Una pérdida más de la 4T
La célula de secuestradores de El Federal operaba desde 2017. El grupo elegía a sus víctimas sobre todo en carreteras de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Querétaro, siempre en función del vehículo de lujo en el que estas se desplazaban.
Los secuestradores solían moverse hasta en cuatro vehículos, con los que iniciaban la persecución y cercaban a sus víctimas.
Ricardo Arroyo Castillo, El Federal, había formado parte de la Policía Federal entre 2012 y 2015. Más tarde trabajó en corporaciones municipales, hasta el año 2019 en que fue aprehendido bajo cargos de homicidio.
En unos cuantos meses, sin embargo, quedó en libertad. La razón, según personal de la Coordinación Nacional Antisecuestro, Arroyo Castillo solía usar en todos sus documentos el nombre de un hermano: de manera que legalmente no había nada en contra de él.
El secuestro y asesinato de un comerciante en Tecamachalco, Tlaxcala, en enero de 2020, llevó a agentes de la Conase hasta una mujer, Laura de la Cruz, cuya función consistía en cuidar a las víctimas durante el cautiverio –y quien luego realizaba los cobros en un vehículo particular. La mujer fue aprehendida en mayo de ese año.
Dos meses antes se había cometido el secuestro de un comerciante de Tzompantepec. Según documentos de la coordinación, la investigación condujo a la captura de otros dos integrantes de la banda de El Federal: El Güero y El Matute.
Admitieron haber tomado parte en diez secuestros, y haber privado de la vida a las víctimas en dos ocasiones.
Habían atrapado a un jubilado de Pemex después de seguir su camioneta Mercedes Benz (lo asesinaron). Habían secuestrado a un empresario de Tlaxcala, al que solo tuvieron ocho horas en cautiverio. Habían secuestrado a un sacerdote de Apizaco, al que liberaron después de dos días… Las víctimas permanecían secuestradas entre ocho horas y dos días.
En mayo de 2020 El Federal fue localizado en Coronango, Puebla, en un operativo “interinstitucional” llevado a cabo por la Conase y las Unidades Especializadas Contra el Secuestro de Tlaxcala y Puebla.
Tras un tiroteo de 45 minutos, Arroyo Castillo fue detenido.
Los agentes de la Conase que habían participado en el seguimiento de El Federal lo habían hecho con sus propios autos, con su propia gasolina, con sus propios teléfonos y poniendo a veces dinero de su propia bolsa.
De aparatos de inteligencia y armamento adecuado, mejor ni hablar.
Aquella era la única manera de hacer las cosas en tiempos de la 4T, según testimonios recogidos entre el personal.
El lunes pasado, después de dos años de luchar en busca de apoyo, renunció a la Coordinación Nacional Antisecuestro Víctor Hugo Enríquez García.
El funcionario había llegado a este organismo en julio de 2019, llamado por Alfonso Durazo para que ayudara a paliar los índices desbordados de violencia que el hoy gobernador electo de Sonora iba arrastrando en el primer tramo de su finalmente fallida administración.
Enríquez había sido jefe de la Unidad de Investigación de la hoy extinta Policía Federal. Desde ahí había participado en la detención de líderes relevantes de la delincuencia organizada.
En febrero de 2019, por ejemplo, en la captura de Brayan Mauricio Miranda González, El Pozoles, miembro de la Unión Tepito vinculado con el asesinato de una ciudadana venezolana. En mayo de ese año, en la detención de uno de los líderes de Guerreros Unidos en el estado de Morelos: Raymundo Espino, “El Ray”.
El nuevo coordinador negoció con Durazo el rescate de un grupo de elementos experimentados de la Policía Federal. Con ellos logró consolidar los trabajos de la coordinación y ampliarlos hacia otras áreas. Personal de Conase, por ejemplo, participó en el operativo de seguimiento y detención de El Carrete, el sanguinario líder de los Rojos ubicado finalmente en Filo de Caballo, estado de Guerrero.
En los dos años con Enríquez al frente, el secuestro fue uno de los pocos delitos de alto impacto que descendió de manera sostenida: de 119 casos reportados en julio de 2019, este delito alcanzó un mínimo histórico de 42 casos reportados en abril de 2021.
396 bandas fueron desarticuladas; 3,515 secuestradores detenidos; 1,527 víctimas fueron liberadas.
El lunes pasado escribió su carta de renuncia. La falta de apoyos y recursos, según integrantes de la coordinación, terminó por desmoralizarlo. Otro más que se va.