Clave, probar la relación de Anaya con Odebrecht
La acusación contra Ricardo Anaya Cortés “no es el caso de una persona que recibió dinero o que votó en un sentido” la reforma energética de 2013, declaró ayer el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ante senadoras y senadores de Morena.
El sentido literal de estas palabras lleva a suponer que, contrario a lo que ha sido divulgado a través de los medios de comunicación, Anaya no solo fue denunciado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber recibido un soborno, es decir por el delito de cohecho, sino también por otras conductas más graves.
Afirmó el fiscal Gertz Manero que cuenta con pruebas sobre la comisión de los delitos de fraude, corrupción y traición a la patria.
Hasta el día de ayer ni Ricardo Anaya ni su abogado, Eduardo Aguilar, habían logrado conocer la carpeta de investigación integrada por la FGR. Por tanto, no es posible saber, a ciencia cierta, cuáles son realmente los delitos imputados al excandidato presidencial y tampoco las pruebas que obran en su contra.
Esta omisión obligó al juez a aplazar la audiencia que estaba prevista para el jueves de esta semana con el objeto de que Anaya pudiese contar con una defensa justa.
Mientras esta omisión se resuelve, las declaraciones de Gertz Manero ante la bancada senatorial del partido en el gobierno permiten conocer los trazos generales de la estrategia que el fiscal diseñó para vincular penalmente a Anaya.
Dada la importancia de este discurso vale la pena analizarlo con rigor.
Cuando el fiscal dice que “no es el caso de una persona que recibió dinero” cabe suponer que la FGR carece de pruebas robustas para probar el cohecho.
Ciertamente la sola declaración de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, sobre un supuesto pago a favor de Anaya a cambio de que votara a favor de la reforma energética de 2013 no sería suficiente para lograr la vinculación.
Lozoya ofreció esta confesión a cambio de que se le exonerara de haber recibido 1.5 millones de dólares de la empresa constructora brasileña Odebrecht. Las circunstancias que rodean tal delación convierten los dichos del delator en un mero indicio que necesita ser corroborado por otros medios.
Es decir que se trata de una información inconclusa, interrumpida, insuficiente, la cual lleva a suponer, pero no a afirmar el delito imputado. En lenguaje periodístico la declaración de Lozoya no pasa de ser una filtración, o en términos detectivescos se trataría meramente de una pista.
Para apuntalar sus dichos el exdirector de Pemex refirió que el mencionado soborno fue recibido por un colaborador de Anaya de nombre Osiris Hernández. Sin embargo, Hernández desmintió ya públicamente el señalamiento. Muy probablemente lo mismo hará cuando sea llamado como testigo.
También dijo Lozoya que el dinero fue entregado por su jefe de ayudantes, el militar Norberto Gallardo; queda pendiente confirmar si este sujeto va a testificar en el mismo sentido que su exjefe.
Trascendió también extraoficialmente que la FGR presentó como evidencia del cohecho el que la esposa de Ricardo Anaya haya adquirido, en fechas próximas a la comisión del presunto delito, una propiedad en la ciudad de Querétaro cuyo valor rondaría al monto referido por Lozoya: 6.8 millones de pesos.
En su defensa Anaya argumenta que la coincidencia en la cantidad es un hecho circunstancial que no corrobora las acusaciones. Añade que la mitad de esa vivienda fue adquirida gracias a un regalo de su suegra y que tiene cómo probarlo.
El ministerio público tendría que confirmar, sin asomo de duda, que el dinero recibido por Osiris Hernández terminó en las cuentas de la suegra de Anaya, cuestión que se antoja difícil.
De acuerdo con este tren de argumentos, ante la debilidad de las pruebas tiene razón Gertz Manero en restar valor a la denuncia por soborno contra Anaya. Sin embargo, muy a su estilo, en vez de retirarse de la mesa el fiscal dobló la apuesta y añadió otros delitos a la causa enderezada contra Anaya.
El excandidato presidencial tendrá que responder también por fraude, traición y varios de los delitos contenidos en el capítulo del Código Penal donde se agrupan los tipos penales relativos a la corrupción.
Gertz dice estar convencido de que Anaya es parte de una conspiración internacional que “dañó a toda América Latina y que dañó (también) a México”.
Se refiere obviamente a la muy documentada trama urdida por Odebrecht que llevó a tantos políticos de América Latina a pisar la cárcel y, en el extremo, al suicidio del expresidente de Perú Alan García.
Si Anaya puede ser efectivamente vinculado a la trama Odebrecht, el fiscal general obtendrá razón. Lozoya y los demás políticos mexicanos que recibieron dinero de esa empresa brasileña traicionaron a la patria e incurrieron en fraude, cohecho, coalición de servidores públicos, tráfico de influencias, peculado y enriquecimiento ilícito.
Todos esos delitos, derivados de la operación Odebrecht están tipificados por las leyes mexicanas y son conductas notoriamente antijurídicas.
Sin embargo, lo que no está claro todavía es si Ricardo Anaya formó parte de esta gran conspiración.
Es justo lo que Gertz Manero tendría que probar: la culpabilidad, según las leyes mexicanas, deriva de un juicio que emite el juzgador sobre cada individuo. No se puede culpar a una red o a un grupo de personas, sino al sujeto concreto.
En el caso que nos ocupa, para vincular a Anaya con Odebrecht sería necesario que la FGR ligara primero a Anaya con Lozoya, no solo a partir de las declaraciones del segundo sino mediante otras pruebas más robustas que permitieran trascender la pista, la filtración o el indicio.
Por más que su estrategia suene retóricamente poderosa, si Gertz no resuelve el tema de las pruebas en contra de Anaya, no habrá juez que sentencie culpable al excandidato presidencial de la oposición.
Esta trama jurídica tiene ingredientes para ponerle lupa y máxima concentración. Las partes son gente adulta y aguerrida, así que tendremos materia para la discusión pública durante un buen rato.
Ricardo Raphael
@ricardomraphael