El atentado
La historia es en dos partes: la supuesta agresión contra el fiscal y la violencia de sus escoltas
Lo ocurrido el jueves pasado cuando el convoy del fiscal general de Morelos se vio envuelto en un incidente de tránsito que posteriormente la propia dependencia calificó como “agresión” se enmarca en un debate socio-político en el que participan distintas dependencias del estado. Al principio los hechos fueron circunstanciales, pero después la situación se les fue de control y se convirtió en un acto de abuso de autoridad y tortura pública. Veamos:
El equipo de seguridad que acompaña al titular de la fiscalía general del Estado de Morelos está conformado por al menos cinco elementos fuertemente armados que se mueven en dos unidades: la del titular con el más alto blindaje que existe en el mercado y una segunda camioneta de más de 2.5 toneladas de peso. El fiscal viaja solo en su vehículo mientras que en el vehículo que lo acompaña van su jefe de escoltas y sus elementos.
Las versiones oficiales y las historias públicas contrastan: primero se dijo que el convoy del fiscal había sido atacado con armas de fuego y posteriormente, a través de imágenes y comentarios de testigos, se supo que los únicos disparos que hubo fueron por parte de los elementos de la fiscalía.
En un comunicado de prensa el gobierno estatal informó que respecto a los hechos ocurridos en la autopista Cuernavaca-Acapulco “no existen indicios de que haya habido fuego cruzado, ni tampoco un ataque directo” en contra el titular de la fiscalía general de Morelos.
Por su lado la FGE dio a conocer que alrededor de las 15.00 horas de ese día la caravana en la que viajaba Uriel Carmona Gándara sufrió una agresión, por lo cual el dispositivo de seguridad reaccionó de acuerdo con sus facultades legales y reglamentarias, deteniendo a dos masculinos mayores de edad que fueron puestos a disposición del ministerio público. La dependencia justificó la reacción por “a las graves y constantes amenazas que el mando ha recibido por motivo de sus funciones”, recordando que en el año 2013 otro fiscal morelense fue atacado. Derivado de los hechos en cuestión, dice el comunicado, el jefe de escoltas del fiscal general de Morelos resultó lesionado.
La historia se volvió viral en las redes sociales primero, porque se habló de un atentado en contra de un fiscal y después, cuando se conocieron las imágenes de lo ocurrido, en donde se evidenció el uso excesivo de fuerza con el que actuaron los elementos de la FGE.
Aunque la oficina de Uriel Carmona se apuró a justificar las acciones de sus escoltas, lo que se ve no deja dudas:
Los supuestos agresores son dos jóvenes que conducían un vehículo compacto en estado de ebriedad y no iban armados. La guardia del fiscal los detuvo, comprobó que no portaban armas, los sometió y luego de ello les propinó una golpiza a la vista de todos.
Los únicos disparos que se hicieron fueron de los escoltas; en el lugar quedaron los casquillos percutidos de sus armas. Se supone que los elementos que acompañan al fiscal están preparados para enfrentar situaciones difíciles, por eso llama la atención la manera como actuaron antes, durante y después de la supuesta agresión que solo vio el fiscal y su equipo. ¿Lo que hicieron los escoltas es lo que marcan los protocolos de seguridad? ¿Actuaron apegados a derecho?
Una vez detenidos y sometidos, los presuntos agresores fueron desvestidos y golpeados en plena vía pública; la ley establece que en cualquier detención se debe resguardar la dignidad de la persona y no es lo que vimos; además la FGE debió pedir a la Guardia Nacional o a la CES que llevaran a cabo la puesta a disposición para no ser juez y parte en el proceso, pero no lo hicieron. ¿Era necesaria tanta violencia una vez que habían comprobado que no existía amenaza alguna y el fiscal ya ni siquiera se encontraba en el lugar? ¿Podemos confiar en el dictamen de la fiscalía, cuando los señalados son los escoltas del fiscal?
El fiscal es parte activa del problema, ha declarado públicamente que iba en el convoy cuando ocurrieron los hechos y por lo tanto se entiende que estuvo enterado de la situación y si no ordenó, al menos permitió que sus escoltas actuaran. Aún conociendo los videos de los hechos Uriel Carmona insiste en la hipótesis de un atentado y defiende los evidentes actos de tortura de su gente. Además: el fiscal asegura que su jefe de escoltas resultó herido en los hechos, pero en los videos se le ve sin lesiones y actuando contra los jóvenes.
Uriel Carmona afirma que se comprobó que las dos personas iban en estado alcohólico y drogados, pero al no permitir que otras instancias llevaran a cabo el procedimiento su declaración no es del todo creíble. Aún así: suponiendo que en un estadio inconveniente los jóvenes hayan cometido una imprudencia vial en contra de su convoy, no se justifica la golpiza que les propinaron a los detenidos. Se supone que se trata de policías bien entrenados, listos para reaccionar ante cualquier contingencia, preparados para saber distinguir entre una amenaza real y un hecho de tránsito.
Hay que entender que en la historia hay dos situaciones que se deben juzgar por separado: el supuesto atentado, que el fiscal y sus escoltas deberán acreditar y el abuso de autoridad, actos de tortura y violaciones a los derechos humanos, que fue evidente.
Lo ocurrido no paso de ser un incidente vial en el que quedó de manifiesta una vez más la brutalidad policiaca; los sujetos acusados fueron tratados con violencia excesiva, sometidos más allá de los límites legales y ultrajados en plena vía pública; uno de ellos, incluso, resultó herido de bala. Entre las imágenes que circulan en las redes sociales hay un video tomado desde un automóvil en movimiento en el que se aprecia como un policía sofoca al detenido con una camiseta cuando ya está esposado y boca abajo mientras el jefe de escoltas del fiscal camina tranquilo a su lado.
Lo ocurrido la tarde del jueves dista mucho de ser un atentado, ni siquiera puede considerarse una agresión, es más bien un incidente de tránsito que se les fue de control al equipo de seguridad de Uriel Carmona y se volvió un escándalo porque el tema se viralizó en las redes sociales y las imágenes provocaron molestia generalizada entre la gente.
Esto ya se volvió parte del debate en el que está metido el fiscal; los hechos generan polémica y se suman al proceso de desafuero que se le sigue en el congreso federal y al enfrentamiento que tiene con el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Lo de la semana pasada es escandaloso y enfadó a la opinión pública, se quedará como una mancha en su trabajo y podría poner en riesgo su permanencia en el cargo. El juicio de procedencia que se le sigue en el parlamento federal es llamativo, pero viéndolo desde un ángulo jurídico no parece que vaya a avanzar a pesar de la insistencia de la bancada de Morena; la actuación de los escoltas y la reacción del fiscal, por otro lado, puede ser la gota que derrame el vaso, porque se trata de una violación pública a los derechos humanos.
Derivado de los hechos en donde se vieron involucrados el fiscal y sus escoltas, mismos que actuaron con su consentimiento porque él iba en el convoy, presenció los hechos, se dio cuenta de la actuación de sus elementos y los dejó en libertad para que procedieran, la situación de Uriel Carmona se puede complicar más; si los afectados presionan lo suficiente el fiscal puede ser arrinconado y la suma de todos los temas que hay en su contra sí pueden derivar en su salida del cargo.
Lo que vemos es grave porque en lugar de que nuestras autoridades sumen fuerzas en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad, llevan tres años peleando y poniéndose piedras unos a otros, dejando con ello un amplio margen de maniobra a los criminales.
Uriel Carmona y Juan Salazar responden a Graco Ramírez, ambos le deben su cargo al exgobernador y guardan con él una amistad; son, como lo dijo hace tiempo el presidente López Obrador, “fiscales carnales”, es decir, funcionarios a modo del régimen anterior. Del lado contrario, por cierto, no ha habido la capacidad para juntar los votos legislativos necesarios para removerlos, ni la disposición para superar diferencias y trabajar de manera institucional por el estado.
El duelo entre autoridades de seguridad y procuración de justicia en Morelos está a la vista, es de conocimiento público y ha provocado que la lucha por la pacificación del estado sea más compleja. El incidente del jueves pasado expuso la forma de actuar del equipo del fiscal y también la falta de coordinación y entendimiento que hay entre las autoridades.
El costo lo pagamos los ciudadanos, porque mientras las autoridades pelean entre ellos, los demás quedamos a merced de delincuencia.
posdata
Hagamos memoria: hace unos meses la Comisión Estatal de Derechos Humanos actuó con fiereza contra el DIF Morelos porque en un albergue para jóvenes, dijo, se cometían actos de brutalidad violatorios a los derechos humanos; el Ombudsman y su equipo señalaron a la institución, aunque nunca comprobaron las faltas.
Lo mismo ocurrió cuando la Fiscalía Antisecuestros actuó en contra de un grupo de personas que habían tomado la caseta de peaje de Alpuyeca, agredían a los automovilistas que no pagaban su “aportación voluntaria” y retuvieron por la fuerza al conductor de un autobús; a pesar de los actos violentos de los manifestantes contra los ciudadanos la CEDH se fue contra las autoridades por haberlos detenido.
Hoy que en el caso de los escoltas del fiscal es pública la violación a los derechos humanos de los detenidos, Raúl Israel Hernández es prudente, no ha dicho nada y la dependencia a su cargo se limitó a emitir un discreto comunicado en el que refiere que actuará. Frente No aparece por ningún lado la firmeza del Ombudsman, ni el inmediato actuar de su equipo, como ha pasado en otros casos.
Cierto: entre el fiscal y el presidente de la comisión estatal de derechos humanos existe una estrecha amistad y una evidente asociación política.
Los derechos humanos se tasan de manera distinta en Morelos.
nota
Los números que arroja esta tercera ola de pandemia son aterradores: en los últimos cuatro días México había hilado más de 20 mil contagios diarios, en tanto que las hospitalizaciones aumentan alarmantemente en varios estados del país, incluyendo la Ciudad de México.
Morelos se mantendrá las próximas dos semanas en semáforo amarillo, con la probabilidad latente de pasar al naranja si la ciudadanía no pone de su parte para frenar los contagios. Morelos, por cierto, es el único estado del centro de la república que no ha retrocedido: Guerrero y la CdMx ya están en rojo en tanto que Puebla y el Estado de México se encuentran en naranja.
Por cierto, Agustín Alonso Gutiérrez, el diputado electo que obtuvo el mayor número de votos en la elección del pasado 06 de junio dio positivo a covid; el mismo lo confirmó a través de sus redes sociales.
La crisis no ha pasado. Hay que seguirnos cuidando.
post it
Pensemos por un momento como los escoltas del fiscal ¿Qué tal que el auto con los dos jóvenes borrachos es un distractor, para separar a Uriel Carmona de sus escoltas y entonces atacarlo desde otro vehículo?
El fiscal se fue del lugar sin escoltas y no hubo agresión; no había un segundo vehículo agresor. Ergo: no fue atentado.
redes sociales
¿Estos que detuvieron iban armados o no?
¡No Joaquín, no iban armados?
¿Entonces como van a intentar atentar contra el fiscal de Morelos con todo y escoltas sin un arma?
¡Por eso decía que no fue un atentado, fue una agresión…
PLOP!
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