Del atentado a la tortura
Por inconsistencias y falta de credibilidad en las declaraciones de los escoltas de Uriel Carmona Gándara un juez determinó dejar en libertad a las dos personas que el jueves de la semana pasada fueron detenidas por, supuestamente, atentar contra la vida del fiscal general de Morelos y su equipo de seguridad. La historia es inconcebible desde cualquier ángulo, empezando por el hecho que los agresores iban desarmados y en notoria inferioridad numérica. La remoción que no han logrado hacer los juicios interpuestos contra el titular de la FGE lo puede provocar el mal manejo de este tema.
Los hechos ocurridos la tarde del jueves son conocidos, la situación fue pública y la noticia alcanzó a muchas personas una vez que la información se difundió; lo que en un inicio generó sorpresa, porque trascendió como un ataque contra el fiscal, se volvió enojo al ver la manera como los policías golpearon a los jóvenes involucrados en un hecho de tránsito.
La versión de la fiscalía es insostenible, por ello la autoridad judicial que tuvo a su cargo el proceso otorgó la inmediata libertad a los jóvenes retenidos, golpeados y torturados por elementos de la fiscalía. La historia que contó la FGE a través de un boletín no solo falseó la verdad, también cayó en contradicciones que, por un lado, dieron pie a la liberación de los detenidos y por otro colocan al fiscal en una situación incómoda y políticamente peligrosa, porque ya hay voces en San Lázaro exigiendo una investigación a fondo.
Hasta el momento ni el fiscal ni su equipo han tenido habilidad para sortear el problema, ni la humildad para reconocer que se excedieron. La situación se les fue de control desde el momento que los escoltas comenzaron a golpear públicamente a los jóvenes y se complicó con el comunicado de la defensa y las declaraciones públicas que hizo el fiscal. Cualquiera con un dedo de frente notó que se trató de un incidente de tránsito en el que hubo abuso de poder de parte de las autoridades.
Aunque los acusados han quedado en libertad los problemas aún no terminan para el fiscal Carmona Gándara, porque dadas las declaraciones que él mismo hizo a algunos medios de comunicación a nivel nacional lo que procede es una investigación a fondo del tema por una institución distinta, para que la fiscalía no sea juez y parte del conflicto. Los delitos de atentado e intento de homicidio ya fueron desechados, pero el abuso de autoridad y la tortura están vigentes.
Visto desde un ángulo procedimental el tema se iba a caer, porque aunque se supone que el equipo de seguridad del fiscal general debe estar conformado por los mejores y más capacitados elementos de la corporación, vista su reacción y la forma como procedieron queda claro que no es así: el abuso de fuerza, la tortura, la exhibición pública, los errores en el procedimiento de detención y la puesta a disposición auguraban la libertad de los imputados, aún y cuando en verdad hubieran tenido la intención de agredir al fiscal; hacer todo lo anterior a plena vista mostró también que se trata de personas a las cuales no les interesa la dignidad humana ni lo que opinen los demás.
Una vez que se realizaron los peritajes oficiales y se dictaminaron a los detenidos, queda claro que existen delitos que perseguir: ni la fiscalía estatal ni los escoltas de Uriel Carmona pudieron probar ante un juez que se trató de un atentado y un intento de homicidio, pero lo que sí es visible es que las autoridades involucradas, incluyendo a Uriel Carmona Gándara, se excedieron, cometieron falsedad en sus declaraciones y de manera directa o indirecta violentaron los derechos humanos de dos personas y pusieron en peligro su vida, porque dispararon contra ellos.
Veamos dos cosas dichas por el fiscal a Joaquín López Dóriga:
“Los agresores atentaron contra la integridad del equipo de seguridad, utilizaron su vehículo como arma, atropellaron al jefe de escoltas y lo dejaron lesionado, por lo cual tuvo que ser ingresado a un hospital; los elementos respondieron utilizando la fuerza de manera razonable y conforme a los protocolos establecidos”. Sin embargo, en los videos difundidos en las redes sociales se ve al jefe de escoltas caminando sin ninguna lesión visible y participando directamente en las embestidas contra los detenidos una vez que estos ya estaban esposados.
“Los escoltas le cerraron el paso, bajaron de la camioneta, les hicieron comandos para que descendieran del vehículo y en respuesta les aventaron el carro y atropellaron al jefe de escoltas; los elementos de seguridad realizaron algunos disparos al motor del vehículo para inhabilitarlo y los tripulantes del auto los agredieron físicamente e intentaron quitarles las armas”. Pero de acuerdo con lo revelado en la audiencia el jefe de escoltas no tiene heridas y el automóvil recibió 22 impactos de bala: 7 frontales, 7 del lado del copiloto y 8 del lado del chofer, es decir, no fueron disparos al motor, sino a los tripulantes; uno de los detenidos presenta una herida de bala.
El supuesto atentado contra el fiscal es un asunto delicado que no concluye con la liberación de los detenidos; no se ha dicho si estos presentarán una denuncia en contra de quienes (ellos sí) atentaron contra sus vidas y violentaron sus derechos humanos, pero el acto ya atrajo miradas de algunos diputados que en el recinto federal exigen una investigación a fondo para determinar la culpabilidad de los policías y proceder con las sanciones correspondientes.
Los acontecimientos aparecen en el contexto de un intento de desafuero del fiscal y se colocan en un espacio distinto de discusión, pues, aunque algunos representantes populares de Morena aseguran que el proceso en contra de Uriel Carmona Gándara es un acto de revanchismo político (como él mismo fiscal lo ha declarado) la historia de sus escoltas es algo totalmente distinta, es una acción contraria a la política que a nivel federal impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo que más conviene al fiscal estatal es aceptar el error de sus elementos para acabar con el tema y sacar ese debate de la discusión pública. Las acciones que por la vía legal han intentado en su contra para relevarlo del cargo no han dado resultados, pero un incidente de este tipo sí puede modificar su escenario porque lo colocaría en un plano de linchamiento público que debilitaría su posición.
Al final, aunque no suene bien, su eventual destitución, como la de muchos otros actores de la vida pública, dependen de una decisión política que supera los debates legales.
Y lo político se mueve a partir de la opinión pública.
posdata
El Tribunal Superior de Justicia de Morelos enfrenta un momento complejo más allá de la precaria situación financiera en la que se encuentra: se trata de la permanencia ilegal del magistrado Norberto Calderón, cuyo encargo concluyó desde el pasado 18 de julio.
La historia es más o menos así:
Norberto Calderón recibió una ampliación de su periodo por seis años más, mismos que concluyeron el mes pasado; el magistrado no recibió el beneficio de algunos de sus compañeros que, bajo la presidencia de Carmen Cuevas y en contubernio con el gobernador Graco Ramírez, ampliaron por 20 años más sus periodos, por lo cual solicitó un amparo para recibirlo.
Sin embargo esa sentencia (la de 20 años) ya fue declara inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo cual las acciones legales que el magistrado Calderón interpuso para gozar de dicho beneficio no tienen sentido.
Ahora que se ha cumplido el periodo para el cual fue designado magistrado, su permanencia se da con la anuencia y apoyo del presidente del poder judicial Rubén Jasso; su continuidad en el cargo representa una acción ilegal que afecta el funcionamiento de los tribunales, porque Calderón ya no puede firmar como magistrado.
Ningún magistrado integrante de la junta de administración y de las dos salas en las que participa Norberto Calderón quieren firmar ninguna actuación para no incurrir en responsabilidad; la impartición de justicia y los procedimientos de muchos abogados están detenidos por una decisión del presidente del TSJ.
Mientras Norberto Calderón siga ilegalmente como magistrado ¿Que pasará con las sentencias y las audiencias? ¿Que sucederá con las sanciones, los actos disciplinarios, el manejo del dinero, las altas y las bajas de todo el personal del Poder Judicial?
Pregúntenle a Rubén Jasso.
nota
A unos meses de dejar el cargo la alcaldesa de Temixco Jazmín Solano decidió concesionar los servicios públicos de su municipio por un periodo de diez años; se trata de la recolección y traslado de basura, el alumbrado público, el mantenimiento de la infraestructura urbana (calles, parques, jardines y áreas recreativas) y el equipamiento del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca.
Las solicitudes de los interesados fueron revisados por una comisión técnica especializada que rendirá un informe al cabildo, para que se tome la decisión. La convocatoria se publicó en el Periódico Tierra y Libertad el 9 de junio y las propuestas se recibieron durante los tres días posteriores a la fecha de la emisión de la convocatoria.
Los servicios a concesionar representan 150 toneladas de residuos sólidos mensuales, 424 luminarias, 128 mil metros cuadrados de mantenimiento de calles y avenidas y 39 mil metros cuadrados de areas verdes. Quienes resulten ganadores obtendrán una concesión por diez años a partir de que se firme el contrato.
La decisión de la presidenta municipal llama la atención porque se trata de una acción que trasciende su gobierno, es decir, compromete a las siguientes cuatro administraciones municipales y sucederá una vez que Jazmín Solano perdió la elección en la cual intentó reelegirse en el cargo.
Es difícil suponer que esta acción no tiene un interés personal y un trasfondo económico, porque el proceso no es transparente y los tiempos hacen pensar que las empresas ganadoras estaban decididas con anticipación.
Habrá que ver que opina la siguiente administración municipal, porque en este y otros actos de gobierno la alcaldesa saliente ha mostrado su frustración por los resultados de la elección y su deseo de hacerle la vida complicada al próximo gobierno municipal.
En Temixco el semestre de Hidalgo está a todo vapor.
post it
Con cuatro medallas de bronce y cuatro cuartos lugares México obtuvo uno de sus peores resultados de su historia en juegos olímpicos.
El mal desempeño de los atletas mexicanos se mezcla con los señalamientos que hay en contra de la titular del Comisión Nacional del Deporte Ana Gabriela Guevara, acusada desde hace meses por supuestos actos de corrupción e inmersa en un intenso debate por la falta de apoyo a la delegación mexicana.
Antes de partir a Tokio la titular de Conade dijo que México rompería un récord histórico al ganar al menos diez medallas; una vez concluidas las justas México se queda con tan solo 4 posiciones en el medallero, en el lugar 84 de 86 del ranking.
Como deportista Ana Gabriela Guevara se retiró de las competencias en el año 2008 expresando estar “asqueada del sistema y de la corrupción en la Conade”, diez años más tarde se convirtió en la primera atleta mujer en dirigir la comisión y enfrenta observaciones de la secretaría de la Función Pública por irregularidades en su administración que superan los 50.8 millones de pesos, además de diversos señalamientos relacionados con actos de corrupción en la asignación de contratos.
Al recibir la Conade Guevara prometió corregir lo hecho y lo no hecho en la Conade “Tengo que hacer referencia al pasado porque estamos recibiendo la caca del pasado, no podemos llamarlo de otra forma”. Hoy la directora está cuestionada y seguramente su permanencia será cuestionada por sus malos manejos financieros y los terribles resultados obtenidos en Japón.
Sirva lo anterior para reflexionar:
¿Qué tal quedaría en esa posición otro exdeportista famoso, activo en la vida pública, amigo del presidente y con proyección política para el 2024 en la Ciudad de México?
Veámoslo así: un cambio de rol, una salida digna, un relevo necesario en la Conade y un reacomodo de piezas políticas rumbo al 2024 que sirva, además, para bajarle presión a la jefa de gobierno.
Mera especulación.
redes sociales
A través de un video en redes sociales Maricela Velázquez se despidió de la secretaría general del PRI; su periodo concluyó. Durante cuatro largos y aburridos minutos (uno por cada año que estuvo en el cargo) la dama explicó sus logros y su compromiso con la militancia, “aunque desafortunadamente no se nos escuchó”.
El PRI es más grande que cualquier dirigencia, dijo la exsecretaria general, al tiempo de resaltar las virtudes de su partido: el de las instituciones, el del desarrollo social y el de las causas.
Pregunta ¿Si es tan bueno el PRI por qué ella y su mamá apostaron por la creación de otro partido y todos en su familia apoyaron a candidatos opositores al Revolucionario Institucional?
Por cierto: todo su liderazgo no les alcanzó ni para conservar el registro de Fuerza Morelos.
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