Chuza judicial
na nueva filtración a la prensa de la Unidad de Inteligencia Financiera provocó una chuza en el Poder Judicial que lastimó a dos piezas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue la divulgación de la existencia de dos nuevas denuncias en contra del magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, por el presunto lavado de más de 30 millones de pesos, lo que generó una serie de movimientos donde los dos alfiles de Palacio Nacional para controlar al Poder Judicial y al Tribunal Electoral se colapsaron. Lo que sucedió como consecuencia directa o circunstancial de la filtración fue una reacción en cadena.
Tras la filtración, cinco de los siete magistrados en el Tribunal Electoral se rebelaron y lo destituyeron. La convocatoria para iniciar el descabezamiento de Vargas la hizo Janine Otálora, quien llegó al tribunal respaldada por el actual senador priista Miguel Ángel Osorio Chong, y la primera embestida la realizó Felipe de la Mata Pizaña, que había sido propuesto por el PAN. En una acción que podría argumentarse como inconstitucional, nombraron a Reyes Rodríguez, quien llegó al tribunal promovido por el expanista Roberto Gil, como nuevo presidente.
Días antes de la filtración sobre el presunto lavado de dinero de Vargas, se dio una más, también de la Unidad de Inteligencia Financiera, de una investigación conjunta con la Fiscalía General en contra de Gil, por movimientos financieros cuando fue coordinador de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota. En una línea de tiempo, parece una acción-reacción, donde, tras el amago penal contra Gil y en el contexto de las nuevas revelaciones contra Vargas, el bloque que más ha resistido las presiones de Palacio Nacional respondió cortando la cabeza de Vargas, peón del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.
Otra pieza de Scherer, Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, se reunió el jueves con los magistrados rebeldes en medio de la crisis. Fue una acción anómala al carecer de jurisdicción sobre el tribunal, pero al darles interlocución e ignorar a Vargas, tomó partido en el conflicto. Zaldívar, quien varias veces intervino sin éxito en el Tribunal Electoral, estaba enfrentado hace tiempo con Vargas, aunque abrevaban en el mismo establo. ¿Qué pasó con Zaldívar?
La mañana del jueves, antes de reunirse con los magistrados, buscó a López Obrador para informarle que había decidido no buscar la prórroga de dos años como presidente de la Corte, lo que era una derrota para ambos porque el Presidente estaba empecinado en que se consumara su deseo. El albazo inconstitucional fue propuesto en abril por el senador del Partido Verde Raúl Bolaños Cacho, quien tomó la iniciativa por consejo de sus líderes para que el Presidente lo notara y ganara espacios rumbo a la gubernatura de Oaxaca.
Para ello, Bolaños Cacho estuvo en reunión donde, frente a Zaldívar, los abogados del presidente López Obrador le entregaron la iniciativa de la prórroga, ya redactada, que debía presentar. Zaldívar siempre dijo que él no estaba enterado de la prórroga del mandato, lo cual no es cierto. Deseaba que se ampliara su mandato y llegó a un nivel de falta de ética, que ante las críticas unánimes de los constitucionalistas y los llamados a que se excusara de participar cuando la Corte votara el dictamen sobre la inconstitucionalidad de la prórroga, sugirió que no había conflicto de interés y que sí votaría.
Cuando comenzó a ver las resistencias en la Corte a su pretensión, Zaldívar le envió una tarjeta a López Obrador sobre lo difícil que estaba siendo lograr el respaldo de los ministros, y le pidió apoyo. El Presidente instruyó a Scherer que persuadiera a los ministros para que lo apoyaran, pero no era posible por la inconstitucionalidad de la acción. El ministro Fernando Franco elaboró el dictamen que será presentado en unos días, que establece su ilegalidad, y que sumaba el apoyo, en un recuento extraoficial, de cuando menos otros nueve ministros.
Aunque Zaldívar había sugerido ante la oposición interna que votaría finalmente en contra de la prórroga, su subordinación en Palacio Nacional detonó un movimiento interno para que, llegado el momento, un grupo de ministros no votara el dictamen de Franco y rechazara la reforma. Lo que buscaban no iba contra la reforma en sí, sino crear las condiciones para que Zaldívar, quien quería iniciar la sesión donde se discutiría la prórroga de su mandato para anunciar su voto en contra y salvar algo del prestigio que aún le queda, tuviera que excusarse y no votara como planeaba.
Sus acciones del jueves –informarle al Presidente su decisión y hablar con los magistrados rebeldes– no parecen ser momentos independientes. Zaldívar se ha comportado de manera cobarde y traidora ante y con sus pares, negando en público lo que ha hecho en privado, perdiendo respeto y consenso –igual que Vargas–. ¿Puso sus barbas a remojar?
Haber llevado al extremo su presidencia provocó el aislamiento de Vargas y finalmente la rebelión en su contra. Zaldívar ha llevado su presidencia al extremo, y en los 100 días que duró la búsqueda para prorrogar su mandato, se fue aislando y generando anticuerpos en el Poder Judicial ante las reiteraciones de López Obrador de que él era el único no corrupto para llevar a cabo la reforma propuesta, sin que él saliera en defensa de sus pares. Su silencio avaló las acusaciones de López Obrador.
Cuáles son los hilos que se movieron en el Poder Judicial para esta semana de perros que tuvieron, todavía no están del todo claros. Pero ante la insistencia de Zaldívar por ampliar su mandato, su giro radical tras la debacle de Vargas parece una proyección freudiana. Zaldívar, totalmente fuera de lugar, dijo que la posición de Vargas era insostenible, ¿pensando en un control de daños para él? El destino de Vargas pudo haber sido el de él, pero astuto, tiró su toalla cuando a otro lo crucificaron, evitando el mismo destino.