Surgidas como un mecanismo para acercar a la población a la labor legislativa, pero usualmente vistas como distantes de los intereses populares, las iniciativas ciudadanas han captado poco la atención del mexicano de a pie y, en su lugar, han sido aprovechadas por políticos que buscan reposicionarse
Lejos de cumplir con el objetivo de acercar a la población a la tarea legislativa, las denominadas iniciativas ciudadanas han sido utilizadas, principalmente, por actores y grupos políticos que han buscado posicionar sus agendas particulares. Siendo que, hasta el momento, no ha habido un caso concreto de un ciudadano sin afiliaciones políticas que haya logrado la votación de su propuesta.
De acuerdo con la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados, entre 2015 y 2021, el periodo comprendido por los seis años de las LXIII y LXIV Legislaturas, se recibieron un total de 12 iniciativas ciudadanas.
Entre 2015 y 2021 se recibieron un total de 12 iniciativas ciudadanas, sin embargo, pocas llegaron a las comisiones de la Cámara baja. Ningún caso llegó a ser votado en el pleno
Dados los reglamentos y requerimientos legales, la mayoría fueron desechadas directamente y pocas llegaron a las comisiones de la Cámara baja. Ningún caso llegó a ser votado en el pleno.
De esta docena de propuestas, cinco fueron presentadas por políticos integrantes de algún partido que, incluso, cuentan con experiencia legislativa.
Tal fue el caso de Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán por el PRI y hoy diputada federal electa por MC; un grupo de integrantes del PT encabezado por Magdalena Núñez Monreal; o Héctor Cuén Ojeda, fundador del Partido Sinaloense, quienes intentaron, por separado, impedir el “gasolinazo” de 2017.
Al haber cumplido con el requisito de recabar firmas equivalentes al 0.3 por ciento del padrón electoral vigente al momento, las iniciativas de Ortega Pacheco y Núñez Monreal fueron recibidas por las comisiones de la Cámara de Diputados, donde se dictaminaron de manera negativa en octubre de 2017.
En tanto que la de Cuén Ojeda fue recibida por la Comisión de Hacienda, con opinión de la Comisión de Energía en noviembre de 2018, y sigue a la espera de ser dictaminada.
A estos se suman los casos de Carlos Augusto Morales Vázquez, quien en 2017 presentó la iniciativa para “un gobierno sin privilegios” teniendo como experiencia el haber sido diputado federal y local del PRD.
En julio de 2021, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo nombró su nuevo secretario particular luego de desempeñarse como coordinador de asesores de su administración.
Caso similar es el de Sergio Leyva Ramírez, quien en abril de 2016 presentó la primera iniciativa ciudadana registrada por la Cámara de Diputados para regular el uso de la cannabis.
En aquellas fechas, Leyva Ramírez era dirigente juvenil del PRD y desde entonces ha seguido ligado a la estructura del Sol Azteca en San Luis Potosí, cercano a la Corriente Galileos de Guadalupe Acosta, incluso fue invitado al último informe de gobierno del panista Javier Corral en Chihuahua.
Una iniciativa que sí se podría identificar como ciudadana fue la presentada por el doctor Óscar Armando Monroy Hermosillo, exrector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, quien logró impulsar la iniciativa de la Ley General de Aguas en abril de 2020.
Sin embargo, desde dicha fecha el dictamen quedó congelado en tres comisiones unidas del Congreso de la Unión, con opinión de otras 10, siendo que la LXIV Legislatura concluye este septiembre.
Para analizar la poca participación realmente ciudadana en este tipo de iniciativas y el aprovechamiento que la clase política ha dado a este mecanismo, Reporte Índigo entrevistó a la doctora Luz María Cruz Parcero, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien señala dos particularidades al respecto: la disposición del ciudadano promedio y la dificultad legal para hacerlo.
“La participación política en general del ciudadano mexicano, su involucramiento en política hablando en términos de capital social, es baja. Hay que ver los datos no solo de participación ciudadana, sino de confianza en las instituciones y de cuánto le interesa al ciudadano mexicano participar en este tipo de ejercicios. Tenemos una ciudadanía que participa poco.”
Aunado a esta baja disposición para la participación a raíz de la desconfianza hacia las instituciones, la profesora adscrita al Centro de Estudios Políticos, también señala que los requisitos para llevar a cabo un proceso como el de las iniciativas ciudadanas son muy difíciles de cumplir para individuos o incluso organizaciones sin vínculos con los grupos de poder, como serían los partidos políticos
“Todavía tenemos una ley que fue pensada en términos de los actores políticos llamados partidos que son los que se favorecen con este tipo de mecanismos. ¿Quiénes pueden juntar todos esos requisitos? Pues solamente quienes tienen esos contactos en los partidos. Difícilmente una organización ciudadana puede acceder a juntar esa cantidad de firmas que requiere la legislación para que desde la ciudadanía se pueda iniciar un proceso.”
Por otro lado, Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador del Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia, comenta a Reporte Índigo que, si bien el mecanismo de la iniciativa ciudadana está enmarcado en el Artículo 132 constitucional, las políticas públicas desarrolladas en materia de democracia directa y participación ciudadana no se han enfocado en hacer que este proceso coincida o se empate con otros de esa misma clase.
“Hay un panorama adverso para las iniciativas ciudadanas, porque todavía no hay una coordinación concreta de cómo vincular este mecanismo con el esquema de democracia directa, como son las consultas populares. Supongamos que una consulta triunfa y alcanza el grado para ser vinculante, habría severos problemas para articular una política nacional que interrelacione la inquietud de las personas que participaron y las acciones de gobierno, no existen los medios al día de hoy.”
Juan Manuel Aguilar Antonio
Investigador del Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia
Finalmente, considera que sí ha habido un incremento, incluso al grado de ser un auge ya, en cuanto a la participación ciudadana en la toma de decisiones. Sin embargo, también advierte que esto no se ha dado de manera distribuida en territorio nacional, sino que se ha concentrado de manera determinante en la Ciudad de México, con presencia considerable en algunos otros centros urbanos como Guadalajara, Monterrey o León.