Los cómplices de Villalobos
Cuernavaca vive un momento trágico no solo por la acumulación de problemas, la ciudad capital se encuentra en la indefensión frente a sus propias autoridades, es presa de un gobierno que ha abusado hasta el cansancio de las instituciones y un sujeto que nunca entendió la responsabilidad que conlleva gobernar. El ayuntamiento es presa de un grupo de depredadores a quienes no les importa la gente.
El futuro para la nueva administración municipal es sombrío porque desde ahora es posible anticipar que el siguiente alcalde no tendrá margen de maniobra y deberá atender los conflictos urgentes que le heredará el gobierno de Antonio Villalobos. Los retos para José Luis Urióstegui serán sociales, pero todos necesitarán de recursos para poder ser solventados.
La falta de agua potable es un asunto sumamente grave que ya afecta a miles de ciudadanos que, aunque pagan puntualmente por su servicio, no reciben el vital líquido en sus domicilios. La crisis en este punto es de dimensiones monumentales al grado de que el adeudo del sistema de agua potable de Cuernavaca con la comisión federal de electricidad supera los 270 millones de pesos y aumenta a un ritmo de 8 millones al mes.
El problema es que la deuda, además de “impagable” como lo han dicho distintas autoridades en el estado, incluye una pésima administración en el Sapac, porque el organismo opera de forma deficitaria a pesar de que desde hace años dejaron de hacer inversiones en infraestructura y modernización de equipos.
Para entender la situación supongamos que de alguna manera el gobierno municipal consigue los recursos necesarios para liquidar el total del adeudo del organismo operador de agua; aún en ese supuesto el problema no se resuelve porque la situación deficitaria de la institución generaría un nuevo adeudo de 40 millones de pesos al finalizar el presente año. En otras palabras: a la par de resolver los pasivos del Sapac, urge llevar a cabo una reingeniería financiera en la institución para que los pasivos no se vuelvan a acumular.
Lamentablemente este no es el único problema que enfrenta Cuernavaca; junto a él aparece ya una crisis en ciernes por los adeudos que el gobierno de Antonio Villalobos tiene con la empresa que presta el servicio de recolección de basura. Desde hace varios meses el municipio ha dejado de cumplir sus compromisos financieros con diversos proveedores, entre ellos la empresa de limpia, lo cual en este caso ha derivado en la interrupción del servicio y el incremento de la deuda municipal.
Hacia adelante la historia no mejorará porque el alcalde se ha desentendido de los problemas y su equipo de operadores, José Quiñonez, Laura Mendizabal, Héctor Ordóñez y Erick Santiago, en lugar de atender las crisis municipales se han dedicado a tratar de obtener el mayor número de beneficios personales antes de que concluya la administración. Los negocios en esta administración ha pasado invariablemente por los escritorios de estos cuatro personajes.
Desde hace varias semanas el problema por falta de agua y la interrupción de los servicios de limpia en la ciudad ha provocado conflictos sociales, pero ninguno ha ameritado una acción de parte del gobierno municipal. Desde antes de la elección Antonio Villalobos se desentendió de la administración y cuando inició la pandemia aprovechó la cuarentena para ausentarse de sus responsabilidades; desde entonces sus operadores tienen el manejo total del ayuntamiento.
Cualquiera en el gobierno de la ciudad puede dar cuenta del rol que juegan los personajes antes mencionados: no hay pago que se libere si el tesorero Quiñonez no lo autoriza y dicen, en muchos casos la liberación de recursos pasa por un “regreso” que deben aportar algunos proveedores para recibir la remuneración de sus servicios. Los negocios en el municipio están a cargo de Laura Mendizabal, la dama es la encargada de poner y quitar empresas, de palomear contratos, de negociar los acuerdos del alcalde y de poner tarifas a cientos de transacciones; el crecimiento del patrimonio de la dama es radical desde que entró al ayuntamiento.
Luego están el secretario particular y el secretario del ayuntamiento, ambos son muy (muy) cercanos al presidente municipal, son su filtro con la realidad y los encargados de aplaudir cada una de sus ocurrencias. Ordoñez come del plato de Villalobos (literalmente) y Erick Santiago ejerce las funciones de presidente municipal desde hace más de un año, porque así lo quiere el edil.
Agua y basura son dos problemas graves en la agenda municipal, pero no son los únicos temas álgidos en la agenda de Cuernavaca; el intento de privatizar el servicio de alumbrado público fue operado por este cuarteto desde hace meses y se puso nuevamente en la mesa en días recientes. Desde la identificación del negocio, la elaboración del proyecto de contrato y el cabildeo con los regidores y los diputados, la historia de la privatización pasa por estos personajes.
Antonio Villalobos no tiene el coeficiente intelectual para identificar y entender un negocio de este tipoí; fueron sus amigos junto con su familia los que le pusieron la zanahoria enfrente, quienes lo convencieron de impulsar la privatización mostrándole las ganancias y le hicieron dar la cara para tratar de concretar un negocio millonario que podría resolverles económicamente sus vidas.
Pero en ninguno de los cuatro personajes existió el talento profesional y político necesario para sacar adelante una concesión así, lo cual derivó en lo que ya hemos visto: la iniciativa de privatizar el alumbrado público de la capital de Morelos se volvió una historia más de corrupción en el currículum del alcalde que lo mostró de cuerpo completo como un sujeto ambicioso, insensible y sumamente torpe. Pero a la vez marca a quienes desde su gobierno han utilizado el poder para enriquecerse, para sacar provecho personal de la ciudad y para sangrar más a un ayuntamiento que agoniza.
La administración actual de la ciudad capital pasará a la historia por la torpeza del presidente municipal y la codicia de sus integrantes; en manos de Antonio Villalobos Cuernavaca ha retrocedido varios años en cuanto a desarrollo, infraestructura y servicios, lo cual se refleja en una baja sustancial en la calidad de vida de sus habitantes.
Lo peor que puede suceder en el futuro es que esta terrible etapa de gobierno quede solo como una anécdota, es decir, que las tropelías de los Villalobos y de sus aliados queden sin castigo y se repita la impunidad.
Antonio Villalobos y su familia han lastimado como nunca a la ciudad de la eterna primavera; el daño causado a la institución aún es incuantificable y tomará décadas revertirlo, porque se trata de quebrantos financieros, deterioros institucionales y pérdidas de vidas humanas.
Tengamos algo claro en esta historia: Antonio Villalobos no actuó solo.
posdata
Una vez que asuma el control del ayuntamiento José Luis Urióstegui tendrá que tomar una decisión que marcará su gobierno: proceder en contra de su antecesor o enfocarse a administrar el caos que heredará. Obvio: esa reflexión empieza desde ahora, pero se materializará una vez que asuma la responsabilidad de administrar la capital.
Puede ser que en la cabeza del abogado prevalezca la idea de avanzar sin mirar atrás, es decir, dedicarse a solucionar los problemas de Cuernavaca en lugar de caer en lo que algunos llaman “cacería de brujas”; es posible que eso ocurra porque dicha práctica es común y es lo que más ha ocurrido en los últimos años.
A eso apuesta Antonio Villalobos, por eso junto con su equipo se han dedicado a agudizar los problemas de la ciudad: entre más conflictos tenga el gobierno entrante, menos tiempo tendrá el alcalde para dedicarse a revisar las tropelías del pasado.
Desde el primer minuto del día uno de enero el abogado Urióstegui será responsable de atender los problemas del ayuntamiento y ello generará una enorme presión al régimen entrante porque gran parte de los conflictos que vive la ciudad necesitan de dinero para ser atendidos.
Hagamos cuentas: a menos que algo cambie, al inicio del 2022 el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca adeudará a la Comisión Federal de electricidad más de 310 millones de pesos. Una deuda millonaria quedará también con distintos proveedores, empezando por la empresa encargada de la recolección de basura, a quien el municipio debe ya varios meses; el pasivo probablemente se incrementará porque el alcalde Antonio Villalobos ha dejado de cumplir financieramente con dicho compromiso.
El gobierno de José Luis Urióstegui tendrá también una enorme carga económica por concepto de laudos; desde hace años hay litigios inconclusos, mismos que se abultaron significativamente luego de que hace unos meses el edil decidió correr a más de medio millar de trabajadores sin cumplir con la liquidación de ley correspondiente.
Añádase a esto los pendientes que quedarán con distintos proveedores y lo que derive de las liquidaciones que los integrantes del cuerpo edilicio y los funcionarios de primer nivel recibirán antes de que concluya el año. Por sí sola la deuda del Sapac con la CFE ya es “impagable”, pero combinada con los demás compromisos financieros que heredará la próxima administración el panorama es catastrófico.
Todo lo anterior representa una tormenta perfecta para José Luis Urióstegui, se trata del mejor escenario planteado por el gobierno saliente porque si el caos prevalece, la urgencia obligará a las nuevas autoridades a enfocar sus baterías en resolver problemas en lugar de revisar hacia atrás.
Si eso sucede el ambiente social para el gobierno del abogado se va a descomponer, porque no solo no podrá resolver los conflictos de la ciudad, la omisión en la actuación contra Villalobos lo puede marcar y generar una percepción de complicidad.
El panorama actual del gobierno de la ciudad es terrible, pero al alcalde ya no le importa y por el contrario, está empeñado en provocar una crisis mayor como una manera de blindaje personal; para José Luis Urióstegui el reto no será sencillo, porque la crisis será en el arranque de su gobierno y no tiene aliados ni en el gobierno estatal ni en el federal que le ayuden a atender situaciones que necesitan mucho dinero para solucionarse.
Villalobos y su cuarteto operan para generar caos que les brinde impunidad; Urióstegui puede atender el panorama desde los dos ángulos sí, como lo han hecho otros gobernantes, trabaja con varios equipos: uno dedicado al proyecto de gobierno del primero de enero hacia adelante y otro revisando el funcionamiento de la administración del 31 de diciembre para atrás.
Todo se puede. El futuro alcalde decidirá cómo actuar.
nota
Este día reinician las clases presenciales; el retorno a las aulas ocurre en el peor momento, cuando la curva epidemiológica va a la alza y Morelos se perfila al color rojo en el semáforo covid.
La iglesia católica y diversas organizaciones ciudadanas se han pronunciado en contra del retorno físico a las escuelas, consideran que no hay las condiciones para garantizar la salud de estudiantes y maestros y llaman a todos a quedarse en casa.
La respuesta de las autoridades educativas locales es similar a la del presidente López Obrador: no hay marcha atrás; de las 1 mil 800 escuelas públicas de Morelos, 1 mil 200 cumplen con las medidas sanitarias para evitar contagios, dice el maestro Eliacín Salgado de la Paz.
Hace unos meses el subsecretario López Gatell insistía que el regreso a clases presenciales sería solo hasta que estuviéramos en semáforo verde para no exponer a los estudiantes. Hoy estamos en naranja tirando al rojo, pero ya no hay problema porque el gobierno federal determinó que sin importar el color del semáforo, el regreso a clases es una actividad esencial.
Son los “otros datos” que cada mañana nos presume el presidente.
post it
Cuernavaca será una ciudad “oscura e insegura”, dijo Antonio Villalobos a manera de amenaza en la víspera de que los diputados decidieran si votar o no su proyecto de concesión del servicio de alumbrado público.
Estos son los datos que ofreció el propio presidente municipal a propósito de la privatización:
La empresa concesionaria recibiría un pago mensual de 8 millones de pesos, lo que representa 116 millones de pesos anuales y 1 mil 498 millones de pesos en un lapso de 15 años que durará el contrato. El contrato comprometería los recursos de las siguientes cinco administraciones municipales.
“Hay mucha delincuencia porque no hay luz en algunos sitios y la privatización del alumbrado público en Cuernavaca vendría a disminuir muchos males; habría una baja del 31 por ciento en delitos de bajo impacto, atención y combate a la violencia de género, protección a los infantes y ampliación de actividades sociales y productivas" afirma Villalobos como si las lámparas actuaran por arte de magia.
La ignorancia es el refugio de paz de este presidente municipal.
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El TEPJF le quitó la candidatura plurinominal a Daniel Martínez Terrazas por ocupar un espacio indígena; aplausos a los magistrados.
El karma toca a la puerta de esa familia.
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