importa 80 por ciento del combustible que, además de su consumo doméstico, es fundamental para la generación de electricidad, pues representa poco más de 40 por ciento de la capacidad instalada para producir energía.
El encarecimiento (que está por encima de la inflación) y la escasez en varias entidades, sobre todo en la capital, en Estados de México e Hidalgo a causa del paro, pega también a pequeños negocios de tacos, garnachas y tortillerías, lo cual puede acarrear un alza generalizada de precios.
La nueva filial de Pemex, en teoría, empezará a vender cilindros de gas en colonias populares (cobrando lo suficiente para cubrir los costos de operación), pero tan solo imaginar cuántos vehículos de reparto requiere comprar, cuánto personal contratar y la instalación de equipos en sus estaciones hace previsible que la medida fracase.
Y mayor complejidad cuando los precios de ese combustible dependen de los movimientos en el mercado internacional.
Paul Alejandro Sánchez, consultor entrevistado hace un mes por El País, declaró: “El mercado del gas LP es muy disperso. Aunque quisiera tener un impacto real en los precios, la nueva empresa realmente se va a convertir solamente en un proveedor más. Si lo que quiere el presidente es disminuir el precio basado en los márgenes de los otros competidores, se puede hacer que el margen sea cero. ¿Pero qué implica? Gasto operativo, administrativo. Llegar a todos los municipios del país (dos mil 446) con gas no es fácil. El gobierno no tiene una red de distribución como tal”.
De lo perdido lo hallado: la crisis ha fortalecido a la denostada Comisión Federal de Competencia, que vigila y promueve que las empresas compitan entre sí para que exista mayor variedad, más calidad y mejores precios de bienes y servicios. Una valiosa institución del Estado que anticipó que podría no bastar la imposición de sanciones y perfiló la posible intervención gubernamental para la regulación de contraprestaciones y tarifas…
Carlos Marín