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Impulsan ONGs y Diócesis juicio a Graco Ramírez

 


  • Graco Ramírez, Gobernador de Morelos. Foto: Mónica Patiño

  • Graco Ramírez, Gobernador de Morelos. Foto: Mónica Patiño

  • Graco Ramírez, Gobernador de Morelos. Foto: Mónica Patiño
 
 
 

Cuernavaca, México (30 julio 2016).- El Frente Amplio Popular, integrado por decenas de grupos opositores al Gobernador Graco Ramírez, acordaron realizar movilizaciones y plantones a partir del 16 de agosto para impulsar un juicio político contra el Mandatario por la inseguridad en Morelos y la aprobación de reformas que consideran autoritarias.

El conglomerado de organizaciones sostuvo un encuentro la noche del jueves en la Catedral de Cuernavaca, al que asistieron más de 100 representantes de asociaciones, así como el Obispo Ramón Castro Castro y el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera.

Los participantes informaron que con las movilizaciones masivas buscan obligar al Ejecutivo estatal a reconocer y atender el problema de inseguridad y pugnar por la desaparición de poderes en la entidad.

 

"Son acciones de movilización, acciones de resistencia, para apuntalar nuestra demanda de juicio político y para apuntalar las exigencias que se están haciendo, no sólo a los propios representantes del Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo y también del Poder Judicial, porque hemos encaminado ya acciones legales, juicios de amparo, se están promoviendo acciones de inconstitucionalidad en contra de algunas reformas y por supuesto yo creo que todo esto tiene que ver justo con los poderes del Estado.

"Yo creo que el repudio a la política pública que se ha venido implementando en nuestro estado de manera muy autoritaria es algo generalizado, es algo que pues no sólo los universitarios hemos sufrido y padecido, sino múltiples actores sociales", apuntó Vera.

El Frente Amplio Popular está integrado por asociaciones campesinas, transportistas, de maestros, de víctimas de la violencia, de trabajadores del Gobierno estatal y por religiosos de la Diócesis de Cuernavaca.

"Muchas de éstas son organizaciones que representan redes de organizaciones que representan a un cúmulo importante de organizaciones, de colectivos, de comunidades, de pueblos.

"El número es totalmente indeterminado, porque de todos los que estuvimos aquí (en la reunión) sobrepasaban los 100 con toda facilidad, podemos tranquilamente estar pensando que se multiplican por cinco, por 10 las organizaciones de la sociedad civil", dijo el Rector.

Tan sólo la Asamblea de Pueblos de Morelos aglutina a 60 comunidades de las tres regiones de la entidad, cuyos habitantes se han manifestado contra megaproyectos que, aseguran, dañan el medio ambiente, como la construcción de una termoeléctrica en Yecapixtla.

A su vez, Jorge Zapata, nieto del General Emiliano Zapata, encabeza la lucha de pobladores de la zona oriente de Morelos contra la instalación de un acueducto que llevaría agua a esa termoeléctrica.

La Diócesis de Cuernavaca está integrada por cuatro zonas pastorales y más de 100 parroquias, quienes en al menos tres ocasiones han marchado por la paz en la capital.

A la reunión del Frente también asistieron representantes de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, organización que desde el 2013 exige la renuncia del Gobernador por no dar resultados en materia de seguridad.

Otro de los grupos representados en el Frente es el de los transportistas, que se oponen a la implementación del Morebús, un sistema de transporte similar al Metrobús de la Ciudad de México.

Los trabajadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los ayuntamientos, se unieron al Frente luego de que el Congreso aprobara la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.

Maestros integrantes del Movimiento Magisterial de Bases, grupo disidente de la Sección 19 del SNTE en Morelos, también forman parte del Frente, así como víctimas de la violencia, representadas por el activista Javier Sicilia.

Colegios y grupos de profesionistas, entre ellos la Barra de Abogados, reclaman al Gobierno de Ramírez tras el asesinato, en su sexenio, de 19 abogados.

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